Opinión

  • | 2017/08/07 00:01

    No nos quedemos sin saldo 2.0

    Hace poco, hablé en esta columna sobre el impacto de las decisiones en torno a la sostenibilidad del sector de telecomunicaciones y a su viabilidad financiera. Ver la decisión del tribunal de arbitramento que condena a Claro y a Telefónica a pagar $3,2 y $1,6 billones respectivamente, lanza una alerta sobre el marco institucional colombiano y pone en riesgo el desempeño del sector de telecomunicaciones durante los próximos años.

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Un gran revuelo ha causado el fallo publicado en contra de los operadores Comcel y Telefónica el pasado mes, cuando se conoció la condena que los obliga a pagar 3,2 y 1,6 billones de pesos respectivamente. El laudo proferido por un tribunal de arbitramento da por terminado el pleito iniciado por el Ministerio TIC, cuando decidió convocar al tribunal a los operadores, con el fin solucionar una controversia originada en un cambio intempestivo del marco jurídico, a raíz de la sentencia C_555 de 2013, emitida 19 años después de iniciar la ejecución de los mismos.

Los contratos de concesión de telefonía móvil pactados en 1994 incluyeron una cláusula de reversión de los bienes directamente relacionados con el otorgamiento del espectro. Luego, en 1998 se expidió la Ley 422, en la cual se afirmó que los operadores solamente deberían revertir el espectro radioeléctrico, y bajo esas reglas se dio la ejecución de los contratos. Sin embargo, la Corte Constitucional manifestó que dicha ley no cobijaba acuerdos anteriores a su expedición, por lo que debía revisarse la infraestructura sujeta de reversión. Así pues, el fallo se acogió a lo dicho por la Corte, y además cuantificó el monto a revertir por la infraestructura que los operadores desplegaron desde los años noventa.

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La noticia no deja de ser un baldado de agua fría para diferentes actores del sector empresarial colombiano. De un lado, porque el monto a pagar no tiene antecedentes y siembra inquietudes sobre futuros procesos de reversión. Por otra parte, resulta claro que la institucionalidad colombiana no garantiza plena seguridad y estabilidad jurídica a los inversionistas. Esto resulta aún más evidente en los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, en especial los relacionados a estabilidad de las reglas de juego y supremacía de la ley, en donde el país además de no haber avanzado ha perdido posiciones en los últimos cinco años.

Lo más alarmante de esta decisión es el costo que tendrá sobre el desempeño futuro del sector. Las perspectivas no son alentadoras, si se tiene en cuenta la devaluación del peso y la desaceleración de la economía colombiana, en una industria donde gran parte de su deuda está en dólares y que requiere millonarios montos de inversión para traer las últimas tecnologías y garantizar su operación.

Por si fuera poco, el sector sufrió un duro golpe con la reforma tributaria del 2016, donde no sólo se incrementó el IVA a los servicios de voz y datos móviles, sino que estos últimos fueron gravados con el impuesto al consumo del 4%. En este contexto, el fallo llegó como un golpe definitivo para un sector impactado, en medio de dos grandes preocupaciones que de no solucionarse ponen en riesgo su futuro: la reducción en el ritmo de inversión y su sostenibilidad en el mediano plazo.

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De un lado, un pago de tal magnitud sin duda alguna pondrá a pensar a los operadores en los recortes en los que tendrán que incurrir para compensarlo. La reducción en la inversión productiva no sólo promete limitar el despliegue de infraestructura, la cobertura y la ampliación de la tecnología 4G en el país, sino que afectará considerablemente la cadena de suministro del sector ante la reducción de la demanda a sus proveedores. Este factor es preocupante porque el desarrollo de la economía digital ha sido una de las banderas del Ministerio TIC, y se vería perjudicado ante una caída drástica en los ánimos de inversión en el país.

Por si fuera poco, a este punto debe adicionarse que el deterioro entre las relaciones del sector público y privado ponen en duda que se lleve a cabo la subasta de espectro. Si bien el Ministerio ha reiterado su intención de adelantarla, la participación de Claro y Telefónica, ahora en duda, es indispensable para que la puja garantice los mejores resultados. De esta manera, es probable que el gobierno no logre recaudar estos recursos por lo menos este año, mientras que los operadores no podrán desplegar infraestructura que representa más calidad, y mejor servicio para los usuarios.

Este panorama resulta aún más inquietante al pensar en la sostenibilidad del sector en el mediano plazo. Los 4,8 billones de pesos que deben pagar las dos empresas más importantes de telecomunicaciones del país equivalen a todo el valor agregado generado por el subsector de correo y telecomunicaciones en el primer trimestre de 2017. De hecho, se necesitarían cuatro años de utilidades de estas empresas para pagar las pretensiones del fallo condenatorio, que ordena pagar tal monto en los 15 días hábiles posteriores a la condena. Y es que está realidad oscurece el panorama de un sector que en el 2016 decreció 1,9% y que en el primer trimestre de 2017 acumuló una caída de 2,3%, poniendo en duda el cumplimiento de metas públicas y privadas en conectividad, cobertura y consolidación del entorno digital.

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El futuro de la industria que marcará la productividad y el crecimiento del país depende del diálogo fluido entre el rector de las políticas y los operadores, de un sector que exige grandes inversiones, dentro de un modelo económico que cambia permanentemente, según los avances de la tecnología y la necesidad de los clientes.

Cabe preguntarse entonces cuáles serán las perspectivas de las telecomunicaciones en Colombia. Si el sector no repunta y se profundiza su crisis, inquieta si el tribunal de arbitramento, o el propio Ministerio TIC estarán dispuestos a asumir la responsabilidad del impacto en el sector. Sólo queda esperar que las futuras políticas estabilicen las reglas de juego del sector, e incentiven la actividad en una industria que hoy se sume en la incertidumbre.

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