Opinión

  • | 2015/07/27 05:00

    Justicia y confianza inversionista

    Ya no son las balas asesinas o las bombas del narcotráfico buscando impedir la extradición, sino los nombramientos de familiares, acusaciones sin fundamento y apelaciones a la moral las que intimidan a la justicia.

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El señor Procurador remite una carta al Presidente del Consejo de Estado denunciando intereses ocultos sobre el proceso para la anulación de su reelección. El Consejo de Estado guarda silencio pero resulta moroso en tomar una decisión. El demandante remite otra carta declarando su independencia y denunciado la estrategia del Procurador de desprestigiar el proceso para incidir en el resultado.

Esta pelea, paralela en realidad al proceso ante el Consejo de Estado, resulta vergonzosa e inaceptable en el plano jurídico, aunque hay que aceptar que es perfecta para elaborar un guión al mejor estilo de Tom Clancy, enriquecido por supuestos criminales y políticos investigados interesados en eliminarlo políticamente, jueces llenos de compromisos o independientes pero solitarios, y un final inesperado en un proceso para derrocar al defensor de la moral cristiana y las buenas costumbres en Colombia.

Buena película en un futuro, pero hoy no más que una pésima comedia sobre la triste realidad de una justicia temerosa e inoportuna y funcionarios que parecen manipular la situación al gusto de sus propios intereses, olvidando que la mínima humildad y decencia exigen defender a través de memoriales los argumentos legales y no pasar a las acusaciones macartistas que despiertan dudas sobre sus jueces. Ya no son las balas asesinas o las bombas del narcotráfico buscando impedir la extradición, sino los nombramientos de familiares, acusaciones sin fundamento y apelaciones a la moral las que intimidan a la justicia.

Resulta de bulto y hasta ridículo decirlo, pero los ciudadanos tenemos derecho a creer en nuestras instituciones y que es obligación de los jueces aplicar la ley sin consideración a las personas materia de los hechos juzgados, pues eso es precisamente la igualdad ante la ley y la justicia. Si un Procurador General puede efectuar peticiones o remitir comunicaciones extra-proceso al juez sobre asuntos que lo afectan personalmente, qué esperanza tenemos los ciudadanos ordinarios de una justicia objetiva.

Las reformas hechas sobre equilibro de poderes recientemente lamentablemente no tienen efecto para cambiar a las personas: las altas cortes, la procuraduría o fiscalía, son entes conformados o dirigidos por individuos que replican en sus actividades sus principios y valores, y esos mínimos aprendidos sobre la honestidad, el rigor y la solidaridad que son ideales en un servidor público contrastan hoy con la arrogancia y la suficiencia, pero aun peor, por el irrespeto público. Ahora se falla en los medios con sentencias inapelables, que así jurídicamente sean anuladas o revocadas, quedan en la cabeza del público imperturbables.

Todo ello involucra una consecuencia económica: la falta de confianza desestimula la inversión. No es la creación de zonas francas con el regalo impositivo lo que genera nuevas inversiones. Tampoco la creación de marcos jurídicos especiales lo que trae nuevas empresas de ingeniería a competir por la construcción de las mega obras requeridas en Colombia o para financiarlas. Es el reconocimiento de la seriedad de un sistema jurídico, sus jueces y gobernantes lo que atrae inversiones a largo plazo, pues en sistemas carentes de credibilidad solo invierten los aventureros que buscan lucrarse a corto plazo y de cualquier manera.

La puesta en marcha de una nueva Colombia no inicia con reformas legales sino con la seriedad, decencia, honestidad y el respeto que es debido a sus servidores públicos. Es partir de esos elementales principios lo que transforma una sociedad. Así, el Consejo de Estado merece respeto pero claramente es el primero llamado a ganárselo tomando una decisión en derecho y, sobretodo, oportunamente. El señor Procurador con muestras de humildad y sometimiento a las decisiones de los jueces o denunciando con pruebas cualquier delito que pueda afectar el proceso.

Probablemente en lo que tiene razón el señor Procurador es que al país hay que ponerle principios, pero no los suyos o los de cualquier funcionario, sino los valores que fundamentan la vida en sociedad y que son vividos en los países de donde se originan las necesarias inversiones del exterior. Partamos por ahora por respetar a la justicia y exigir que funcione. Solo así tendremos las inversiones que queremos y no será necesario crear tanto estímulo artificial para atraerlas.
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