Opinión

  • | 2017/03/23 00:01

    Historia de un amor pensional

    Cuando el médico de Marco Antonio Romero le informó a su paciente que su cáncer de pulmón había llegado a fase terminal, a sus 80 años, sintió por primera vez que sus días estaban contados. Había enviudado dos años atrás, era hora de descansar.

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Ese fin de semana don Marco Antonio organizó una reunión con sus 5 hijos y 9 nietos. El reto consistió en organizar su proceso de sucesión. Uno de sus hijos, Andrés, abogado especialista en seguridad social, alertó a la familia, “Papá, cuadremos el tema de su pensión de Colpensiones. Ninguno de nosotros la puede heredar, pero una amiga sí. Ella nos pagaría 20 millones, suficiente para arreglar las escrituras y otros gastos. Solo se tendría que casar con ella”. La propuesta se aprobó unánimemente.

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Andrés entendía la norma. La llamada pensión de sobrevivencia no le podía quedar ni a él ni a sus hermanos: todos tenían más de 25 años y ninguno tenía condición de invalidez. También sabía que esa “platica” se podría perder porque su papá no tenía ni cónyuge ni compañera temporal o permanente.

Los papeles de la unión entre Lucy y don Marco Antonio se firmaron, previo traspaso de bienes a la familia Romero. Los esposos se conocieron el día de la “boda”, este era un legítimo amor pensional. Lucy Esperanza, la “enamorada” de 35 años, esperó unos meses por el deceso de su esposo. Desde ese y hasta el día de su muerte, percibirá los $2.950.958 (4 salarios mínimos mensuales) que recibía don Marco Romero.

Al final Lucy hizo un negocio redondo a costa de los colombianos, incluidos los nietos de su difunto esposo. Si ella, una mujer soltera de 35 años, se hubiese acercado a una aseguradora a adquirir una renta vitalicia o pensión por ese monto, habría tenido que pagar $1.146 millones. Si el valor de la renta le causa sorpresa, la explicación es simple: Lucy podría vivir 45 años más. En este caso, al tratarse una pensión de Colpensiones, los que pagamos el arreglo de los Romero con Lucy fuimos los contribuyentes. Esos $1.146 millones no se destinarán a carreteras, hospitales o colegios.

Casos iguales o peores a este se repiten todos los días en otros regímenes pensionales públicos (Cajanal, Magisterio, Ecopetrol, Foncolpuertos, etc). Pensionados mayores se casan con personas menores para alargar este beneficio. Lamentablemente no existen estadísticas para mostrar el tamaño del fraude. Algunos asegurarán que es más la plata que se han robado los ex congresistas que viven con pensiones de $20 millones, frente a la mínima suma que heredó Lucy. Otros dirán que no importa, porque a la larga el Estado paga. Las dos posturas tienen en común la deshonestidad y el desprecio por los recursos públicos.

Don Marco Antonio se fue del mundo sin dejar un buen ejemplo familiar. Mauricio, Humberto, Sandra y Margarita, los otros hijos del señor Romero, fueron igual de cómplices a su hermano Andrés. Además, este proceder lo aprobaron frente a sus propios hijos, perdiendo así una nueva generación de ciudadanos íntegros. No sería extraño que alguno de los nietos Romero repitiera la historia o aceptara un soborno en un contrato púbico.

Aunque no todas las familias proceden igual que los Romero, el país, en todas las regiones y estratos, está lleno de personas que buscan el esguince a la regla. Registro de hijos de terceros, trámites notariales para certificar falsos compañeros permanentes y falsificación de documentos, son solo una muestra del “ingenio chibcha”.

Esta historia genera algunas inquietudes finales. ¿Las pensiones de sobrevivencia deberían ser siempre del 100% de la pensión original? ¿En el régimen privado se repiten estas historias? ¿En estos casos no debería primar la realidad sobre la formalidad? ¿De qué manera se protege el Estado para evitar estos desfalcos?

Ojalá sean objeto de discusión en una necesaria y urgente reforma pensional.

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* Los nombres de la historia son ficticios.

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