Opinión

  • | 2017/10/13 00:01

    Inseguridad jurídica

    Definitivamente somos un país privilegiado por muchas cosas. En el tema de la inversión extranjera lo somos por estar en tan mal vecindario, eso hace que nos veamos bien sin estarlo tanto. Hasta ahora las calificadoras de riesgo nos tienen en grado de inversión -dos escalones arriba del grado de especulación- y aunque existe una probabilidad grande de que el próximo año nos bajen un escalón, seguiremos estando por encima de esa frontera.

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Es importante resaltar que el que gane la presidencia tendrá que convencer a las calificadoras de que va hacer un recorte de gastos y va a ordenar las finanzas públicas. Este gobierno desafortunadamente derrochó muchos recursos en aras del proceso de paz y del mantenimiento de la mal llamada Unidad Nacional (o mermelada) para que los congresistas le pasaran sus proyectos.

Si hay algo que siempre ha tenido a los inversionistas extranjeros y a los colombianos asustados de invertir en el país ha sido la inseguridad jurídica, esa falta del principio de derecho, universalmente reconocido, que se basa en la «certeza del derecho», tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público.

Cuando revisamos la definición anterior nos damos cuenta que en ese tema el país está muy mal. Además del cambio de reglas que han tenido los inversionistas extranjeros durante todo el tiempo de su inversión, ahora se les suma todas las inconsistencias y desaciertos que tiene el proceso de paz empezando por el aumento de las trescientas diez páginas a la Constitución.

Adicionalmente, con la creación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), de la que los entendidos dicen se parece mas a un mecanismo de venganza creado para que los guerrilleros puedan vengarse de las personas y empresas de los combatieron durante años, además hay un sentir general que los jueces escogidos tienen una tendencia muy grande hacia la izquierda y que seguramente terminarán impartiendo justicia amañada.

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Pero ¿qué temas se deben trabajar fuertemente para cambiar esa percepción y lograr que llegue más inversión extranjera que nos lleve a una senda de desarrollo, de creación de empleos y de crecimiento económico por encima del cuatro por ciento que es lo que necesitamos?

Son muchos, pero si logramos organizar tan solo dos temas podríamos hacer la diferencia. El primero es el tema tributario, no podemos ser un país que cambie las reglas del juego tributario todos los años vía reformas que solamente busquen tapar el déficit fiscal y los huecos que se van dejando año a año en las finanzas públicas. Necesitamos una verdadera reforma estructural que cambie el sistema y lo modernice para el futuro.

Segundo, debemos aclarar de una vez por todas y hacia el futuro el tema minero. No puede ser que vía consultas populares estemos destrozando la economía de país. Entendiendo que, aunque el subsuelo es del Estado y una consulta popular de un municipio no puede parar su exploración, es muy difícil para las compañías seguir trabajando con los habitantes en contra.

Soy un convencido que la prohibición de la minería legal solamente aumenta la ilegal y que como Canadá podríamos ser un país que aprovecha los recursos mineros y con su exploración generar progreso y al mismo tiempo proteger el medio ambiente y sus recursos hídricos. Esto es un tema  de gerencia, de seguimiento y de control.

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Cuando cambiamos las normas no solo espantamos la inversión si no también nos vemos avocados a demandas millonarias, perdemos por lado y lado.

La economía es solo una y no debe politizarse, desafortunadamente la izquierda ha convertido en un triunfo estas consultas mineras que nos están llevando a un precipicio. Por ahora sería lógico que el municipio que prohíba la minería, no reciba transferencias producto de la minería.

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