Opinión

  • | 2015/06/22 05:00

    Qué nos trae el nuevo Plan de Desarrollo 2014-2018

    Vale la pena mencionar algunos mecanismos de ejecución del Plan de Desarrollo que utilizará el gobierno nacional en los próximos años y que llaman la atención por ser previsible su impacto en el desarrollo del país.

COMPARTIR

Con el sugestivo título de Todos por un Nuevo País, el pasado 9 de junio se sancionó la Ley 1753 de 2015 contentiva del nuevo plan de desarrollo aprobado por el Congreso y que señala los principios que deben orientar la acción del Estado y las estrategias económicas, sociales y ambientales que serán adoptadas por la administración Santos II.

Este plan tiene como pilares la paz, “reflejando la voluntad política del Gobierno de construir una paz sostenible”, la equidad, “una visión de desarrollo humano integral en una sociedad con oportunidades para todos” y la educación “como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo”.

Este Plan denota un claro redireccionamiento de una sociedad en conflicto a una en paz, paz que podría entenderse del Plan se consolida con igualdad de oportunidades y tomando como esencia la educación para lograr ese cometido, fundamento que resulta indiscutible y que  viene acompañado de las estrategias de competitividad e infraestructura estratégica, movilidad social, transformación del campo, seguridad justicia y democracia, buen gobierno y crecimiento verde.

Su ejecución exige ciertos mecanismos que, al menos como lo entiende la Corte Constitucional, deben tener una conexión directa e inmediata con los objetivos generales del Plan de Desarrollo, vale la pena mencionar algunos de ellos que llaman la atención por ser previsible su impacto en el desarrollo del país:

  • Se crea el Sistema Nacional de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (SINAPINE), el cual incluirá proyectos seleccionados por su relevancia para el crecimiento económico y social del país, confiriéndoles el siguiente régimen especial:
  1. La prerrogativa de ser considerados como de utilidad pública e interés social, quedando así autorizada la expropiación de los bienes inmuebles urbanos para su ejecución y desarrollo;
  2. Confiere al promotor la opción de compra de los terrenos donde se deba desarrollar, la cual puede ejercerse, en general, en un plazo de 3 años contados a partir de la adjudicación del proyecto, impidiendo que haya ventas a terceros que impliquen un incremento en el costo de la tierra antes de su compra por el promotor del proyecto;
  3. Si se trata de un proyecto a desarrollarse en un inmueble objeto de disputa por motivos de restitución de tierras, se asegura la destinación del mismo para el desarrollo del proyecto y que las víctimas sólo puedan recibir la compensación por un predio similar, y
  4. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales deberá tramitar de manera integral y exclusiva los permisos y licencias ambientales. De otro lado, el Plan modifica el procedimiento para la obtención de licencias ambientales y fijas términos que suponen, al menos en el papel, que en un plazo menor a seis meses se produzca una decisión sobre la misma.
Estas modificaciones permiten asegurar un nivel mínimo de seguridad jurídica para los promotores y debe, al menos en el papel, asegurar la debida coordinación de los diferentes entes del Estado en aras a que los trámites que actualmente crean fricciones absurdas al desarrollo de un proyecto, sean salvables.

  • El Plan crea la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud con la vocación de ser la caja única de tales recursos dirigida a asegurar la correcta destinación y control de los mismos (exceptuando los de las entidades territoriales). Al efecto se prevé que la entidad reciba y canalice los recursos destinados al pago de las prestaciones y servicios propios del sistema y sin duda constituye una esperanza de que, al menos en el papel, los recursos lleguen a donde se necesite para asegurar la oportuna prestación de los servicios de salud. Otras medidas adoptada por la ley permitirán la negociación centralizada de medicamentos, insumos y equipos, buscando asegurar que, al menos en el papel, se reduzcan sustancialmente los costos del sistema y se impidan los despropósitos sobre los precios de medicinas por parte de los abusadores del sistema.
  • El Plan permite a la ANH establecer reglas generales para ajustar los contratos de exploración y explotación, así como los de evaluación técnica, frente a los fenómenos de caída de los precios internacionales de los hidrocarburos,  de los niveles de producción o reservas, buscando mitigar el impacto en las finanzas públicas y la economía nacional sin disminuir el valor de las inversiones. Es de esperarse que la ANH tenga en cuenta que dichas modificaciones no sean permanentes sino sujetas a las variables que las motivan, de modo que no se creen estímulos negativos o situaciones que motiven un desequilibrio para la Nación cuando los niveles de precios, producción o reservas se ubiquen nuevamente dentro de ciertos parámetros.
  • El Plan crea nuevos mecanismos para el financiamiento de los sistemas de transporte, a saber, la posibilidad de las entidades territoriales de crear fondos de estabilización basados en las tarifas de los servicios; la incorporación a las tarifas del servicio de parqueaderos de contribuciones que incentiven el uso del transporte público; y el cobro de tasas por el acceso a zonas de alta congestión, por el uso de infraestructura construida para evitar la congestión urbana o por la contaminación, según lo reglamente el Gobierno. Es de esperarse que estos nuevos tributos sean desarrollados por las entidades territoriales dentro de los límites fijados por el Plan en cuanto a tarifas y sujetos pasivos, teniendo las entidades amplias facultades para reglamentar el cobro, graduar las tarifas dependiendo de la clase de vías, de vehículos, etc.
  • A partir del año 2017 se propondría la generalización del autoavalúo como mecanismo para determinar la base del impuesto predial, permitiéndose a los municipios emplear bases mínimas presuntas establecidas con base en estadísticas del DANE sobre precios por metro cuadrado según estrato. Esta es una oportunidad para que a pesar de la inexistencia de una actualización catastral en todos los municipios, puedan emplearse bases generales para determinar adecuadamente el impuesto y llevar a parámetros realistas las bases del mismo. Si bien hay mucha tela que cortar en el Plan, al menos en el papel los anteriores mecanismos podrán implicar una verdadera modificación del panorama social en Colombia. Ideal será que los llamados a ejecutarlas tengan la misma inspiración.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?