Opinión

  • | 2016/02/08 00:01

    RefiCaro

    Corrupción o mala gestión da igual, todos perdemos con la incapacidad del Estado para contratar.

COMPARTIR

Al final serán los peritos contratados por Ecopetrol y la entidad ejecutora de las obras de Reficar, así como los árbitros y los jueces, quienes definan si existieron y se justificaron los increíbles sobrecostos que hoy dejan sin aliento al país, en otra historia que reitera la incapacidad de nuestros funcionarios para contratar y defender los intereses de los contribuyentes.

Sin embargo, sin el riguroso análisis de las inversiones efectuadas y cómo corresponden a lo contratado, cualquier cosa es conjetura y un motivo para hacer política, desviando con ello el análisis de fondo de qué fue lo que pasó y qué lecciones quedan para no repetir.

Para enriquecer el debate y aterrizar las cosas, es interesante entender el papel que le corresponde al Estado como propietario de las obras y al contratista como ejecutor.

De manera sencilla, como propietario al Estado le corresponde determinar qué necesita, qué satisface lo que necesita, cómo alcanzarlo y cómo asegurar que se alcance. La responsabilidad del contratista se concreta, pues, en ejecutar lo que se le encarga, de manera precisa y exacta, asumiendo que el Estado allane todas las condiciones necesarias para dicha ejecución.

Siendo claro que todo proyecto puede ser objeto de riesgos de diversa índole que pueden afectar su ejecución y costo, cualquier obra debe partir en su concepción inicial, antes de empezar, por identificarlos claramente y establecer los mecanismos para mitigarlos y cuantificarlos. Sin ello es imposible determinar el costo de ningún proyecto.

El Estado es entonces responsable de una planificación a tal grado de detalle que permita proyectar toda la ejecución de la obra en el papel, tener perfectamente identificados todos los pasos y posibles escenarios que puedan presentarse en su desarrollo, conocer los requerimientos financieros, técnicos, operativos, jurídicos, etc., que deben satisfacerse desde cero, y toparse con cualquier obstáculo cuando es posible superarlo sin sobrecostos.

Sólo así se puede estimar el costo de un proyecto y los factores que lo pueden afectar.

Nuestro medio, sin embargo, no se caracteriza por la planeación sino por la euforia. De allí que los más grandes descalabros de nuestras obras hayan iniciado con una indebida o inexistente planeación, producto del afán de contratar para que las obras se terminen en el mismo período del político de turno. Así es imposible que no haya sobrecostos, pues se dejan las obras al azar, exigiendo otras adicionales para concluir los proyectos.

Ejemplo de esta irresponsabilidad han sido redes de servicios públicos no identificadas en los planos, que la entidad contratante no cuente con las debidas licencias o la propiedad de los predios para su ejecución, que se contrate al equivocado por no tener identificados primero qué requisitos exigir para su selección, o que se experimente con los materiales durante la ejecución de las obras, todo lo cual se traduce en suspensiones, sobrecostos y obras inestables que deben repararse por siempre.

Si no hay improvisación, menor será el grado de desviación posible para el contratista y más fácil verificar su cumplimiento, pues, al final, éste responde sólo  por lo que se le pide, y no porque el que manda mande mal.

Debo aclarar, sin embargo, que la planeación no borra los imprevistos, pueden sin duda existir imputables a hechos desconocidos, imposibles de prever y mitigar previamente, no aquellos fruto de la negligencia en no haberlos previsto siendo previsibles.

Lo anterior no es simple teoría sino la realidad en países desarrollados en donde, salvo obras en estados de emergencia, el período de planeación es sustancialmente superior al empleado entre la concepción de la obra y su conclusión, demostrando porqué la visión de largo plazo es el único elemento que asegura el progreso sostenido de la infraestructura una nación.

Pero no todo el culpa del Estado en esta debacle. Los contratistas no son ángeles y su negocio es hacer plata no obras, por lo que cualquier cosa que les signifique ganancias a costa de los errores del Estado será sin duda aprovechada. Es por ello que licitan aun a pesar de las claras falencias de algunos pliegos y la certeza de errores en los trazados o diseños, o la ausencia de licencias o autorizaciones, buscando su utilidad en los sobrecostos y los litigios.

En resumen, la falta de planeación es la causa de nuestros males, pero su ausencia es causada también por otros de nuestros males: la corrupción y politiquería.

El Estado somos todos, ¿por qué es tan difícil de entender?

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?