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Formalidad, paternalismo y la importancia de la reforma tributaria

Es relevante recordar que el propósito de la reforma tributaria es compensar el faltante de ingresos generado por la desaparición de buena parte de los ingresos petroleros y la inestabilidad generada por los impuestos transitorios.

Germán Verdugo
26 de octubre de 2016

Finalmente, la semana pasada el gobierno nacional radicó en el Congreso el proyecto de la tan esperada y anunciada reforma tributaria “estructural”, casi un año después de que la comisión de expertos hiciera entrega del documento final con las recomendaciones para mejorar la estructura tributaria en el país.

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Es relevante recordar que el propósito de la reforma tributaria es compensar el faltante de ingresos generado por la desaparición de buena parte de los ingresos petroleros y la inestabilidad generada por los impuestos transitorios. En todo caso, debería aprovecharse para enfrentar decididamente tanto el alto nivel de informalidad como el paternalismo estatal creciente que ha hecho del gasto público un asunto insostenible para la realidad económica del país.

La definición tradicional entendida como aquellas personas que no cotizan al Sistema General de Pensiones permite establecer que la informalidad laboral en Colombia se encuentra alrededor del 65%, siendo un registro alto en un comparativo internacional. Al respecto vale recordar que la informalidad no permite alcanzar remuneraciones dignas, ni servicios de seguridad social; así como restringe el acceso al sistema financiero y hace poco probable obtener una pensión de vejez. Esta problemática afecta negativamente la productividad y la inversión en el país, al tiempo que presiona el gasto público para compensar las falencias mencionadas sobre esta población.

El alivio a las empresas que significó la reducción de los pagos parafiscales o impuestos a la nómina junto con los ingresos extraordinarios del petróleo se transformaron en un complejo esquema de subsidios mal focalizados e ineficientes dirigidos, esencialmente, hacia la población informal. Esto, desafortunadamente, no se ve reflejado en la disminución de la desigualdad y, más bien, sirve para alimentar la voraz corrupción a lo largo y ancho de la geografía nacional, al tiempo que genera incentivos para la población “beneficiada” para no capacitarse ni insertarse a la economía de manera productiva.

Esta situación se manifiesta en: 1) Aumentos a la carga tributaria de las empresas; 2) Aumentos en la carga tributaria de los empleados del sector formal y; 3) Continua ampliación de la base tributaria del impuesto de renta para personas naturales. Lo anterior con el objetivo de mantener el creciente “gasto social” en estructuras como familias en acción, régimen subsidiado de salud, subsidio a pensiones, viviendas gratis o el programa Colombia Mayor, entre otros.

Lo realmente paradójico es lo garantista o, más bien, paternalista que es el Estado colombiano, a pesar de ser un país con ingresos muy distantes de los países de ingresos altos. Según cifras no oficiales, el SISBEN (Sistema de Selección de Beneficiarios) diseñado para focalizar subsidios de salud, becas, trabajos públicos, entre otros, cuenta con 34 millones de personas registradas 71% de la población y se calcula que hay 653 mil colados, indicador que contrasta  con un nivel de pobreza de alrededor del 32% en el país.

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En Colombia, el gasto en salud de 7% del PIB es similar al de un país de ingresos altos y de allí, el 74% corresponde a gasto público. Actualmente, la cobertura de salud en el país es casi universal (97%) gracias a que el régimen subsidiado en salud cuenta con cerca de 23 millones de afiliados, mientras que el régimen contributivo tiene cerca de 21 millones. Entre tanto, alrededor de 2,6 millones de familias son beneficiarias del programa Familias en Acción y el programa Colombia Mayor cuenta con cerca de 1,25 millones de adultos vinculados.

Sin embargo, a pesar de este elevado y creciente “gasto social” el resultado en términos redistributivos es, a todas luces, decepcionante. Según un estudio publicado por la CEPAL en 2015 titulado ”Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina”, en Colombia, El Salvador, Paraguay y República Dominicana, el impacto del impuesto a la renta y las transferencias, en promedio, solo reduce un punto el índice de Gini. En cambio, en los países de la Ocde este índice disminuye 17 puntos.

Específicamente en Colombia el índice de Gini pasa de 0,531 antes de impuestos a 0,52 después de impuestos, ubicándose en un deshonroso lugar entre los países menos eficientes para disminuir la desigualdad. Por otra parte, el mismo estudio concluye que en muchos casos, el aumento del gasto público redistributivo ha sido financiado a partir de impuestos regresivos, por lo que los efectos netos de la política fiscal se ven sustancialmente reducidos.

Por todo lo anterior, en lugar de seguir buscando la solución al mismo problema con la única medicina de más y mayores impuestos, se requiere hacer una reingeniería o “reforma estructural” a la política social y a la forma en que se orienta y distribuye el gasto social para que la dichosa reforma tributaria estructural realmente tenga sentido económico y aporte en la dirección deseable de ubicar a Colombia como país en una situación más competitiva.

Desde la perspectiva tributaria para combatir el problema de la informalidad se destacan algunos aspectos como: la implementación del monotributo, la simplificación del impuesto de renta tanto para personas naturales como jurídicas, la regularización tributaria de las entidades sin ánimo de lucro y, eventualmente, el fortalecimiento de la Dian, que a pesar de ser deseable, será muy costoso de implementar.

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