Opinión

  • | 2012/08/21 11:00

    Libertad de prensa, periodismo responsable y desarrollo económico

    En 1996, con el objetivo de evaluar los resultados de las políticas de educación pública de Uganda, dos investigadores (Reinikka y Svensson) se propusieron dar respuesta a una sencilla pregunta. Opinión de Rafael Ortega Ryberg.

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De los fondos destinados por el gobierno para que las escuelas paguen los salarios de los profesores, mantengan sus instalaciones, compren los textos escolares y atiendan las necesidades de lo programas diseñados para los estudiantes, ¿Qué porcentaje llega efectivamente a las escuelas? La descorazonadora respuesta sugirió que tan solo el 13% de los fondos llegaba de manera efectiva a las escuelas para las cuales estaban destinados. La investigación concluyó que la mayor parte de los fondos terminaba en los bolsillos de oficiales del gobierno, sin cumplir con el propósito fundamental para el cual fueron concebidos.

En múltiples casos como este, la investigación en áreas del desarrollo económico sugiere que por diversas razones, pueden existir brechas importantes entre el diseño bien intencionado de los programas de los gobiernos y su implementación en la práctica. La corrupción en distintos niveles es una de estas variables. Economistas como Jeffrey Sachs ven la corrupción como una de las denominadas “trampas de la pobreza”: La pobreza es causa de corrupción, y la corrupción es causa de pobreza. Esta idea sugiere a su vez que construir la capacidad de implementación efectiva de programas de esta naturaleza a gran escala representa un reto extraordinario para los países de mayores índices de pobreza y corrupción. La corrupción crea ineficiencias inmensas, no solamente al nivel de oficiales del gobierno que desvían los fondos del destino para que cual fueron creados, sino también a nivel de campo: ¿Cómo poder implementar los programas de educación y de salud si los maestros no asisten a los colegios y las enfermeras no se hacen presentes en los hospitales o en los puestos de salud?

En la visión de algunos economistas (Acemuglu y Robinson), los países no pueden desarrollarse antes de contar con instituciones políticas que funcionen de manera adecuada. Sin embargo, las instituciones son muy difíciles de arreglar y peor aún, las malas instituciones tienden a perpetuar malas instituciones. En otras palabras, una vez que las instituciones comienzan mal, con el tiempo es muy difícil romper este círculo vicioso, el cual terminaría conduciendo a estos países hacia un destino fatal. Por ejemplo, un patrón observado en países en vía de desarrollo se refiere a instituciones que fueron implementadas durante sus épocas coloniales, cuyo propósito principal consistía en maximizar la extracción de recursos a favor de sus colonizadores. No obstante, una vez que la colonización termina, las instituciones no evolucionan de manera acorde y los nuevos gobiernos las mantienen para servir sus propios intereses. Si bien con el tiempo se ha planteado un rango de posibles soluciones, de las cuales algunas son polémicas como lo sería su importación de otros países en los que si funcionan, la principal lección de este análisis es que las malas instituciones son persistentes y que no necesariamente existen vías predeterminadas para salir del círculo vicioso que generan.

En un libro reciente (Poor Economics, 2011), Esther Duflo y Abhijit Banerjee plantean una visión más optimista, en la cual no es necesario cambiar las instituciones de manera fundamental para mejorar su nivel de “accountability” y reducir la corrupción. En este sentido, una estrategia que logra cambios marginales en elementos claves de las instituciones podría llegar a tener un impacto de dimensiones importantes en su desempeño e impacto en el desarrollo económico del país.

Uno de estos elementos claves se refiere a los detalles relacionados con los sistemas de monitoreo que acompañan la implementación de estos programas. Regresando al caso de Uganda, cuando los resultados de la investigación de Reinikka y Svensson se dieron a conocer, la reacción del Ministerio de Finanzas fue inmediata. Se tomó la decisión de suministrar de manera periódica a la prensa local la información mensual de los montos de los fondos enviados a cada una de las escuelas. Al repetir el estudio en el año 2001, las escuelas recibieron en promedio el 80% de los fondos destinados para ellas en el programa. Al hacer la información pública, los rectores de los colegios iniciaron quejas formales cuando los montos reportados no coincidían con los montos recibidos y eventualmente estos faltantes fueron cubiertos. Anteriormente, al no haber un monitoreo del programa, la información pública era insuficiente y no existía un seguimiento por parte de la prensa.

Bajo este escenario, los oficiales del gobierno que desviaban los recursos sentían que esto a nadie le preocupaba y que sus acciones no tendrían consecuencia alguna. Una vez que se robusteció el sistema de monitoreo, la prensa entró a formar una parte activa del mismo y los rectores contaron con la información suficiente para poder quejarse frente a los faltantes en sus recursos. Esto hizo mucho más difícil para los oficiales continuar con los desfalcos, sin mencionar el aumento en las probabilidades de ser aprehendidos por sus actos.

Esta historia ilustra la importancia que juega la libertad de prensa y el periodismo responsable en los sistemas de monitoreo de los distintos programas de desarrollo económico. La observación continua de las acciones de los oficiales del gobierno en sus diferentes niveles de responsabilidad en relación tanto con la concepción como con la implementación de estos programas, contribuye a la generación de incentivos para el comportamiento ético y responsable, disminuyendo la corrupción en sus diferentes manifestaciones. Adicionalmente, el periodismo responsable puede detectar falencias relacionadas con los detalles de la implementación de estos programas, no necesariamente debidos a temas de corrupción, sino a problemas relacionados con su diseño, en el que se pudo haber perdido de vista detalles importantes.

Las investigaciones descritas sugieren que la libertad de prensa acompañada por un periodismo responsable representa uno de los actores de importancia fundamental para el logro del desarrollo económico en el largo plazo. No es coincidencia que los regímenes autoritarios y represivos procuren silenciar a la prensa, pues al hacerlo debilitan tanto a la oposición como a su nivel de “accountability”. En otras palabras, en escenarios como estos los incentivos para llevar a cabo una buena gestión y mantener la corrupción bajo control podrían reducirse de manera notoria. Es así como el monitoreo constante por parte de una prensa responsable provee un entorno que ayuda a generar los incentivos correctos en la gestión de los diferentes actores.

* Principal LTC, Korn/Ferry International
Región Andina

                                                               
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