Opinión

  • | 2016/08/28 00:01

    La paz en épocas de vacas flacas

    Tener las cuentas claras para el posconflicto es de la mayor importancia pues el Gobierno debe ser consciente que cualquier reforma que se haga no puede menoscabar nuestra sostenibilidad fiscal.

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Tras cuatro años de negociaciones el Gobierno Nacional y las Farc han llegado a un acuerdo para ponerle fin a un conflicto de más de 50 años, siendo esta la noticia más esperada por muchos colombianos en las últimas décadas. La mayoría de los sectores económicos del país reaccionaron positivamente tras la firma de los acuerdos pero también son conscientes del gran reto que supone la implementación de los mismos. La firma de los acuerdos es apenas el primer paso en la consecución de la paz duradera que anhelamos. Aún falta por definirse si la sociedad va a aprobar en su conjunto lo pactado en La Habana y, si es así, de dónde van a salir los recursos que garanticen su cumplimiento.

Aunque es prematuro hacer estimaciones en relación al costo del posconflicto, el Ministerio de Hacienda y el DNP, entre otros, ya tienen en sus manos el documento final y deberán iniciar cuanto antes la tarea de cuantificar la suma de la que estamos hablando. Hemos empezado a conocer cifras referentes a las asignaciones mensuales y demás incentivos económicos que recibirán los guerrilleros desmovilizados; sin embargo, estos cálculos no dicen mucho porque estos dineros terminarán siendo más bien menores en comparación con lo que costará poner en marcha la reforma rural integral acordada o la reparación de las víctimas.

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Tener las cuentas claras es de la mayor importancia porque la financiación del posconflicto debe hacerse de una manera que ante todo sea consistente con el buen manejo de las finanzas públicas y que no menoscabe nuestra sostenibilidad fiscal. Gracias a nuestra reciente política fiscal, la economía colombiana goza hoy de una credibilidad y confianza internacional sin precedentes, y esto se ha traducido en mejores calificaciones de riesgo y en un menor costo de financiamiento. Ese es un activo invaluable que debemos proteger, más aún si queremos capitalizar todos los beneficios que un proceso de paz satisfactorio nos puede dar en términos de crecimiento y desarrollo económico.

La paz con las Farc nos llega en época de vacas flacas. Por un lado, hemos perdido los cerca de 3 puntos del PIB que representaban para el Estado los ingresos del sector minero energético y, por otro, estamos a punto de discutir una reforma tributaria que se anticipaba bastante difícil de sacar adelante incluso sin contemplar que la misma incluyera tributación adicional para el posconflicto. A esto se suman las presiones sobre el gasto del gobierno en costos de financiamiento debido al alza en las tasas de interés y el tipo de cambio y, además, que el mismo Ministro del posconflicto ha manifestado que los recursos internacionales no alcanzarán a cubrir ni el 5% de los costos asociados para materializar los compromisos adquiridos en la Habana. Así las cosas, el panorama que se presenta a la hora de hablar de los recursos para financiar la implementación de los acuerdos es más que difuso.

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Lo lógico será entonces restablecer las prioridades del gasto público y las diferentes asignaciones del presupuesto. Esto permitirá liberar recursos para el posconflicto sin poner en más aprietos al fisco. El Gobierno Nacional tampoco podrá renunciar a la persecución de los bienes de las Farc, estos recursos tienen que ser un componente importante en los fondos con los cuales se reparará a las víctimas del conflicto armado.

En el caso que los colombianos ratifiquen el acuerdo final, como ciudadanos responsables con nuestro país tendremos que asegurarnos que su financiación sea sostenible en el tiempo. La ejecución de lo acordado en la Habana implicará un esfuerzo enorme para las diferentes agencias del estado, a todos sus niveles, y para la ciudadanía. Como eventuales financiadores del acuerdo de paz deberemos ser los más interesados en vigilar las decisiones que se tomen para obtener los recursos de un posible posconflicto y que se logre poner en marcha la reforma rural integral así como la reparación a las víctimas. De no hacerlo correríamos el riesgo inmenso de entregarle a las Farc la excusa más efectiva para hacer movilizaciones que logren consolidar su plataforma política.

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