La voz del pueblo es la voz de Dios

No en vano la población se manifiesta de esta manera y por eso cabe hacernos una reflexión institucional muy seria para devolverles la confianza a los colombianos.

Con todo y lo que implica una desaprobación que alcanza niveles históricos del 72% a la gestión del Presidente de la República, según la última encuesta de Gallup; son aún más alarmantes los recientes sondeos que han medido la percepción y favorabilidad de distintas entidades del Estado y que revelan que Colombia está en medio de una profunda crisis institucional. Esta crisis abarca todas las esferas de lo público. La seguidilla de escándalos, la corrupción y el deterioro de nuestra situación macroeconómica han tenido efectos severos sobre la percepción que tienen los colombianos del país. Por esta razón, el Gobierno Nacional y demás instituciones públicas no podemos postergar un ejercicio de reflexión que conduzca a adelantar las reformas necesarias para devolverle a la ciudadanía la confianza que se ha perdido.

Hace varios años nos acostumbramos a que en Colombia instituciones como el Congreso de la República y los partidos políticos tengan una imagen desfavorable. Sin embargo, hemos experimentado un crecimiento constante en esta percepción desde hace algunos años que actualmente se traduce en cifras de desfavorabilidad sin precedentes en los últimos quince años. La imagen negativa del Congreso que nos arrojan los datos de la encuestadora ya mencionada es hoy del 76% y la de los partidos políticos viene oscilando entre el 72 y el 81% en lo corrido del 2016.          

Ahora bien, lo grave es que esta mala imagen se ha empezado a extender hacia otras instituciones tradicionalmente ajenas a las coyunturas económicas, la corrupción y a los vaivenes de la política.  La percepción del sistema judicial, por ejemplo, está verdaderamente en rojo. El sistema judicial había mantenido un comportamiento relativamente estable y no era considerado ni bueno ni malo por los colombianos.  No obstante, la percepción negativa del sistema se ha acelerado en los últimos cinco años y hoy, sin estar en medio de un paro judicial, es superior al 80% (Gallup).

Lo propio sucede con instituciones como la Corte Suprema, la Corte Constitucional, la Fiscalía e incluso la Policía Nacional. Estas instituciones siempre habían estado entre los afectos de los colombianos, pero en la actualidad tienen porcentajes de desfavorabilidad del 63, 59, 57 y 59% respectivamente (Gallup). La Corte Suprema y la Corte Constitucional han sido para muchos ciudadanos estandartes de la democracia colombiana, algo que no se puede perder.

 Es necesario hacer un alto y pensar en las consecuencias que la generalización de una imagen desfavorable en prácticamente todas las instituciones públicas y políticas del país podrá tener en los escenarios que plantea el postconflicto. Un país con dificultades económicas y serios problemas de corrupción, donde un 82% de la ciudadanía cree que la situación económica está empeorando y un 85% de la población opina lo mismo de la corrupción; donde, además, la desconfianza hacia lo público y político está enquistada, es un país que se percibe inviable y abre la puerta a soluciones populistas y radicales.

 ‘Vox populi vox dei’. En panoramas pesimistas como el actual uno solo atina a pensar que la descalificación general de los ciudadanos a instituciones insignias de nuestro país es producto de momentos coyunturales pero también de una acumulación de malos manejos durante años. El progreso de una sociedad se mide de acuerdo a la fortaleza de sus instituciones y aquí lo cierto es que el pueblo está pidiendo a gritos transformaciones urgentes.