Opinión

  • | 2016/11/25 00:01

    Licor Bendito

    Si bien es cierto que el aumento en las tasas impositivas ha generado polémica a nivel nacional por la cantidad de bienes y servicios que se quiere gravar, existen productos de alta demanda, como los licores, en donde la huella negativa de esta medida impositiva estaría impactando a otros sectores como el hotelero, el gastronómico, las grandes superficies, y el de los bares y discotecas.

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“Licor Bendito” la potente canción de Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo, nos trae a colación la importancia actual de los impuestos a las bebidas alcohólicas para las alicaídas finanzas territoriales y nacionales, y que hoy día cae como una bendición para la Nación. El Gobierno, después de cuatro aplazamientos, de exaltados debates, de diatribas de los gremios y de críticas de los trabajadores de la industria licorera, aprobó el pasado mes de octubre proyecto de ley que le subirá los impuestos a las bebidas alcohólicas. Especialmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene dos grandes objetivos con esta iniciativa parlamentaria, el de aumentar el recaudo por concepto de tributos en más de $300.000 millones y nivelar las cargas impositivas entre los productos nacionales y los importados, el cual es uno de los compromisos internacionales que el país adquirió con sus Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados.

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El proyecto de ley propone modificar el estatuto actual, el de la Ley 1393 de 2010, que dice que los licores de menos de 35° pagarán $256 por cada grado de alcohol que tenga la bebida, y los más fuertes pagarán $420 por grado. Además, el marco regulatorio actual fija impuestos ad valorem diferenciados entre cada tipo de licor: el vino paga 20 % y el aguardiente 34 %. La reforma propone una tarifa única de $200 por grado de alcohol y un impuesto general de 25 % sobre el valor comercial. Se resolvió adicionalmente que el vino pague 20% de impuesto ad valorem, y $150 por cada grado de alcohol. Es decir, recibió trato especial.

Actualmente, sólo sobreviven 8 de las 19 licoreras departamentales y municipales que existieron hace algunas décadas en el país. Estas constituyen una especie de monopolio sobre el cual se mantienen las rentas sobre las bebidas alcohólicas, en donde destacan los ingresos principalmente por la venta de aguardiente y ron. Sin embargo, los importadores de licores argumentan que las tasas impositivas están dificultando la competencia con los productos locales, y las empresas nacionales se quejan de la gran cantidad de productos que entran al mercado por contrabando, en donde en especial, las ventas de la industria vinícola han sufrido un impacto considerable. El debate es candente, y esta posible subida de precios no tiene contentos a los importadores.

Una de las principales críticas a este proyecto de ley aprobado está enfocada en que los mayores tributos aumentan los precios de las bebidas, lo cual podría estimular el contrabando. Además, critica que la iniciativa del Gobierno sólo les da el monopolio a las regiones en cuanto a la producción y distribución de licores, y les da a particulares la comercialización. Es posible que, ante la potencial aprobación de esta ley, el impacto en el consumo de bebidas alcohólicas sufriría un retroceso y afectaría a otros sectores importantes como los restaurantes, bares, discotecas y hoteles.

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Quienes no estaban de acuerdo con el proyecto de ley insisten en que éste va en contra de la industria nacional y a favor de las transnacionales productoras y las ‘contrabandistas‘ de licor. Ante esta modalidad de cobro de impuestos, se prevé una problemática al momento de calcular las tarifas correspondientes, dado que, por ejemplo, se comercializan en Colombia más de 8.000 referencias de vino con diferentes grados de alcohol. Aunque se planee recaudar un 20% más del dinero que se recauda hoy en día, no se ha considerado la complejidad del cálculo y la potencial evasión que ello podría generar.

Ahora bien, tampoco se ha entrado a evaluar los impactos que el aumento de impuestos en esta industria generaría en detrimento de otras, pues la diversidad de ofertas de licores padecería un estancamiento y encarecimiento, y las industrias que dependen de su comercialización se podrían ver afectadas, tanto en ámbitos económicos como en el riesgo de la estabilidad laboral. Esto debe analizarse con cuidado y como pasa con toda política pública a implementar, evaluar todos los impactos desde diversos ángulos, debería ser la medida de corte antes de su implementación “optimista y visionaria”.

Por lo pronto, ante la búsqueda de recursos producto de las afujías fiscales que tiene la Nación, es entendible que se requieran medidas tributarias que sustenten el gasto del Gobierno. Aunque se prevean algunas consecuencias para la industria de los licores y bebidas alcohólicas, se espera que la aplicación de tarifas diferenciadas merme en parte el potencial declive del consumo de todo este abanico de bebidas, así como en su importación, pues ya hemos visto que somos altamente dependientes del mercado internacional, y el impacto en otras ramas productivas, generadoras de movimiento en la economía, propulsoras de empleo y que pagan tributos e impuestos, se vea diezmado y no impacte tan fuerte la demanda.  

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