No es solamente el fondo Colombia en Paz

Uno de los principales ejes de los acuerdos de Paz fue que, una vez desmovilizada la guerrilla de las Farc, el Estado se comprometía a llevar la presencia institucional a las zonas que fueron más afectadas por el conflicto armado. Esa presencia institucional del Estado es la provisión de bienes y servicios públicos en esas áreas que generalmente carecen de acueductos, alcantarillado, escuelas, centros de salud, e infraestructura de transporte como vías, o muelles adecuados para el acceso fluvial. La presencia del Estado significa inversión en obras para ofrecer los servicios públicos esenciales y tratar de cerrar las enormes brechas que existen entre esas zonas y las áreas urbanas del país.

Durante el periodo de confrontación armada el Estado tuvo la excusa, la mayoría de las veces justificada, de no poder acceder a los territorios controlados por las Farc para ofrecer su presencia institucional. Sin embargo, después de la desmovilización de la guerrilla tampoco lo ha hecho con contundencia, a pesar de que el presidente Santos, invirtió todo su capital político en lograr la firma de los acuerdos, incluso cuando en el plebiscito de octubre de 2016 la opción del No se impuso frente al Sí que se daba por descontado.

La realidad es que ahora la paz ya no se construye en el papel, ni las sesiones legislativas del Congreso, ni con el negociado político del ejecutivo para que los políticos apoyen sus iniciativas. La paz ahora debe construirse en los territorios y la forma más rápida y poderosa de entregar el mensaje de que el posconflicto está en marcha de manera irreversible, es ejecutando obras y estableciendo proyectos productivos, que ofrezcan una verdadera alternativa a los excombatientes y a los campesinos cocaleros que se ven obligados a sembrar como un medio de subsistencia.

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Sin la ejecución de inversiones y proyectos productivos rentables, los acuerdos de paz se convierten en algo intangible para la población, cuya única marca visible hasta ahora ha sido, la no despreciable disminución de la violencia, la casi desaparición de los secuestros y la caída del índice de homicidios. Sin embargo, esas tres cosas tan valiosas y difíciles de obtener, corren el riesgo de perderse rápidamente por la presión creciente de las disidencias y otros grupos ilegales que quieren hacerse con el control de los negocios de las Farc en las zonas de conflicto, por eso es indispensable que el Estado se movilice materializando inversión en esos lugares.

Las quejas presentadas por Suiza, Suecia y Noruega con relación a los US$200 millones que son más de $500.000 millones, y que fueron entregados como donaciones para la implementación del posconflicto, han dejado claramente al descubierto que la tibia implementación del posconflicto está relacionada con una malísima gestión de los recursos financieros. La mala gestión atraviesa desde indicios de corrupción en la asignación de contratos, la falta de control y seguimientos de los protocolos establecidos en el fondo Colombia en Paz, hasta la disfuncional operación de la “institucionalidad” que creó el Gobierno para la fase de implementación.

La Alta Consejería para el Posconflicto no ha logrado materializar acciones concretas, mientras que la Agencia de Renovación del Territorio no tiene un plan de inversiones específico o proyectos para llevar a cabo la renovación de los territorios, a eso se suma que tampoco tiene un presupuesto de inversión asignado por el Gobierno para ejecutar inversiones o contratar su ejecución, algo que la convierte en una entidad meramente coordinadora o consultiva de otras entidades estatales que si tienen presupuesto de inversión.

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Además de los aportes de cooperación internacional, tampoco está claro a donde fue el dinero del crédito para el desarrollo de políticas públicas que el Gobierno obtuvo del Banco Mundial en diciembre de 2016 por $716 millones de euros, equivalentes a $2,2 billones, se supone que esos recursos deberían estar siendo ejecutados en el desarrollo del posconflicto, ejecutando inversiones, estableciendo proyectos productivos, y ofreciendo los servicios institucionales a los que el Estado se comprometió con la firma del acuerdo de La Habana.