Opinión

  • | 2016/04/09 00:01

    Más allá de los Panamá Papers

    Los hallazgos han mostrado que no solo los mafiosos y los gobernantes sátrapas crean sofisticadas estructuras jurídicas y financieras para ocultar sus mal logradas fortunas fruto de actividades ilegales o por esquilmar el erario de los países donde gobiernan despóticamente.

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Las revelaciones de los Panamá Papers dan cuenta que esas estructuras llamadas sociedades “off shore” son un vehículo de uso frecuente para evadir impuestos y ocultar dinero ilegal, en especial aquel que es pagado a los funcionarios públicos de los más altos niveles por tomar decisiones que favorecen intereses ajenos a los de sus países y los ciudadanos que los eligieron. Usando esas estructuras se reciben sobornos, se capturan dádivas y se tramitan negocios de dudoso proceder.

Las sociedades off shore tienen su domicilio fuera del país de origen de sus dueños, es decir su domicilio es el paraíso fiscal donde están creadas, sin embargo, su actividad económica se lleva a cabo fuera del territorio de su domicilio, osea fuera del paraíso fiscal donde están registradas. Su composición accionaria está denominada por acciones al portador, de esta forma quien tiene las acciones en su poder es el dueño de la empresa o de la participación que representan.

Con esa estructura se logra anonimato en las operaciones, al ser acciones al portador no se conoce el nombre de los accionistas y tampoco cuando estas cambian de dueño, o quien opera como propietario, tampoco a donde van a parar las utilidades. Al final del día es la misma estructura de testaferrato usada por los mafiosos para atomizar sus fortunas y ocultarlas, con la diferencia que las sociedades off shore son legales mientras que el testaferrato es ilegal.

El daño que causan las sociedades off shore y los paraísos fiscales a los demás países que tienen sistemas tributarios con tasas de impuestos mayores es que generan competencia por cual ofrece los mejores incentivos fiscales para atraer inversión extranjera, el problema es que los gobiernos necesitan tener ingresos para cumplir con las demandas de la sociedad y proveer bienes públicos como seguridad, salud, educación, y la misma defensa del territorio.

Cuando se rebajan impuestos para atraer capital necesariamente el erario pierde fuentes de financiamiento que terminan siendo reemplazadas por aumentos en los impuestos a cargo de los ciudadanos, esto es una realidad que se vive más agudamente en las economías donde el Estado no participa de las rentas de ninguno de los sectores económicos, cuando el Estado no tiene ingresos más allá de los impuestos siempre tendrá que compensar con otra fuente cualquier estímulo fiscal que entregue a la economía para hacerla crecer en momentos difíciles.

Al otorgar exenciones impositivas al capital se espera que la inversión aumente y con ella el crecimiento económico, así como el empleo, también que el mayor crecimiento termine en incrementar los ingresos futuros del erario porque cuando las empresas ganan más, pagan más impuestos en términos nominales. Pero los paraísos fiscales y su permisividad con las sociedades off shore hacen que el dinero de las ganancias se fugué en forma de repatriación de inversiones, pago de créditos ficticios, o pago de regalías por usar el nombre o una marca propiedad de una off shore.

En Colombia la Red por la Justicia Tributaria ha denunciado que algunas de las multinacionales mineras hacen sus exportaciones a sociedades off shore domiciliadas en paraísos fiscales con precios de venta muy por debajo de las cotizaciones internacionales, luego esas sociedades off shore venden a precios internacionales haciendo millonarias utilidades que no son declaradas en Colombia porque no se generaron en el país. Como venden a bajos precios sus ingresos apenas les dan para cubrir los gastos operacionales por lo que terminan tributando montos exiguos, que no dan para creer que una empresa desee mantener un negocio que no da utilidades adecuadas año tras año.

Sin embargo, esas empresas sí se benefician de los ingresos de la sociedad nacional, y de los bienes públicos que provee el Gobierno como la seguridad que nos cuesta más de $25 billones anuales, y de los esfuerzos por mejorar la infraestructura y las instituciones nacionales, además de que hacen sus utilidades gracias a la explotación de los recursos minerales del país.     

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