Opinión

  • | 2016/10/21 00:01

    La educación en Colombia al garete

    Sorprende que la entidad pública más importante de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, vaya a completar 2 meses sin Ministro.

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Quienes conocemos el funcionamiento del Estado en Colombia no podemos ignorar el efecto negativo que tiene para el equipo directivo y demás funcionarios de un Ministerio o de una entidad pública no contar con un jefe nombrado en propiedad y con el respectivo apoyo técnico y político que lo avala. En estos casos las decisiones complejas se posponen y la interinidad impide el desarrollo y la concreción de los programas.  

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Sorprende que no exista Ministro de educación en propiedad desde el 30 de agosto, dadas las responsabilidades y la importancia de este Ministerio en la política educativa y social del país, las cuales son enormes, veamos: El MEN tiene incidencia directa en la matrícula de 8.3 millones de estudiantes de la educación oficial en Colombia, la cual funciona en 41.736 sedes educativas por todo el país con más de 320.000 docentes. A las cifras anteriores se deben agregar los 1.6 millones de estudiantes de colegios privados y 2.3 millones de estudiantes de la educación superior, más sus respectivos docentes. Luego son cerca de 13 millones de personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo que a diario asisten o laboran en un sistema educativo cuya responsabilidad es del MEN. Así mismo, los más de 34 billones de recursos públicos del sector educativo ($31.6 billones presupuesto nacional y más de $3 billones de recursos de las entidades territoriales) hacen del Ministerio la institución nacional con mayor presupuesto del país. Sin embargo, el MEN no tiene Ministro, y lo peor, parece no importar que no lo tenga.

También sorprende que no haya Ministro de educación porque el presidente Santos logró para su elección en la segunda vuelta el apoyo de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, de importantes organizaciones del magisterio tales como CANAPRO, CODEMA y SINDODIC, así como de diversos expertos del sector educativo. Además, por primera vez en los últimos gobiernos la educación se constituyó en uno de los 3 pilares del Plan Nacional de Desarrollo, PND, “Todos por un Nuevo País”, junto con la equidad y la paz. En las bases de dicho PND se sostenía que “la paz favorece la equidad y la educación, la equidad propicia la paz y la educación, y la educación genera condiciones de paz y equidad”.  Lo anterior es cierto, pero hasta ahora el MEN no ha logrado movilizar a los colegios y menos a los docentes en torno a la paz. La cátedra de la paz y una acción decidida de colegios, docentes y padres de familia a su favor han sido las grandes ausentes del proceso de paz.

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Además, el PND “Todos por un Nuevo País” asumió la educación como el “más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos” (Ley 1753 de 2015). Lo anterior es cierto, pero mientras no se mejore la calidad de la educación de los más pobres y se creen universidades con ubicación y programas estratégicos para aumentar el acceso de los estudiantes (cobertura del 50%) y la pertinencia de la educación superior, el punto de la equidad es un canto a la bandera.

También sorprendió, en su momento, que, a pesar del acompañamiento de los docentes y sus organizaciones, el Presidente Santos decidiera nombrar al frente del Ministerio de Educación a Gina Parody, mujer sin duda inteligente y capaz, pero que no conocía el sector y menos de política educativa y sus complejidades. Les recuerdo que durante los últimos cinco gobiernos el país no ha tenido una política pedagógica sería y coherente, que no estandarice y que acepte las disparidades regionales y la autonomía de los colegios. A cambio de política pedagógica el enfoque ha estado en las pruebas, los rankings, los índices sintéticos de calidad y los derechos básicos de aprendizaje,  todas ellas acciones de llegada —productos finales dirán algunos— pero que no tocan y afectan el proceso educativo de manera real. Una política educativa fuerte y coherente involucra un enorme esfuerzo de trabajo con los docentes, facultades de educación y comunidad educativa, esfuerzo que los gobiernos prefieren soslayar.

Destaco de la exministra Parody los programas de jornada única, el plan nacional de construcciones escolares, la propuesta de colegios 10 y su reclamo, bien sustentado, por mayores recursos para el sector educativo, a pesar de que en este gobierno, por primera vez, el sector educativo tiene la mayor participación en el presupuesto nacional, por encima del sector defensa. En palabras de la exministra: “Chile invierte 4.500 dólares al año por estudiante. Nosotros, con la devaluación, invertimos alrededor de dos millones y medio de pesos, o sea, 800 dólares. En la OCDE el promedio es de 8.400 dólares por estudiante al año. Por ahí comienza la inequidad”.

La exministra nunca logró el acompañamiento y la armonía de trabajo que se requiere con los docentes, las organizaciones del magisterio y del sector. En política educativa nada se logra sin el compromiso de los docentes.

Las propuestas del Plan Nacional relacionadas con la educación y la paz y equidad, y en general el impacto de la educación con el desarrollo social, político y económico de la población, a nivel macro, tienen pocos reparos, y con seguridad concretar estos propósitos educativos requerirá el esfuerzo de éste y de varios gobiernos (jornada única, construcciones de colegios y mejora de la calidad tienen metas a 2030).  Para empezar, se requiere contar ya con un buen ministro o ministra de educación con experiencia y conocimiento del sector.

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