Opinión

  • | 2017/05/01 00:01

    No nos quedamos sin saldo

    Lograr sanear financieramente los sectores de apalancamiento de desarrollo del país, como el de telecomunicaciones, debería ser uno de los ejes principales de cualquier estrategia productiva. En Colombia, aún fallamos en eso.

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El sector de telecomunicaciones en Colombia ha jugado un papel esencial en el aumento y mejora de las condiciones de calidad de vida y bienestar de sus habitantes. Según el Banco Mundial, desde el año 2000, la penetración de conexiones móviles y fijas se ha incrementado de manera considerable, pues en servicios móviles este indicador aumentó del 6% a 116% en 2015, y en banda ancha fija del 0.02% al 11.2% en el mismo período.

Los avances anteriores no se hubieran podido alcanzar sin la entrada de varios jugadores al mercado. La aparición de marcas como Tigo, Movistar y posteriormente, los operadores móviles virtuales como Uff y Virgin dinamizaron la actividad del sector y su competencia, promoviendo la creación de una amplia canasta de servicios, que permite a los consumidores elegir a precios cada vez más bajos, todo esto bajo un lineamiento, lento al inicio, pero que ha venido evolucionando positivamente por parte del regulador.

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Sin embargo, no es un secreto que el sector aún enfrenta desafíos de gran calado en la consolidación de un mercado competitivo, y en la reducción de la concentración. De hecho, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sigue manifestando su preocupación por la amplia cuota de mercado en usuarios, tráfico e ingresos que ostenta el operador dominante –Claro-, tanto en los servicios de voz, como de datos móviles.

En este contexto, cualquier hecho que perjudique la permanencia de un agente en el mercado debe ser observado con preocupación, dado que pone en riesgo la estructura competitiva del mercado. Actualmente, Colombia Telecomunicaciones (Movistar) enfrenta un gran reto en su estructura patrimonial, entre otras situaciones, porque bajo las nuevas normas internacionales de contabilidad (NIIF), se ve obligada a reflejar en sus estados financieros la totalidad del pasivo del contrato suscrito con lo que queda de la ya liquidada Telecom.

Este contrato se suscribió posterior a la liquidación de la otrora compañía y sus teleasociadas, y consiste en un pago periódico que realiza Colombia Telecomunicaciones a la Nación, por el uso de la infraestructura de las redes fijas con las que contaba Telecom. Asimismo, y de manera anualizada, el Estado utiliza los recursos provenientes del pago de este contrato -cerca de 600 mil millones de pesos- para pagar, entre otras cosas, las pensiones de más de 16.000 jubilados que vienen de tiempo atrás.

Ante esta preocupante situación, hoy día existe la necesidad de capitalizar la compañía a través del pago anticipado del contrato mencionado por parte de sus accionistas, esto con el fin de sanear completamente su estructura de capital. Estos casos suceden día a día en el segmento empresarial a nivel mundial, pero el picante de la situación, tiene que ver con que aun el Estado colombiano cuenta con participación en la compañía, lo que implica asumir deuda para apalancar la situación; ante un escenario de presión fiscal que enfrenta el país, en especial en los últimos años, esta situación se torna complicada, pero necesaria.

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Dado que el Gobierno cuenta con una participación de más del 30%, y Telefónica con aproximadamente un 68%, lograr un proceso de capitalización exitoso entre las dos partes es indispensable en la coyuntura actual por la que atraviesa esta industria y de cara al futuro sectorial. La presencia de un operador del tamaño de Movistar, evita y ha disminuido la consolidación de una figura monopolística del mercado, y por esta vía, el detrimento en los beneficios obtenidos por los usuarios.

Pareciera que, de no darse esta capitalización, la desaparición de un actor en el sector de las telecomunicaciones, que ha tenido un impacto significativo aportando cerca de 21 millones de conexiones, sólo llevaría a una pérdida generalizada del bienestar, donde la mayor parte de los usuarios quedarían prácticamente en manos de un sólo operador.

Esto probablemente llevaría a un alza en los precios del sector, la reducción en la inversión e innovación, la pérdida de la calidad de los servicios y en últimas, en el estancamiento del país, de cara a la digitalización por la que atraviesa el mundo.

Si bien el Estado puede y tiene derecho a participar en sectores en competencia, este proceso ya produjo sus frutos económicos, creería que es hora de evaluar su participación en la compañía, y terminar de capturar todo el valor de su presencia en este sector, dejando entonces su participación en este sector, y buscando la recuperación rápida de las inversiones/capitalizaciones, que se han generado en los últimos años.

Mirando hacia a futuro, todos los sectores de la economía necesitan que el mercado TIC esté dinamizado, y sea lo suficientemente competitivo. El soporte de la economía digital (en actividades como e-health, e-learning, banca móvil, e-commerce y smart cities) necesita de una adecuada conectividad que se logra, si o si, con más despliegue de infraestructura y mayor velocidad en las conexiones. Todos los colombianos se benefician de la solidez del sector y de la multiplicidad de sus jugadores, por lo que velar por la competitividad sectorial bajo igualdad de condiciones, eso sí, bajo condiciones transparentes y de mercado, debe ser tarea de la Nación y del sector privado.

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