Opinión

  • | 2015/07/06 05:00

    Ese no es problema mío…

    Que se aplique o no al acomodo del intérprete sin importar si las finalidades de la ley se logran o se satisfacen los intereses que protege, solo demuestra cómo las reglas sociales pierden legitimidad y nos deshumanizamos en el proceso.

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Ovidio González, paciente de 79 años desahuciado por sus médicos tratantes, a quien un cáncer terminal lo mata y desfigura sin esperanza distinta a la de aceptar su destino, solicita ser objeto del procedimiento de eutanasia ejerciendo su derecho fundamental a morir dignamente.

El médico Juan Pablo Cardona, miembro del comité que debe acompañar la solicitud, se opone al procedimiento de eutanasia con el argumento de que no es un paciente que vaya a morir a corto plazo o que no pueda valerse por sus propios medios, precisando sí que “no quiero que me juzguen como un médico sin corazón, pero estas son algunas de las condiciones que estipula la reglamentación del Ministerio y no nos podemos saltar la norma, porque podríamos terminar en líos”.

La conducta del doctor Cardona parecería resultar no del ánimo de un buen ciudadano de cumplir con la ley sino que algunos podrían calificarla como la actitud de un burócrata buscando pretextos para no terminar en líos, siendo debatible en el campo jurídico en la medida que desconozca la finalidad de la regulación sobre la eutanasia y el fundamento expresado por la Corte Constitucional de que frente a una enfermedad terminal, “…será la voluntad del paciente la que determine qué tan indigno es el sufrimiento causado, aunado a los exámenes médicos. No pueden los médicos oponerse a la voluntad del paciente cuando quiera que objetiva y subjetivamente su voluntad se encuentra depurada.” (Sentencia T-970 de 2014).

Claramente el tema es discutible, según interese, pero dicha postura demuestra cómo las reglas de juego en una sociedad presuntamente organizada bajo el imperio del derecho, pueden ser objeto de interpretación al acomodo del obligado a aplicarlas, llevando a que simplemente los intereses que se buscan proteger se desconozcan y la humanidad del asunto, o mejor, el reconocimiento y la compasión por el ser humano detrás del “trámite” se pierdan en el proceso.  

Lo mismo que cuándo se le niega a una menor la práctica del aborto en circunstancias que han sido reconocidas por la misma Corte como justificativas y un Procurador General avala públicamente la negativa, llevando el mensaje claro de que es preferible usar clínicas de garaje que se escuden en la jurisprudencia, que acudir a instituciones de salud reconocidas.

O frente al caso de un alcalde que profiere por decreto un Plan de ordenamiento Territorial que se le ha negado por el órgano competente y a través de interpretaciones impone su criterio mediante nuevos decretos que regulan la renovación urbana sin haber primero consultado el interés de una ciudad sobre su desarrollo futuro. O cuando el país verifica que la compra de votos de los congresistas representa un delito para la Corte Suprema, pero llevamos años asumiendo que es válido que existan millonarias prebendas a regiones que son fortines clientelistas de congresistas eventualmente adeptos al gobierno de turno.

Sin importar si todo ello es o no legal, pues repito es discutible según interese, es un proceso de deslegitimación de la ley que lleva a que nadie crea en la conveniencia de obedecerla, restando seguridad jurídica y generando temor frente a la arbitrariedad del Estado y de los particulares con mediano poder, como el doctor Cardona, que legal o ilegalmente aplican las reglas de juego eventualmente sólo para satisfacer sus propios intereses.

Singapur hace cuarenta años no tendría la misma posición que hoy como uno de siete los países con menor corrupción conforme a los índices de Transparencia Internacional sino fuera por entre leyes duras, jueces inflexibles, una sólida carrera administrativa, el estímulo con salarios competitivos para posiciones de poder, y una creciente inversión en educación que llevó a que entre 1980 y 1993 el gasto público en dicho rubro pasara del 14 al 22% del presupuesto gubernamental. Sin duda, todo posible gracias a un líder  “bueno” que supo sortear la oposición para llevar a su sociedad a lo que es hoy en día.

La legitimidad de la ley deriva de la convicción de cada uno, pues así se imponga por la fuerza, si no se cree en ella habrá siempre un mecanismo para evadirla creando así gran corrupción. Y no existe peor tributo para un pueblo que la corrupción. Lamentablemente Colombia y sus infinitas interpretaciones de la ley indican que nuestro pueblo está muy lejos de iniciar el camino hacia Singapur, donde la ley es la ley, y punto.
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