Opinión

  • | 2016/01/11 00:00

    Injusticia tributaria

    Si bien la Constitución establece que el sistema tributario debe ser progresivo, el IVA, el impuesto que más pesa en el presupuesto familiar de los colombianos de menores ingresos, sería incrementado.

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El último informe de la Comisión de Expertos para la reforma tributaria estructural contempla el incremento del IVA a una tarifa del 19%, acabar con exclusiones y exenciones del impuesto que le quitan simplicidad y crear tarifas inferiores al 5% y 10% para ciertos bienes y servicios que satisfacen necesidades generales.

La tarifa general actual del 16% fue introducida por la Ley 633 de 2000 y ha sufrido un incremento de 6 puntos desde el año 1992 en que se ubicaba en el 10%. Cada incremento del IVA ha generado las mismas discusiones sobre si atiende o no el principio constitucional que exige que se tribute consultando la capacidad de pago de los ciudadanos y, eventualmente sin una medición estricta sobre el particular, se ha incrementado la tarifa y ampliado la base de productos gravados para, finalmente, ampliar el recaudo.

Dichas reformas se han justificado con la creación de tarifas diferenciales y exclusión de ciertos bienes considerados básicos, para atender la interpretación de la Corte Constitucional que indica que un impuesto puede por sí mismo ser regresivo, pero no por ello ser contrario a la Constitución si se modera de tal manera que se prevean mecanismos de compensación que impidan que afecte desproporcionadamente a los ciudadanos de menores recursos.

La equidad tributaria y proporcionalidad del sistema tributario tienen un sustento claro y sencillo: es injusto que paguen lo mismo quienes tienen diferente capacidad de pago. El IVA, por su estructura, grava a los ciudadanos de manera idéntica en la medida que se impone sobre bienes que pueden ser adquiridos por cualquiera; si bien la Corte con su interpretación abre la puerta para que se modere su impacto, no es sencillo impedir una gran desigualdad.

Por ejemplo, si se gravara el pan, el gravamen sería igual para quien devenga un salario mínimo y destina una parte importante de sus ingresos para pagarlo, que para quien lo compra en pastelerías gourmet y devenga ingresos superiores. Allí no hay manera de ser equitativo pues todo el mundo compra pan. Ahora bien, si se gravan servicios públicos con tarifas diferenciales, allí sí es más sencillo lograr alguna equidad en la medida que las tarifas de los servicios se encuentren estratificadas.

A este respecto la Comisión sugiere tarifas del 5% para ciertos alimentos como frutas, hortalizas, leche y queso fresco, maíz, arroz, huevos, pescado, camarones, carne, así como sobre medicinas libros y cuadernos, y del 10% sobre los computadores personales, dispositivos móviles, boletas de eventos, gas natural, biodiesel, etanol, transporte de carga; todos bienes y servicios frente a los cuales se presenta el problema anotado de que los pueden consumir quien tiene mayores ingresos, pero se le exige en la misma forma a quien no los tiene.

Si bien la Comisión encuentra que algunos de tales artículos son gravados de manera similar en otros países, es cuestionable que en uno con una limitada clase media y gigantescas diferencias entre ciudadanos no favorecidos, se pretenda incrementar un gravamen que los equipara.

El problema de qué debe ser objeto de gravamen y cómo, debería definirse mediante la estratificación del consumo, basado en estadísticas serias y adelantadas con el tiempo requerido para definir los hábitos de cada segmento de la población, para disminuir la carga de los ciudadanos de menores ingresos. Sin embargo, tradicionalmente este análisis ha sido superado por la demagogia y la capacidad de cabildeo del Gobierno o los productores afectados.

Es lamentable aunque parece ineludible, que el incremento del IVA resultará ser esencial para reducir el déficit de ingresos del Estado y que con ello los ciudadanos menos favorecidos puedan terminar tributando igual que sus compatriotas con capacidad económica. Los ciudadanos no vemos ya límite alguno para el incremento de la carga tributaria, ni cuándo se podrá contar con un sistema fiscal permanente saludable para la inversión, sencillo para atender, que no se modifique en cada período presidencial para atender sus necesidades de gasto público.

Al final, de la reforma tributaria que se espera presente el Gobierno no hay mayores expectativas que las que he anotado en esta columna: seguirán gravados los mismos, pagarán más, y los que están por fuera del sistema seguirán por fuera salvo que se les grave de manera muy sencilla y con bajas tarifas. Que el Congreso no olvide que no debe existir tributación sin representación.

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