Reforma tributaria estructural

Siendo de esperarse planteamientos concretos para una reforma tributaria estructural en el último reporte que la Comisión debe presentar en diciembre, conviene hacer algunas precisiones para aterrizar las expectativas vigentes sobre el tema.

• El Gobierno Nacional es quien tiene la iniciativa para presentar proyectos de ley en materia tributaria, así que ninguna reforma estructural va a dejar de servir para cuadrar las cuentas del gobierno de turno. 

Dada la actual coyuntura petrolera y el descuadre que existe por lo disparado del gasto público, sabemos que éste las tiene bastante enredadas y no es de esperarse responsablemente que una reforma aligere las cargas actuales de los contribuyentes o cree nuevos incentivos sobre actividades actualmente en desarrollo.

• Cuando el esfuerzo de generar ingresos no depende de uno, cuadrar un presupuesto por el lado del ingreso es más fácil que reducir el gasto. Eso es exactamente el presupuesto público colombiano. Máxime cuando el gasto involucra un componente político importante, bien sea Familias en Acción o la entrega de casas gratis, y ahora el costo del postconflicto, que impiden reducirlo. 

Así las cosas, mientras el gasto crezca, y no existan fuentes diversas de financiamiento, cualquier reforma tributaria debería dirigirse a generar mayores impuestos y no a reducirlos.  

• Siempre será más fácil recaudar de los contribuyentes formales, que atacar a los que no están en el radar de las autoridades fiscales. 

No debe olvidarse que el 60% del recaudo nacional proviene de menos de cuatro mil contribuyentes, por lo que cualquier movimiento en su carga fiscal suele ser más eficiente administrativamente que explorar en otros frentes. Así las cosas, los grandes contribuyentes, las empresas que llevan debidamente su contabilidad y presentan sus declaraciones tributarias y los asalariados formales, no dejarán de ser blanco preferido de los embates fiscales.  

• El tema es que hoy no hay cómo sacar más de los mismos. Por ello se ha sugerido incrementar el IVA e incrementar la carga fiscal de las personas naturales, gravando los dividendos, por ejemplo. 

El incremento del IVA funciona en la medida que genera mayores recaudos, pero puede afectar ostensiblemente el consumo y con ello contraer la economía. Además, constitucionalmente no debería ser aceptable un sistema tributario que tenga una fuerte incidencia del IVA, pues resulta ser regresivo pues toca por igual a pobres o ricos, aunque la Corte Constitucional ha sido generosa en aceptar  incrementos de su base y tarifa mientras se hagan exclusiones de bienes o servicios que aligeren la carga de los menos favorecidos.  

No se entiende cómo gravar los dividendos de las personas naturales resultaría en una mejora en la competitividad empresarial, pero generaría recursos y eso es lo que se necesita.

• Ahora bien, una reforma estructural debería: 

1. Ser exitosa en formalizar la economía informal, agraria, pecuaria, o de ciertos esquemas de comercio popular, que son motores económicos y generadores de riqueza de grandes números al margen del sistema tributario. 

Ahí existe un gran reto que podría superarse creando sistemas muy sencillos de registro como contribuyentes y cargas fiscales fijas fácilmente verificables. 

2. Evitar castigar el éxito económico, como ocurre actualmente con la carga exagerada sobre el patrimonio y las utilidades, que solo estimulan la evasión, espantan el talento y la iniciativa privada hacia otras jurisdicciones.

3. Repartir adecuadamente las cargas fiscales, reduciéndolas donde son hoy exageradas y exigiéndolas donde hay capacidad económica y no se pagan.

4. Simplificar el cálculo y pago de los impuestos y crear un sistema amigable que invite al contribuyente a pagar voluntariamente sus impuestos.

5. Permitir que la administración tributaria se modernice y contrate talento que entienda las actividades de los contribuyentes no solo para prestarles un mejor servicio, sino para identificar los espacios de evasión.

Con independencia de una reforma tributaria estructural, la primera pregunta que debería hacerse el Gobierno es cómo recortar el gasto radicalmente mediante el rediseño de la estructura del Estado y los compromisos sociales que hoy atiende sin tener los recursos. 

Son decisiones que deberían adoptarse responsablemente pero que no se adoptarán por su costo político, como una reforma constitucional para desmontar el sistema de salud de cobertura prácticamente universal e ilimitada, o integrar en un solo órgano de investigación y acusación los diferentes regímenes de control fiscal y disciplinario hoy en entidades de gran presupuesto y burocracia.

Para mal de los contribuyentes, el tema tributario es finalmente un asunto político y no de buenas políticas.