Opinión

  • | 2016/01/20 00:00

    Privatizaciones: reenfoque positivo en la actividad estatal

    La entrada de un nuevo inversionista extranjero a participar en el mercado de generación eléctrica no es un demonio ni el apocalipsis para la economía ni para las finanzas públicas.

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Este año comenzó con importantes noticias acerca de la privatización de compañías de carácter público o mixto listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. La enajenación de Isagén ha demostrado ser un tema políticamente taquillero mientras que la venta de la ETB está en la mira de la actual administración distrital de Bogotá. 

La novela sobre la venta del 57,6% de participación accionaria de la Nación en Isagén comenzó en 2007, cuando la Comisión del Gasto Público recomendó la venta de un 25% de Isagén por un monto cercano a $750.000 millones para reducir la deuda pública. En agosto de 2014, el gobierno Santos decidió aplazar el proceso de venta por un año ante la incertidumbre de algunos inversionistas precalificados por dudas antes de la entrada en operación de Hidrosogamoso, así como por el condicionamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio a la participación de EEB, y Grupo Argos en el proceso, ante el riesgo de permitir estructuras con suficiente poder de mercado que podrían terminar afectando al consumidor.

Finalmente, el pasado 13 de enero el gobierno nacional vendió la participación de la Nación en Isagén por $6,5 billones a un inversionista extranjero sin que se presentara puja, dado que fue el único proponente el día de la subasta. Otros dos inversores extranjeros se habían retirado en días previos. Esto significa que el gobierno vendió las acciones de la compañía en un precio de $4.100 cuando, a finales del año pasado, al anunciarse la nueva valoración, la acción se cotizaba entre $2.700 y $2.800. 

Si bien la regulación colombiana en materia eléctrica vigente desde 1994 (posterior al apagón) permitió la entrada de empresas del sector privado, también dejó en manos del gobierno la planificación, regulación y control del sector, por lo cual muchas de las críticas recibidas por la reciente venta de Isagén no tienen mucho fundamento. Es decir, la entrada de un nuevo inversionista extranjero a participar en el mercado de generación eléctrica no es un demonio ni el apocalipsis para la economía ni para las finanzas públicas. 

Al respecto, los críticos de la privatización de Isagén deberían recordar que en 1994 fueron creadas las comisiones de regulación de servicios públicos, entre ellas la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), como instancias institucionales para regular los monopolios y/o promover la competencia y la prestación de servicios públicos de calidad, siempre bajo la premisa de una operación económicamente eficiente (sin subsidios). Sobre la actuación de estas comisiones deben recaer las evaluaciones, sugerencias y críticas de quienes se proclaman defensores del interés público al abogar por el riesgo de mayores tarifas de energía o el aplazamiento de inversiones estratégicas en la generación de energía en Colombia, con la entrada del nuevo socio mayoritario de Isagen. 

La otra fuente de críticas ha sido el potencial uso de los recursos producto de la venta de Isagén, pero eso es harina de otro costal; es decir, la privatización de Isagén es importante porque hay mecanismos de mercado, incluyendo las comisiones de regulación, que permiten que esta actividad económica pueda ser prestada en un ambiente de competencia. El uso de los recursos de las privatizaciones o de cualquier otra fuente de ingresos públicos es un asunto diferente, aunque lo interesante en este caso es que se está cambiando un activo productivo (generación de energía) por otro (generación de infraestructura vial), aunque financieramente no sea tan medible

Por esto mismo es importante aclarar que la privatización de Isagén por parte del gobierno nacional y, eventualmente, de la ETB por parte del gobierno distrital de Bogotá ocurren en un momento oportuno puesto que son dos compañías que han sido relativamente bien manejadas y se encuentran en una posición sólida para su venta, como lo estuvo Ecopetrol en su momento. A nadie le interesa comprar empresas sin valor económico o sin capacidad de generar ingresos futuros atractivos, de eso se tratan lo mercados. 

Ejemplos como el de ISA o Ecopetrol que han sido privatizadas parcialmente han sido relativamente exitosos al darle recursos frescos a las compañías para financiar su expansión pero también para los compradores que vía dividendos y valorizaciones a precios de mercado vieron rentar de manera importante sus inversiones. No obstante, hoy el precio de la acción de Ecopetrol se encuentra muy por debajo de los $1.400 con el que debutó en bolsa en el año 2007, mientras que la acción de ISA ha recibido el castigo de un revés en su proceso de internacionalización en Brasil hace algunos años. 

Es poco factible que administraciones públicas que duran entre 4 y 8 años y con escasa preparación para gestionar empresas, puedan tener éxito en conducir unidades productivas que pueden funcionar en ambientes de mercado, ya que muchas veces requieren decisiones de inversión o financiamiento a largo plazo. El riesgo siempre será que los gobiernos de turno utilicen los recursos extraordinarios de las épocas de bonanza producidos por estas compañías públicas como caja menor, creando dinámicas de gasto público insostenibles que solo son visibles en épocas de crisis. 

Los detractores políticos de las privatizaciones podrían dedicarse no solamente a buscar hechos taquilleros sino verdaderamente defender los intereses de sus electores ya sea por el mal uso de los recursos públicos (cualquiera sea su fuente) o por el abuso en sectores donde no se respeta la competencia. Bastante falta ha hecho, por ejemplo: la veeduría sobre los recursos de la salud para evitar casos como el de Saludcoop, la claridad sobre el uso del cargo de confiabilidad para la generación eléctrica, la vigilancia sobre el gasto de las regalías, entre muchos otros.

 

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