Opinión

  • | 2013/12/10 11:00

    Las ‘descuadernadas’ cifras de la educación superior

    Los analistas financieros dicen que las cifras hablan por sí solas. Los abogados usamos la expresión res ipsa loquitur, los hechos hablan por sí solos. Opinión de Obdulio Velásquez Posada.*

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En este análisis expondré las cifras oficiales de la educación superior en Colombia, datos relacionados con calidad, cobertura, deserción y presupuesto que tienen un denominador en común: nadie entiende.

En la tipología de las instituciones, por ejemplo, el país cuenta con 288 Instituciones de Educación Superior; de éstas 81 son universidades, 31 oficiales, una de carácter especial y 49 privadas. El resto son Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas (120); Instituciones Tecnológicas e Instituciones Técnico Profesionales (87). En este punto quizás el lector ya está confundido para distinguir una de otras. Además, a este universo tenemos que agregar al SENA y a las diferentes entidades de educación no formal denominadas Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, manejadas por los gobiernos locales y que superan los 13 mil programas ofertados. Su control y estadísticas aún son un misterio.

Me pregunto: ¿Las cifras hablan o confunden? Por lo menos en tipología tenemos un pesebre en el que cada niño pone su juguete. Ahora, según el censo, la tasa bruta de cobertura de la educación superior en Colombia es del 42 por ciento, notándose progresos significativos desde el 2004, año en el que este mismo índice no superaba el 27 por ciento.

Con relación a la matrícula universitaria, los datos más recientes del Ministerio de Educación Nacional – MEN, señalan que es de 1’958.429 estudiantes. De los cuales el 53 por ciento pertenece a la educación pública y el 47 por ciento, a la privada. No obstante, esta misma cifra dentro de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE, a la que Colombia anhela ingresar, está por debajo en 30 puntos y estamos en la media latinoamericana.

Las cifras de nuevo se pronuncian. Sin duda hemos mejorado; pero si queremos aprovechar “la década de América Latina” como señala el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, no debemos acelerar el paso, sino dar brincos. Pues si queremos llegar a una cobertura que rompa la brecha de la exclusión y forme a nuestros bachilleres para la educación terciaria, el Gobierno nacional deberá hacer un gran esfuerzo económico, de infraestructura, de formación de profesores y de combinación de la educación pública y privada. Sin esto, cualquier esfuerzo será en vano.

Los números de la financiación tampoco son muy claros. Múltiples estudios coinciden, en que si bien el gasto total ha crecido ubicándose en un 1,8 por ciento, con el aumento de la cobertura el gasto por estudiante ha decrecido. Lo que para todos los sectores exige un rediseño del sistema de transferencias regulado por la Ley 30 de 1992.

Con una simple aritmética elemental se puede deducir que si la transferencia de recursos a la educación superior pública ha estado congelada durante dos décadas –con excepción de los esfuerzos del Gobierno Nacional en los últimos dos años–, entonces es imposible pensar que el aumento de cobertura, mayores exigencias en investigación y obsolescencia de los campus universitarios estatales, apalanquen una mayor calidad y además se le exija al país que cuente con una excelente educación pública sin un esfuerzo presupuestal de gran envergadura que, según informes recientes de Fabio Sánchez y Juliana Márquez, estaría entre 32,2 y 59,9 billones de pesos, desde 2010 hasta 2020. Para no ir muy lejos en este nebuloso panorama, un juicioso documento del Sistema Universitario Estatal – SUE, concluye que el déficit de la educación oficial colombiana asciende actualmente a los 11,3 billones de pesos.

Pero el desarrollo de la educación superior no solo se debe enfocar en el ámbito estatal. Un ejemplo de ello es la forma como los gobiernos pasados han fortalecido el ICETEX, una institución que hoy brinda créditos educativos a más de 500 mil estudiantes. Además, este es un modelo económico en el cual se puede sustentar el financiamiento de la educación superior, teniendo en cuenta el retorno que estos miles de profesionales están haciendo al sistema con el pago de impuestos y con el repago de la deuda.

Por otra parte, los indicadores de la deserción en Colombia ponen de manifiesto fallas compartidas de la educación media y la superior. Un reflejo de esto es que de cada 100 estudiantes de bachillerato solo accedan a la educación superior 46 y que de esos solo se gradúen 23. Por niveles de formación, los indicadores de terminación de estudios serían así: 63 por ciento en las técnicas profesionales, 52 por ciento en las tecnologías y del 45 por ciento en las carreras universitarias. La tasa anual de deserción bajo del 13 al 11 por ciento, sin embargo la pérdida de recursos sigue siendo cuantiosa y el atraso en el desarrollo social es inconmensurable.

En conclusión, las cifras nos hablan de las fortalezas y debilidades de nuestro sistema. Se requiere voluntad política para superar los atrasos y recursos que trasciendan los cálculos electorales inmediatistas.

* Rector Universidad de La Sabana
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