Opinión

  • | 2015/10/20 05:00

    Las APP contribuyen a financiar el desarrollo

    Las APP generan un incentivo adecuado para evitar retrasos y sobrecostos en los proyectos porque esos riesgos son trasladados desde el sector público al socio privado.

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En los esquemas de asociaciones público privadas, APP, el Estado y el sector privado se unen para proveer un bien o servicio público, la provisión de esos bienes y servicios generalmente está relacionada al desarrollo de algún tipo de infraestructura de uso público o de provisión de servicios también públicos. El transporte, la educación, la salud y el saneamiento básico, son ejemplos de servicios públicos que para ser provistos necesitan del desarrollo de infraestructura como: puertos, vías, colegios, hospitales, acueductos, y plantas de tratamiento de residuos.

Aunque esas infraestructuras de uso público bien podrían ser provistas solamente por el Estado, existe la restricción presupuestal que enfrentan todos los gobiernos nacionales o territoriales. Mientras sus presupuestos son limitados porque provienen de las transferencias que reciben del nivel central, de las regalías, (ahora menores conforme el crudo ha caído en los mercados internacionales), y el cobro de los impuestos locales, las necesidades de la sociedad parecen ilimitadas y no se ajustan tan rápido como lo deben hacer los presupuestos cuando las fuentes de financiamiento se contraen.

Una solución es desarrollar esquemas de APP para ejecutar obras de infraestructura que pueden ser construidas en conjunto con socios privados, y liberar recursos para ser llevados a sectores sociales que no son interesantes para la inversión privada. También es un mecanismo adecuado para distribuir los riesgos que no son fácilmente manejables por el sector público o que por su naturaleza no son asumibles por el sector privado. Por ejemplo el riesgo técnico y de construcción suele ser menos costoso cuando está en cabeza del sector privado, mientras que el riesgo de regulación o licenciamiento es menor cuando está en el sector público; en conclusión en un esquema de APP se trata de asignar los riesgos a la parte que menos los valora.

Para atraer la inversión privada hacia proyectos de APP debe haber una clara definición de las necesidades que se pretenden cubrir con el desarrollo de determinada infraestructura, y de esa manera formular cuales son los requerimientos que tiene que tener el bien que se pretende construir, esta acción facilita la determinación de los riesgos que están dispuestos a asumir y retener el sector privado y el sector público dentro de la APP. 

Una ventaja de las APP es que dentro de la formulación de los proyectos también se tiene en cuenta los costos de mantener la infraestructura en funcionamiento, esto es el resultado de que en las APP el socio privado invierte capital desde la etapa de construcción pero solo empieza a obtener ingresos para recuperar las inversiones una vez el activo entra en operación y se mantiene disponible, ya sea para recibir ingresos por su explotación (como en las autopistas)  o porque el sector público solo paga cuando el activo es entregado y si este se encuentra en funcionamiento para ser usado por los usuarios. 

Esto genera suficientes incentivos para que el socio privado busque controlar los sobrecostos y evite retrasos injustificados en la entrega de los proyectos pues cualquier demora o sobrecosto es asumido por este.

En Colombia el marco legal para las APP permite que el sector público involucre recursos hasta por el 30% del valor de los proyectos cuando estos no son de infraestructura vial, o máximo el 20% de las inversiones cuando se trata de vías, así mismo los socios privados pueden explotar los activos por un plazo de 30 años incluyendo dos prórrogas de 5 años cada una, y el sector público puede hacer aportes en especie como terrenos y construcciones, más los aportes de capital  mencionados, algo que permite optimizar la estructura de financiamiento de las iniciativas.

Aunque el marco regulatorio del país es adecuado todavía hace falta complementarlo con un mercado financiero que permita obtener financiamiento para los proyectos a menor costo y desde fuentes diferentes al sector bancario. En ese punto se debe trabajar por desarrollar un mercado de bonos de deuda privada cuya garantía de repago sea los flujos de caja generados durante la etapa de explotación de los proyectos que es la de menor riesgo comparada con la fase de construcción, esto es plenamente consistente con las estructuras de financiamiento por Project Finance de la mayoría de concesiones donde el flujo de caja generado es la fuente de repago de la deuda y recuperación de las inversiones.

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