Opinión

  • | 2015/11/30 00:05

    Réquiem por Uber y el usuario

    El Gobierno expide un régimen del servicio de transporte de lujo que se vende como la panacea, arregla un problema que no existía y deja al final a los usuarios viendo un chispero.

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La capacidad mediática del Gobierno para convencer a los colombianos de sus ejecutorias nos atropella en esta oportunidad, con el pleno del Consejo de Ministros, para anunciar el decreto que crea el servicio de lujo de transporte individual de pasajeros. 

Este decreto, cuya firma presidencial estaba pendiente cuando se escribe esta columna, se notificó por los medios de comunicación con comentarios de la Ministra precisando que se trata de un paso más en la modernización del transporte, fundamentado, según sus palabras, en cuatro principios esenciales: la comodidad del usuario, la accesibilidad al servicio, la seguridad tanto de los vehículos como de los usuarios y el criterio de calidad del servicio.


Debería resaltarse con agrado el acierto del Gobierno en encontrar que los anteriores principios son de lujo, pero lamentablemente lo que se observa es que desconoce que no deberían ser exclusivos de un servicio de lujo sino generales a cualquiera de transporte público, incluido el individual de pasajeros, donde se esperaba una solución que no llegó.

Partamos por aclarar que nadie estaba pidiendo un servicio de lujo en las elevadas condiciones que reglamentó el Gobierno y que, palabras mas, palabras menos, es el mismo de Uber en tecnología, sólo que en vehículos de alta gama, negros, y prestado por empresas habilitadas, lo que actualmente excluye a Uber.  

El Decreto, así, resuelve el problema de falta de empresas que presten servicio de camionetas de lujo o taxis Mercedes Benz de servicio público, problema que seguramente existe en la imaginación de los poderosos empresarios del transporte público para justificar el decreto y restringir su competencia, pero no en las calles de nuestras ciudades.

Lo que se esperaba no era siquiera la formalización de Uber, sino que frente a un servicio lleno de abusos, falta de cultura ciudadana, inseguridad y matoneo de los amarillos, existiera un marco que garantizara un servicio de taxi que hiciera realidad los principios que nota la Ministra en las calles de nuestras ciudades, aun a mayor costo pero no al elevado que se impondría con el decreto. 

La lógica de las cosas exigiría mas bien subirle nivel al servicio de taxis amarillos, es decir, imponerle las mismas exigencias de especificaciones de seguridad y rastreabilidad de los vehículos, de preparación y educación de los conductores, y de verificación de los cobros de las tarifas por medios electrónicos, de modo que su servicio fuera equivalente en calidad al de Uber.

La alternativa de regular el servicio de Uber resultaría lógica para mantener el estado de cosas, pero no es correcto exigir a los ciudadanos pagar más por un servicio que es connatural a cualquier centro urbano a tarifas accesibles, ya que no se trata de un servicio de limosina, sino de taxis blancos que cobran más solo por prestar el servicio como es debido.

De fondo es claro que Uber explota un nicho de mercado insatisfecho y la función del Gobierno no es afectar al usuario y privilegiar los poderosos intereses de los trasportadores, sean Uber o los amarillos, sino asegurar un buen servicio para todos. 

La historia nos enseña cómo privilegiar esos intereses ha significado en pasado la extinción del ferrocarril, del tranvía, de los trolis y colocado a nuestras ciudades en las manos del poder económico de los transportadores.

El decreto lamentablemente no hizo ni lo uno ni lo otro, quedando un servicio amarillo pésimo y uno de uso restringido, nada en la mitad, y al final los perdedores somos todos los usuarios por la falta de rigor y voluntad política del Gobierno de generalizar un buen servicio para todos los ciudadanos.

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