Opinión

  • | 2015/08/31 05:00

    Noticias fiscales de la Corte Constitucional

    Las recientes semanas han sido reveladas dos decisiones de la Corte Constitucional que resultan interesantes por su efecto sobre la capacidad del legislador en materia tributaria.

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Súper IMAN

El primer fallo, cuyo texto finalmente ha sido conocido en integridad, exige que la determinación del impuesto sobre la renta de quienes califiquen como empleados, bajo la definición fiscal, y a quienes se aplican los sistemas del IMAN e IMAS, se afecte por la exención general vigente sobre el 25% de las rentas laborales.

Recodarán que el IMAN es el impuesto mínimo de renta para empleados que se calcula sobre la base plana del ingreso descontando solo ciertos conceptos legalmente establecidos, con tarifas que llevaron a todo el mundo a tributar mucho más que antes de la reforma.

La Corte Constitucional no declara inconstitucionales los sistemas de IMAN e IMAS, sino que condiciona su constitucionalidad a que dicha exención les sea aplicable, señalando que el cálculo de la exención debe hacerse después de descontar los demás factores que permite la ley detraer de la base de tales sistemas.

El fundamento de la sentencia es la prohibición al legislador de producir leyes que impliquen regresividad o retroceso en derechos económicos, sociales y culturales  sin una justificación suficiente y sin estar precedida de un mínimo de deliberación democrática y puntual en el Congreso. Para el caso concreto, la Corte reitera que la exención del 25% sobre las rentas de trabajo es una salvaguarda del derecho a un mínimo vital y con la reforma tributaria del 2012 se recortó su alcance en la medida que bajo el IMAN y el IMAS no se permite su aplicación. Así las cosas, implicando un retroceso o recorte en el derecho económico al mínimo vital, no podría decretarse sin que se hubiera dado un debate mínimo sobre el particular, debate que considera no se produjo.

El fallo, que solo tiene efectos a partir del año 2016, le da gusto a todo el mundo, pues aunque creó a los empleados la expectativa de pagar menos impuestos en 2016, el Gobierno puede presentar nuevamente al Congreso un proyecto de ley con la simple y exclusiva finalidad de aclarar que la exención del 25% sobre pagos laborales no aplica para IMAN e IMAS, asegurándose que sea debidamente debatida y justificada.

Lo cierto es que con el apretón fiscal que se viene, no le viene nada mal al Gobierno darse la pela de una mini reforma en este sentido. Igual hoy los empleados ya están pagando.

Normalización Tributaria

Esta semana se conoce la nota de prensa de la Corte Constitucional según la cual se declaró constitucional el impuesto de normalización tributaria, aquel que se le impuso a los contribuyentes que habían omitido activos o creado pasivos inexistentes, y que por un valor del 10% sobre aquellos activos o pasivos que fueran declarados con el Impuesto a la Riqueza, los exime de sanción alguna, aun cambiaria, y de que se les calcule sobre los mismos impuesto de renta adicional.

El fallo resulta interesante en la medida que había muchas voces que clamaban por su inconstitucionalidad dado que parecía reflejar una amnistía tributaria sobre tales bienes, las cuales habían sido ya consideradas inconstitucionales, siendo diferente el parecer de la Corte en este caso.

La Corte considera que a diferencia de una amnistía, en la cual existe la libertad del omiso de acogerse o no, el impuesto de Normalización es obligatorio y se enmarca dentro de la amplia potestad que tiene el legislador de crear tributos, siendo además ajustado por su finalidad de luchar contra la evasión y defender la base gravable de los Impuestos sobre la Renta y a la Riqueza.

El tema, no obstante, es discutible y la conclusión de la Corte resulta más de un juego de palabras que de un argumento lógico. Las amnistías se reprochaban no porque fuera voluntario acogerse a ellas sino porque implicaban una diferencia totalmente injustificada en el trato frente a los contribuyentes cumplidos, y este efecto se mantiene en el impuesto de Normalización.

De otro lado, si bien el impuesto es efectivamente un mandato legal, no representa ninguna obligación pues no es exigible si no media la voluntad del contribuyente de acogerse al mismo declarando los bienes en el impuesto a la riqueza.

Finalmente los omisos se encuentran en la misma situación que anteriormente frente a las amnistías: si resuelven no declarar sus bienes y someterse a los efectos de que los cojan, o pagar el 10%. Igual les sale más barato que lo que pagaron los contribuyentes cumplidos y allí es de donde se deriva la inequidad que debió encontrar la Corte. 
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