Opinión

  • | 2016/12/08 00:01

    La desaparición forzada en Colombia (Parte II)

    Voy a abordar las razones, las modalidades y los efectos de este monstruoso delito de lesa humanidad.

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Con relación a los 60.630 desaparecidos forzados en el marco del conflicto armado en Colombia, cifra mayor a la suma de los de Argentina, Chile y Uruguay, siguiendo la investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica (2016): “Hasta encontrarlos”, voy a abordar las razones, las modalidades y los efectos de este monstruoso delito de lesa humanidad.

De acuerdo al CNMH, son tres los propósitos de la DF: 1) castigar y dejar mensajes aleccionadores tendientes a inhibir ideologías y prácticas políticas y sociales; 2) generar terror y así ganar y ejercer control, debido al potencial simbólico de este delito y 3) ocultar crímenes, eliminando los cadáveres de las víctimas y borrando evidencias.

La práctica de la DF señala cuáles son las acciones que merecen castigo: en el campo político –opciones políticas diferentes o simpatizantes del enemigo-, limpieza social –presuntos delincuentes, consumidores y traficantes de drogas, entre otros-, castigo a miembros de los grupos armados que simpatizan con el enemigo, y el control territorial mediante el castigo a quien se niegue a abandonar territorios, o a ingresar a zonas consideradas prohibidas.

La provocación del terror se hace para que la población reconozca un inmenso poder de los actores armados y se opte por la sumisión. Para ello en la práctica todo tipo de lugares asumen un valor simbólico de desapariciones: hoteles, escuelas, cuarteles, haciendas, parques, plazas, vehículos, viviendas, iglesias, y hasta hornos crematorios, y son espacios en donde se cometieron y cometen toda clase de acciones de tortura, sevicia y perversión inimaginables. La exhibición de la inaudita agresión al cuerpo de la víctima también genera terror, mediante la circulación de cadáveres en condiciones de vejación extrema.

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El ocultamiento se realiza, en primer lugar, con el propósito de invisibilizar la responsabilidad del victimario, y que las denuncias de las víctimas carezcan de pruebas; en segundo lugar, de reducir la dimensión de la violencia evitando la condena de la ciudadanía y la atención de los organismos internacionales; y, en tercer lugar, la manipulación de las cifras de las bajas en combate, tanto en los grupos subversivos como por parte del Ejercito Nacional en el caso de los “falsos positivos”.

Con relación a los mecanismos de ocultamiento, la inhumación –entierro- en fosas clandestinas, se ha hecho con descuartizamiento, aplicación de agentes químicos para disminuir olores y cortes en determinadas partes del cuerpo para acelerar la descomposición.

En cuanto a las modalidades de la DF, el CNMH, identifica los mecanismos de privación de la libertad –retenciones mediante la fuerza, y mediante engaño-; en el caso de los “falsos positivos” implica una macabra planeación y ejecución, incluida la simulación de enfrentamiento armado.

La ejecución de la violencia contra las víctimas tiene que ver con la tortura, la violencia sexual y el asesinato. La sevicia es el exceso por el dolor y degradación de los cuerpos que la padecen; ésta incluye desmembramientos, degollamiento, decapitación y la esviceración, en ocasiones con personas vivas. Para ello se establecieron “escuelas de la muerte” en las que a los reclutas se les “entrenó” en vivo en estas inhumanas y dementes acciones criminales.

En cuanto a violencia sexual, sobretodo las mujeres fueron víctimas, en ocasiones, de actos inenarrables en este medio por decisión mía, algunas de ellas embarazadas. Sobre el asesinato, en general se hace generalmente sin la presencia de un tercero, que con el ocultamiento del cuerpo, se genera carencia de medios de verificación, y produce una inmensa angustia a las personas cercanas a la víctima.

Entre las formas en que los victimarios han manipulado los cadáveres, el CNMH, menciona: la inhumación (entierro) en fosas clandestinas; la introducción de estos a hornos crematorios (Juan Frío de Villa del Rosario en Norte de Santander); también han sido arrojados a ríos u otros cuerpos de agua; asimismo, han sido abandonados o lanzados a lugares de difícil acceso, como zonas inhabilitadas para ser frecuentadas o precipicios, para que se lleve a cabo el proceso de descomposición o para que sean devorados por animales.

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Con relación a los daños causados por la DF, el CNMH demuestra que se causan a la víctima, familias y allegados, y a la sociedad en su conjunto. Esa dualidad vida-muerte, debido a que se trata propiamente de muerte en vida, genera un sufrimiento inmenso y duradero, y cuando el cuerpo de la víctima aparece desfigurado o incompleto origina profundos sentimientos múltiples y contradictorios de dolor, terror, rabia, hasta cierto alivio por la aparición del cuerpo, y desconocimiento de la identidad del ser querido.

Los daños morales consisten en los señalamientos que los perpetradores hacen de conductas de las víctimas, imputaciones y falsas acusaciones, que afectan el nombre, honra y sobre todo la dignidad humana de las víctimas y de sus familias. Estoy plenamente de acuerdo en que, como lo plantea el CNMH: “El aducir legitimidad al desarrollo de la desaparición forzada por razones de pertenencia o militancia política, debe ser rebatido por la naturaleza inhumana, ilegal y vulneradora de los derechos humanos propia de la desaparición forzada” (pág. 280).

Los daños psíquicos y emocionales están ampliamente documentados, a través de la afectación con enfermedades de este tipo en familiares y allegados: depresión, somatización, desconfianza afectiva, demencia. Daños socio culturales porque afectan los vínculos sociales, los procesos organizativos, los proyectos comunitarios y las costumbres de las comunidades. Se causan daños materiales debido al rol de la víctima ausente y los cambios que ello induce: reducción del nivel de vida, imposibilidad real de lograr proyectos de vida en miembros de la familia. Y los daños políticos, ya que por el terror se inhibe la participación ciudadana, el surgimiento de diversos tipos de liderazgos; también, cuando se involucran agentes del Estado, se pierde la confianza en el Estado, con lo cual se afecta profundamente uno de los pilares de la democracia, cual es la certeza que el Estado es el responsable social y legal del cuidado de los ciudadanos.

Pero uno de los daños más letales de la DF, y debido a las condiciones particulares de la sociedad colombiana, es que se ha instaurado un círculo siniestro: la sociedad ha sido víctima, pero la sociedad ha victimizado a los sujetos de la DF a partir de su desconocimiento, indiferencia y acostumbramiento a este horror. El reto es romperlo, para superar la real amenaza de un Estado fallido, a partir del fortalecimiento de una vibrante sociedad civil desde lo local como amanecer de un País incluyente, tolerante y moderno.

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