Uber y Netflix: regular lo no regulable

Estos días ha sido noticia la posible reglamentación al servicio de UBER, tan de moda en los medios locales pero por razones desafortunadas: la persecución violenta de los taxistas amarillos a los usuarios de UBER y el acoso permanente de ciertos agentes de la fuerza pública a sus conductores, para algunos ambas conductas movidas por los mismos intereses.

Igualmente ha sido noticia, no tan difundida lamentablemente, la existencia de un proyecto de ley que pretende regular ciertos aspectos del servicio de televisión y sobre el cual su autora, la senadora María del Rosario Guerra, indica: “Vamos a trabajar en incorporar unos artículos en el tema de contenidos para dejar en igualdad de condiciones a los jugadores locales con los del extranjero”.

No puede ser más curioso que en ambos casos se busque la aplicación o creación de normas que finalmente amparan intereses legítimos de grupos reducidos, muy reducidos, frente a amenazas que surgen de realidades económicas cuya fuerza no puede desconocerse.

UBER resulta ser una plataforma tecnológica que hace parte de la llamada “Sharing Economy” (traducida por Wikipedia como “Consumo Colaborativo”), que precisamente busca aprovechar activos o capital humano ociosos para que sean empleados masivamente por terceros anónimos, que se ponen en contacto con los propietarios de tales bienes o individuos, a través de aplicaciones de acceso general.

En el caso de UBER, tal como funciona en el resto del mundo, no en Colombia, se busca que un vehículo particular que no es empleado permanentemente por su propietario, pueda ser utilizado por terceros anónimos pero registrados, para ser transportados, satisfaciendo el interés del propietario de sacar partido del tiempo ocioso en que su vehículo no se utiliza, y al pasajero recibir un servicio seguro con tarifas más favorables que las de otros servicios sustitutos.

En Colombia UBER es diferente porque si bien existe el servicio a través de vehículos particulares para ciertos usos (como vanes), se decidió emplear de preferencia los taxis blancos que tienen habilitación para prestar servicio de transporte. En este caso no existe un activo ocioso para el propietario, en la medida que éste invierte en el vehículo para precisamente prestar el servicio de transporte, pero sí satisface la necesidad del pasajero de un mejor servicio.

UBER desata entre los conductores de taxis amarillos toda clase de reacciones propias de lucha de clases, ya que sus usuarios tienen capacidad económica y no son exactamente el mercado de los taxis amarillos, sino a la fuerza: a pesar del costo, están dispuestos a pagar por un servicio que no reciben de los amarillos en trato, seguridad y transparencia.

A nadie lo pueden obligar a recibir un pésimo servicio, pero la presión irracional y clasista de los taxistas parece querer que así sea. Estúpido, pues si el servicio de taxis fuera equivalente al de UBER nadie pagaría más por recibir lo mismo.

Otro ejemplo de la fuerza incontratable de la realidad es Netflix, un sistema cerrado de televisión por internet al que accede quien quiera registrarse para recibir contenido para su acceso a voluntad y sin comerciales. Restringir su acceso es limitar el libre acceso al internet y propio de Cuba o Siria, pero no de países democráticos.

Curiosamente este servicio ha resultado tan exitoso en Colombia, vaya uno a saber por qué, que con mas de 600.000 abonados parece representar ya una amenaza a la televisión abierta, por cable o satelital, al punto que la senadora Guerra busca igualdad de condiciones entre los jugadores locales con los extranjeros.

Si Netflix es obligado a obtener una licencia para ser visto en Colombia producto de dicha igualdad, ¿a qué costo será para que sea interesante mantener un número tan reducido de abonados en Colombia? ¿Aún sin licencia, qué gana la sociedad con dicha igualdad y con restringir el libre acceso al internet? ¿Es que acaso los actuales licenciatarios deben ser protegidos del avance tecnológico para recuperar sus inversiones?

Será que alguien imagina impedirnos acceder a House of Cards o Narcos, o simplemente se olvida que se pierde el tiempo cuando se pretende regular lo que no es regulable.