No tenemos un problema de cultura, sino una sociedad sin consecuencias

Hace años, un comandante de la Armada Nacional, en una conferencia en una conferencia sobre orden público y criminalidad, preguntó a los participantes: ¿Cuál es la mejor universidad de Colombia? Luego de las típicas respuestas de rankings y medios, interpeló de nuevo sobre cuál tenía mayor impacto en la ciudadanía, dado lo que se veía diariamente en el país. Al final dijo: “¡Yo creo que es Avianca! Porque aquí nos la pasamos diciendo que el problema de los colombianos es cultural, pero después de un vuelo Bogotá - Madrid, que toma solo diez horas para aterrizar en España, la gente empieza a hacer las colas ordenadamente, cruza por la cebra, estaciona donde está permitido y se comporta más civilizadamente y cumpliendo la ley sin poner líos”. Debe ser porque allí sí le pasa algo a quien incumple.

En realidad, uno no llega a Estados Unidos o Europa a portarse mal esperando que suceda lo mismo en Colombia, es decir, ¡nada! ¿Hacer una fiesta a todo volumen en el apartamento y, si llegan los policías, insultarlos, atacarlos y agarrarlos a golpes? Nada. ¿Matar a alguien, arruinándole la vida a sus familias, por conducir ebrios? Nada. ¿Expulsar campesinos de sus tierras a fuerza de fusil? Nada. ¿Meterse en contravía para evadir un trancón y tirándole el carro a todos los que se encuentran al frente y al lado? Nada. ¿Quemarle el vehículo a alguien con la excusa de que es Uber? Y nada.

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En las últimas semanas hemos visto muchos ejemplos de esto. Es tal el hacinamiento en las cárceles que ya triplica su capacidad. La respuesta no ha sido construir más y mejores cárceles para los condenados, ni más lugares de paso en las estaciones de policía y las fiscalías para los sindicados en espera de condena (que, de paso, se demora, no se produce y sí genera unas elevadas demandas contra el Estado por el famoso “vencimiento de términos”). Por el contrario, en una medida desesperada, la Fiscalía de en Medellín suspendió las órdenes de captura porque ya no caben más delincuentes.

Entretanto, a Alberto Santofimio (congresista condenado por aliarse con el narcotraficante Pablo Escobar para liquidar a Luis Carlos Galán, candidato presidencial y su principal opositor por la candidatura del partido liberal en 1989) lo condenaron a 24 años de cárcel, de los cuales se fue al pabellón privilegiado de la cárcel La Picota por nueve (donde seguro no hay hacinamiento, pero sí grandes fiestas). Pero acaba de salir a su lujoso apartamento para pasar allí el resto de su condena por “buena conducta y arraigo familiar”, sin tampoco haber pagado los dos mil millones de pesos de compensación a sus víctimas.

Los constructores del Space, el conjunto de edificios donde murieron 12 personas al desplomarse la Torre 6, no han compensado a sus víctimas ni ha ido nadie a la cárcel. Solo le han retirado la licencia profesional de por vida al ingeniero calculista Jorge Aristizábal, el mismo que la mañana en que cayó el edificio dijo ante las cámaras de Teleantioquia que no había ningún riesgo (y a la directora de la obra y el representante legal de la constructora únicamente se las suspendieron por menos de dos años). Ahora se sabe que cometieron 5.500 fallas y que el 90% de las columnas de la edificación no podía soportar ni la mitad del peso que les pusieron. Al curador urbano que, en lugar de ejercer su labor de control, avaló la obra, no han logrado sacarlo del puesto, habiéndolo destituido e inhabilitado por siete años la Procuraduría.

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Hace un par de meses, el guerrillero convicto que puso la bomba del Club El Nogal (condenado a 40 años por un acto de lesa humanidad que consistió en colocar 200 kgs de explosivos en un club social, dejando 36 muertos y casi 200 víctimas), salió de la cárcel sin pagar condena. Y su autor intelectual, alias El Paisa, nunca fue capturado por andar con el grupo de negociadores de las FARC. Con razón muchos ahora dicen que si se comprueba que los que colocaron una bomba en el baño de mujeres del Centro Comercial Andino en vísperas del día del padre son del ELN, los veremos en las mismas en dos años: poniendo bombas para presionar su propio acuerdo y, una vez lo consigan, no pagarán cárcel porque sus jefes pidieron disculpas.

Mientras tanto, el Ministro de Justicia, en lugar de fortalecer las penas para los corruptos, propone leyes de jubileo con ocasión de la visita del Papa para dar una rebaja de penas del 20% para casi todos los delitos, en contra de las recomendaciones del Fiscal General y del Consejo de Política Criminal, porque, según él, es una solución de fondo el problema del hacinamiento carcelario. A los terratenientes que quisieron quedarse con el dinero de Agro Ingreso Seguro les dieron menos de dos años de prisión, pero excarcelables. A quienes robaron anticipos de obras públicas, les pusieron multas menores que lo que robaron al Estado sin haber regresado el dinero. A los que compran votos y cometen delitos electorales, los dejan salir de la cárcel ciertos días al mes, entre ellos en época de elecciones…

En una sociedad donde no hay consecuencias ni se responde por los propios actos, nunca podrá haber cárceles suficientemente grandes (que sí hacen falta). Pero eso no disminuye el número de criminales. Dejarlos impunes y sacarlos antes porque no hay plata para hacer cárceles tampoco. Menos aún, dejar de condenarlos porque hay que descongestionar los despachos de los jueces. ¿Para qué sirven leyes que no se hacen cumplir? Nadie respeta la letra muerta de la ley, porque no hay quién la haga cumplir. Con razón los guardianes de cárceles y los jueces hacen huelgas porque no tienen recursos para atender su labor, mientras que el crimen sigue sonando a una gran inversión cuya rentabilidad parece superar por mucho al riesgo.

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