Opinión

  • | 2016/10/23 00:01

    Necesitamos una reforma tributaria que no atropelle a los colombianos

    En su afán de recaudo, el Gobierno no puede atropellar a los colombianos de menores ingresos ni cometer los errores del pasado.

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El pasado miércoles, el Gobierno Nacional por fin dejó de dar alargues y radicó la más de una vez aplazada reforma tributaria. Estamos haciendo un estudio riguroso, artículo por artículo, del texto presentado toda vez que urge corregir los graves errores cometidos en la última reforma tributaria, a los que en su momento nos opusimos. Desde el congreso ya hemos establecido unos puntos a los que nos opondremos para que el Gobierno, en su afán de recaudo, no termine atropellando a los colombianos de menores ingresos, acompañaremos los cambios estructurales que requiera la política tributaria del país en la actual coyuntura.

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El primer punto es defender la canasta familiar oponiéndonos a que se grave con IVA. Es muy preocupante la posibilidad de que acabemos gravando productos de primera necesidad para las familias colombianas. La capacidad adquisitiva de un colombiano que gana un salario mínimo y que mantiene a su familia con apenas esos ingresos, recibiría un golpe enorme con ajustes de este tipo en el impuesto a las ventas, por eso vamos a hacer una revisión minuciosa para que ningún producto de la canasta familiar quede con IVA.  

Otro punto clave es insistir en la importancia de que la reforma aprobada haga del sistema tributario uno más progresivo, que grave en mayor medida a los que más tienen y que ayude a redistribuir la riqueza del país. Debemos corregir las enormes desigualdades que padece la sociedad colombiana y en este sentido insistiremos en el impuesto a los dividendos. Este tributo, en el cual venimos insistiendo desde el 2012 junto con Juan Mario Laserna, es crucial para que los colombianos más ricos, que son quienes reciben la principal proporción de sus ingresos vía dividendos, redistribuyan una parte de sus ganancias financiando el gasto social del estado.

Otro aspecto al que nos opondremos es a la creación de nuevos impuestos que afectan a las clases populares del país, a saber, el gravamen a las bebidas azucaradas, el nuevo impuesto a los combustibles y el monotributo. De una parte, el impuesto a las bebidas azucaradas terminará afectando a los estudiantes y colombianos de menos ingresos. Sustituir estas bebidas de su dieta es una opción para los colombianos más favorecidos pero no para lo más pobres. De otra parte, el aumento a los precios de los combustibles por cuenta de un nuevo impuesto afectará aún más la competitividad del país toda vez que nuestros precios de la gasolina y el ACPM ya son elevadísimos. Aunque estos impuestos en principio suenen bien al ser vendidos como impuestos verdes, lo cierto es que cualquier aumento en la gasolina y el ACPM terminará trasladándose de manera directa a los costos de los fletes, pasajes de bus, costos de producción, entre otros. Adicionalmente, se debe revisar a fondo el impacto que en la actual coyuntura económica tendrá sobre los pequeños comerciantes el monotributo propuesto.

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Ahora bien, una propuesta que vale la pena rescatar es la de establecer un impuesto de renta general para las personas jurídicas de 32% y de acabar los beneficios para entidades sin ánimo de lucro que usan este régimen como una fachada para evadir sus obligaciones. La propuesta de disminución de nuestra renta corporativa comprueba que teníamos razón al votar en contra la pasada reforma tributaria. Después de los equivocados aumentos del 2014, nuestra actual tasa combinada de renta y CREE (34%), está entre las más elevadas del mundo al ubicarse muy por encima del promedio de América Latina (27.5%) y de la OCDE (24.1%), y tiene asfixiados a los sectores productivos, que se ve aún más desestimulados por la sobretasa al CREE que hoy es del 5% y que de alcanzar el 9% previsto para el 2018, se traduciría en una tasa de renta general del 43%.

Otro elemento importante que acompañaremos en la discusión de esta reforma es la eliminación de otro desacierto de las pasadas reformas que son del IMAN y el IMAS, sistemas ineficaces y complicados para calcular la renta de las personas naturales. Además, apoyaremos la penalización a grandes evasores, una medida aplicada en otros países del mundo y apenas lógica como castigo para quienes estafan al fisco. Si el Gobierno Nacional ya hubiera puesto en marcha una política rigurosa contra la evasión y la elusión hoy no estaríamos necesitando esta reforma. 

La reforma tributaria presentada al Congreso pretende aumentar de manera importante el recaudo. Más allá de esta aspiración, lo crucial es no perder de vista que lo fundamental es ayudar a corregir las desigualdades que padece el país. Por esta razón nos opondremos decididamente a cualquier gravamen que recaiga sobre la canasta familiar y las clases populares del país, en cambio insistiremos en un impuesto a los dividendos que haga que los colombianos más favorecidos contribuyan en mayor medida en la financiación de las cargas del estado. Desde nuestra posición en el legislativo, defenderemos a los colombianos de menores ingresos, también apoyaremos las propuestas que estimulen la inversión y el crecimiento de la economía colombiana, e insistiremos en el uso de la política tributaria como herramienta para fomentar la diversificación de nuestro aparato productivo, respaldando el surgimiento de industrias tecnológicas e innovadoras en el país.

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