Colombianos merecemos explicaciones reales frente a la crisis en el sector energético

El Gobierno Nacional debe explicar a los colombianos a dónde fueron a parar los, cerca de, US$7.800 millones que los usuarios del servicio de energía eléctrica pagaron en sus facturas por concepto del cargo de confiabilidad. Según las autoridades del sector energético, el esquema estaba diseñado para que los recursos de generación eléctrica estuvieran disponibles para abastecer la demanda en situaciones de escasez a un precio eficiente. Hoy sin embargo, hemos comprobado que existen fallas regulatorias y una muy grave falta de planeación en el sector. 

Ante la primera amenaza seria de racionamiento, la generación energética no está garantizada y nadie responde por el seguro que todos venimos pagando desde hace 9 años. 

A la opinión pública se le habla de un fenómeno de El Niño sin precedentes que nadie esperaba y se le hace creer que el reajuste tarifario es una medida necesaria para evitar un posible racionamiento. Lo cierto es que el estrés que vienen generando las perturbaciones climáticas es apenas uno de varios factores detrás de la actual problemática y que este aumento de tarifas saca de apuros a unos pocos sin solucionar realmente el problema.

En Colombia se vienen haciendo grandes inversiones para aumentar nuestra capacidad de generación hidroeléctrica, pero esto no lo ven reflejado los consumidores finales, que desde hace años subsidian al sector menos eficiente de la industria de generación, esto es, a las termoeléctricas. Tenemos la cuarta energía más costosa de América Latina y el Gobierno no puede salirle al paso a la crisis subiendo las tarifas. Es política y socialmente inaceptable.

El aumento decretado más los incrementos que vienen padeciendo los consumidores industriales y residenciales, por cuenta de componentes tarifarios como las restricciones, que impactan directamente el costo final de la electricidad, acabarán aumentando las facturas de los industriales en alrededor de un 20% y de los usuarios residenciales en un 14%. Esto le resta enormemente a la competitividad de la industria nacional y aumenta significativamente el costo de vida de los colombianos.

El problema que enfrentamos ha adquirido un carácter estructural y lo grave del asunto es que el Gobierno no ofrece alternativas. No se han planteado soluciones de largo plazo que sustituyan nuestra dependencia del gas natural y los combustibles líquidos, para respaldar la oferta energética en momentos de baja generación hídrica. El asunto será mucho más grave si no sustituimos a los combustibles por carbón para que se mejoren sustancialmente los costos de generación de nuestras termoeléctricas y si no creamos incentivos regulatorios que estimulen la generación de energías no convencionales más limpias. 

Entes como la Contraloría General de la República vienen advirtiendo hace varios meses que Colombia se encuentra ante la perspectiva de pérdida de autosuficiencia en gas natural entre el 2017 y el 2019. Este escenario tendrá profundas consecuencias sobre el sector termoeléctrico que en condiciones normales representa casi el 30% del consumo interno de gas natural pero que en condiciones hidrológicas adversas fácilmente puede doblar su requerimiento. 

El alza en las tarifas busca reestablecer los niveles de pérdida que las termoeléctricas esperaban tener en un momento como el actual pero no soluciona el problema de fondo que es que la generación termoeléctrica con combustibles líquidos es impagable y que el gas en unos años será también demasiado costoso. 

En Colombia opera desde 1994 un modelo de libre competencia bajo estricta regulación estatal en el sector energético. El Ministerio de Minas y Energía se encarga de la política energética; la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) establece los requerimientos energéticos del país, elabora el Plan Energético Nacional y el Plan de Expansión del Sector Eléctrico; la CREG se encarga de la regulación del sector; y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vigila y controla la prestación del servicio.

Es inaudito entonces que en un mercado sometido a todos estos controles, regulación y vigilancia por parte del Estado nadie asuma responsabilidades por las fallas  regulatorias y falta de planeación. El mismo Estado creó el esquema de subasta para la asignación de energía firme donde se asignan los contratos preferenciales a las generadoras que supuestamente debían garantizar el suministro eléctrico en momentos críticos. A estas compañías no sólo se les paga el cargo por confiablidad que les transfiere un monto fijo durante la vigencia del contrato, sino que cuando se requiere la energía esta se les paga a un precio especial fijado por la CREG.

La actual crisis energética es un campanazo de alerta que hace manifiesta la necesidad de repensar la estructura institucional, el rumbo que ha tomado nuestra política energética y la vigilancia actual del sector.

Necesitamos  hacer una revisión exhaustiva de las directrices del Ministerio de Minas en materia energética, de la funcionalidad de la Unidad de Planeación Minero-Energética, del papel de la Comisión de Regulación e incluso de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El aumento tarifario decretado es inconveniente e improvisado.

En un debate de control político al que hemos citado, el Gobierno Nacional tendrá que explicar en qué se gastaron los billones que los colombianos hemos pagado por el cargo de confiabilidad y la institucionalidad tendrá que asumir responsabilidades.