Una mirada a la eficiencia del gasto público

Uno de los aspectos más preocupantes con la considerable caída de los precios del petróleo para Colombia es el deterioro permanente de las finanzas públicas y, con ello, el riesgo de seguir adoptando la receta equivocada pero, al mismo tiempo, la menos costosa políticamente: el aumento de impuestos.

Al respecto, una de las medidas estándar más aceptada sobre el fenómeno de la desigualdad del ingreso se denomina el coeficiente de Gini, el cual mide hasta qué punto la distribución del ingreso al interior de una economía es o no equitativa. Un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta (todos los individuos tienen el mismo ingreso), mientras que un índice de 1 representa una inequidad perfecta (un solo individuo posee todo el ingreso).

Es deseable tener un coeficiente de Gini bajo, por lo cual la redistribución que realizan los gobiernos a través de su política de gasto social es indispensable en reducir las brechas entre quienes más generan ingreso y quienes menos lo hacen. Vale recordar que el objetivo de alcanzar y mantener un superávit fiscal primario (ingresos menos gastos públicos sin incluir el gasto en intereses) refleja la búsqueda de un Estado más pequeño que permita que el sector privado funcione exitosamente bajo leyes de mercado, pero lo suficientemente robusto para mantener bajos niveles de pobreza y de desigualdad del ingreso.

El índice de Gini para Colombia en 2013 fue de 0,53 y, según Business Insider, estuvo entre los 10 países con mayores índices de inequidad del ingreso en una muestra de 112 países con al menos una medición de este indicador realizada por el Banco Mundial, con datos recolectados entre 2008 y 2013. En general, África y América Latina se caracterizan por ser las regiones más desiguales del mundo, mientras que el promedio del coeficiente de Gini en los países de la Ocde es de 0,32, siendo Chile y México los de mayor desigualdad con registros de 0,48 y 0,50, respectivamente.

Muchos países desarrollados con coeficientes de Gini entre 0,40 y 0,50 antes de impuestos y transferencias muestran mejoras sustanciales en la distribución del ingreso al disminuir dichos coeficientes a niveles entre 0,20 y 0,30, una vez se ajusta el ingreso por la incidencia de estos dos factores. El uso adecuado de los impuestos y de las transferencias del gobierno hacia la población de menores ingresos hace más equitativa la distribución del ingreso con las connotaciones positivas que ello genera: mayor movilidad social, mayor acceso a bienes públicos como salud, educación y justicia, menores tasas de delincuencia, entre otros.

Desafortunadamente, en el caso de América Latina la historia es bien diferente y el coeficiente de Gini antes y después de impuestos y transferencias no muestra diferencias significativas (se mantiene por encima de 0,50), es decir que no hay una ganancia evidente, a pesar del populismo de muchos de los gobiernos de la región en la actualidad y de la existencia de amplios programas “sociales” que, en teoría, están diseñados para disminuir la inequidad.

En el caso de Colombia basta señalar simplemente las amplías falencias que tienen sistemas de subsidios como el Sisbén, que según registros recientes de Planeación Nacional tiene 457.000 fallecidos como beneficiarios, mientras que la responsabilidad de obtener, actualizar y verificar la información es de los alcaldes. Estos hechos son muestra o del grado de improvisación en que muchas veces son establecidos estos programas sociales o de la rampante complacencia de los órganos de control y otras autoridades con el abuso de este tipo de instrumentos que involucran dineros públicos. En cualquier caso el resultado es el mismo: ineficiencia del gasto público.

Soportar un nivel tan elevado de gasto público ineficiente en una economía como la colombiana, en un momento donde los ingresos extraordinarios se agotaron, no parece ser la solución sostenible al problema de las finanzas públicas. Una reingeniería del gasto público suena mucho más efectiva desde el punto de vista de la política fiscal, que seguir ahogando al sector privado vía impuestos cada vez más contraproducentes, sobre todo cuando éste apenas corresponde a la mitad de la economía real, como consecuencia de la elevada informalidad.