Opinión

  • | 2015/11/24 00:05

    Las APP no son un camino a la privatización

    La reversión de los activos al final del periodo de concesión garantiza que no existe privatización de bienes y servicios públicos.

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Una asociación público privada APP es un acuerdo entre un socio privado y el sector público para proveer un servicio o bien de uso común. En la APP se busca que el Estado pueda trasladar la mayoría de los riesgos a su contraparte privada, la forma de lograrlo es que el socio privado desarrolle la infraestructura asociada al servicio desde sus etapas tempranas, como  el diseño, la viabilidad técnica y económica, hasta la explotación del activo, lo que significa encargarse de su operación y mantenimiento.

En una APP el socio privado también se encarga de la financiación de la mayoría de las inversiones de capital, aunque el sector público aporta menos capital debe garantizar niveles mínimos de explotación de los activos para mitigar el riesgo financiero y viabilizar la recuperación de las inversiones.En Colombia de acuerdo a la ley 1508 de 2012 que  regula las APP, los aportes máximos de la Nación en iniciativas de obras viales es del 20% de las inversiones y del 30% para otros tipos de infraestructura.

La recuperación de las inversiones se hace a través del cobro por uso, durante un periodo de concesión. Esto implica que con la incorporación de los esquemas APP se cambia el concepto de, provisto por el Estado con cargo al erario, por el de pago por los usuarios. Ósea que solamente quienes se ven beneficiados directamente pagan por el servicio, sin embargo el uso no está restringido a cualquiera que desee utilizarlo. 

Para que una APP no sea la privatización de un bien público debe incorporar la reversión de los activos hacia el Estado cuando termine el período de concesión, durante ese periodo de explotación de los activos el socio privado debe haber recuperado sus inversiones y obtenido una rentabilidad adecuada con relación a los riesgos que asumió. En Colombia la mencionada regulación sobre APP permite periodos de concesión hasta de 30 años luego de los cuales los activos desarrollados bajo APP deben revertir al estado. 

Para que ocurra lo anterior, el esquema base utilizado con más frecuencia es el BOT – Build Operate and Transfer – donde el sector privado construye, opera durante el periodo de concesión, y luego transfiere la propiedad del activo al sector público. Es común que para asegurar el mantenimiento y operación de los activos estos vuelvan a ser concesionados luego de haber sido transferidos, no obstante en esa fase los cobros a los usuarios son menores puesto que se trata es de garantizar los costos de operación y mantenimiento ya que las inversiones han sido recuperadas en la etapa previa. 

Otros esquemas más complejos de APP incluyen el diseño, la construcción, el financiamiento, la operación y el mantenimiento de los activos que serán desarrollados por parte del socio privado, aunque hay más riesgos en cabeza del sector privado, el Estado mantiene un rol activo durante todas las etapas del proyecto incluso regulando los cobros por prestación del servicio, y asumiendo parte de los riesgos de esas etapas. 

Cuanto más riesgo se transfiere al sector privado y en consecuencia menos riesgo es retenido por el sector público, más se acerca a la forma privada de desarrollo de un bien, no obstante, como el Estado suele asegurar los riesgos que no son asumibles por el socio privado a través de garantías sobre pagos por explotación, seguros de riesgo, aportes de capital etc, el riesgo es implícitamente compartido por los dos, es por esto que al final se espera que el Estado se quede con la propiedad del activo en el cual participó como socio.   

Al final lo que buscan los esquemas de APP es disminuir los riesgos que asume el sector público cuanto tiene que desarrollar bienes públicos, canalizando recursos desde el sector privado, haciendo un uso más eficiente de los sus recursos para atender necesidades sociales. Para los socios privados representa una ventaja obtener negocios a largo plazo con flujos de caja estables y rentabilidades apropiadas, al tiempo que también pueden distribuir hacia el sector público los riesgos que no pueden asumir.

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