Inversión, posconflicto y crecimiento

El arranque del año en materia de inversión en el posconflicto parece no estar del lado del Estado, las demoras en la adecuación de las zonas de agrupamiento de las Farc, y la polémica por el precio de los insumos para la alimentación de los insurgentes agrupados, ha dejado en evidencia que ejecutar la inversión para el posconflicto requiere algo más que la visión optimista de un país que dejará atrás un conflicto armado que lo ha azotado por más de 50 años.

Hasta ahora el sector privado no ha mostrado entusiasmo por los beneficios en crecimiento que la economía puede obtener por la terminación del conflicto, que se calculan serán de mínimo 1% más de PIB.

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Bajo esa circunstancia tendrá que ser el Estado el que lidere las inversiones que deben hacerse para consolidar su presencia en los territorios que antes eran dominados por la guerrilla y que por orden lógico deben ser ahora dominados por la presencia del Estado para evitar que fuerzas ilegales, como las Bacrim y la minería ilegal, ocupen los espacios dejados por las Farc y se pase de un problema a otro.

Considerando las estrecheces fiscales del Gobierno Central y las limitaciones al endeudamiento que impone la regla fiscal, es necesaria una reorganización de las fuentes de financiamiento de las que dispone la Nación para poder hacer frente a las inversiones que se necesitan para consolidar efectivamente la etapa de posconflicto.

La carga de las inversiones no puede estar solo en cabeza del Gobierno Central, por el contrario, esa carga debe estar distribuida entre todas las formas de gobierno, es decir, gobierno central, gobernaciones y municipios. La razón por la que debe ser así es muy sencilla y es que los beneficios de la consolidación de la paz en todo el territorio nacional benefician al país como un todo, no únicamente a fracciones de la República.

Sin embargo, el rol que debe jugar el Gobierno Central es de liderar las inversiones como principal patrocinador de los proyectos (invirtiendo recursos del orden nacional), canalizando recursos desde otras fuentes, (como créditos y garantías desde los bancos de segundo piso) y ajustando el marco legal para permitir la coordinación del gobierno central, y los gobiernos regionales.

La destinación de recursos de regalías de ciencia y tecnología a la construcción de vías terciarias es un buen paso en la dirección correcta. Antes de pensar en tecnología es necesario tener la infraestructura básica desarrollada, para conectar el campo con las ciudades y dotar de bienes públicos las áreas que han sufrido con mayor intensidad el conflicto.

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Los gobiernos regionales deben contribuir con una parte de los ingresos por transferencias que reciben para financiar la etapa de posconflicto, que según el DNP constará de $90 billones distribuidos durante los próximos diez años.

No obstante, el mayor esfuerzo debe hacerse desde ahora para generar confianza y garantizar la ocupación estatal en los territorios. En ese aspecto es importante que el Gobierno Central apoye a los gobiernos regionales en el fortalecimiento de sus ingresos, por ejemplo, ayudando a la actualización de los catastros – que son una fuente importante de ingresos – y protegiendo otras fuentes que han venido ganando importancia en las finanzas territoriales como la sobretasa a los combustibles.  

Las APP son otro vehículo para canalizar inversiones, pero tienen limitaciones. Sin embargo, el desarrollo de infraestructura física, como acueductos, carreteras, escuelas, hospitales, distritos de riego y drenaje, e incluso infraestructura dotacional pueden ser desarrollada bajo APP, pero aún falta avanzar en el marco normativo y las fuentes de financiamiento a largo plazo para ese tipo de proyectos.

Por último, se necesita que el Gobierno lidere la asistencia del sector privado para consolidar la etapa de posconflicto, generando empleo de calidad, otorgando crédito a los proyectos relacionados con esa etapa, e invirtiendo en los territorios más apartados. En eso desamina las voces que se han oído de algunos líderes gremiales, que han manifestado que no tienen planes de involucrarse de ninguna manera, dando un mensaje como de excluirse de la realidad del país, que va más allá de las ciudades principales.

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