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Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda.

| 8/9/2013 3:00:00 PM

La venta de Isagen

El Gobierno Santos ha dicho que la venta de Isagen responde que invertir en ésta dejó de ser estratégico y necesita recursos para infraestructura. Opinión de Jorge Humberto Botero.

por Jorge H. Botero

El propósito del Gobierno de enajenar su participación mayoritaria en Isagen, se conoció la semana pasada. Y para adoptar esta determinación, el mismo invoca dos razones: que su inversión en ella ha dejado de ser estratégica; y que requiere liberar recursos para utilizarlos en el componente estatal de su programa de infraestructura vial. Para evitar suspicacias, ha señalado que la asignación de los recursos se realizaría por el nuevo gobierno.

Como ciudadano, y miembro de la Junta Directiva de Isagen, comparto esta iniciativa. Gracias a las reformas legales realizadas por la Administración Gaviria, se pudo clausurar un conjunto de empresas estatales ineficientes y corruptas; y abrir la participación, que ha sido exitosa, de empresas particulares en el suministro de energía. Que el Estado sea un proveedor directo de estos servicios ha dejado de ser relevante.

Es incontrovertible la necesidad de realizar cuantiosas inversiones en carreteras. Cabe esperar que el grueso de las inversiones del plan "Cuatro G." sea realizado por actores privados, aunque de todos modos conviene que exista un componente estatal, precisamente para construir, mantener y operar aquellos tramos que, siendo importantes para el país, no resultan atractivos para empresarios particulares. Por ejemplo, para conectar zonas de agricultura campesina con los centros de consumo.

Variado es el repertorio de razones contra esta iniciativa. El Estado es el vehículo adecuado para hacer prevalecer el interés común sobre los privados, los cuales suelen ser antagónicos a las conveniencias sociales. Podría deteriorarse el compromiso de Isagen con los principios de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. El momento es inoportuno; la empresa podría valer más cuando entre a operar la central que construye en el río Sogamoso. El motivo verdadero de la operación consiste en que el Gobierno tiene una brecha presupuestal que quiere financiar vendiendo sus acciones en Isagen.

Al argumento ideológico -participación estatal y bien común son la misma cosa- opongo hechos: la satisfacción de intereses sociales por empresas privadas suele arrojar resultados positivos; hoy tenemos mejores puertos, telecomunicaciones y servicios financieros. También mejor suministro de energía, que cuando ella se suministraba, primordialmente o en régimen de monopolio, por el Estado.

No podemos olvidar que habernos liberado de la tiranía de entidades como Puertos de Colombia, Telecom, la Caja Agraria y el ISS fue un progreso notable. La regulación y supervisión estatales de servicios suministrados en régimen de mercado por empresarios particulares constituye, aunque no siempre, una mejor alternativa a la inversión estatal directa.

La preocupación porque desaparezca del ADN de Isagen su compromiso ambiental y social carece de fundamento. Esos valores pueden estar igualmente arraigados en el sector privado; garantizar su vigencia es tarea primordial de las autoridades. Tampoco tiene sentido esperar a que la central en construcción comience a operar: sus ingresos futuros necesariamente inciden en el precio actual de la compañía. Y en cuanto al supuesto móvil consistente en resolver un problema coyuntural de caja, bien sabemos que el dinero es fungible; una vez ingresa a la Tesorería puede usarse para pagar cualquier obligación exigible. Para garantizar que los recursos estatales se utilicen para determinados fines existe la disciplina del Presupuesto Nacional.

De acuerdo, pues, con el Gobierno, tengo dos observaciones: a) la política tendría que ser más ambiciosa; debería considerarse la enajenación de muchas otras empresas estatales, comenzando por Ecopetrol, y continuando por las que operan en campos tales como servicios financieros y de transporte aéreo en los que la competencia genera precios y calidades adecuados; b) es necesario crear con antelación una institucionalidad robusta para garantizar que esos recursos se reinviertan con rigurosos criterios de rentabilidad social y económica.

* Presidente de Fasecolda

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