Opinión

  • | 2016/10/05 00:01

    ¿Está el país preparado para la Reforma Rural Integral?

    El domingo pasado tuvo lugar el plebiscito por medio del cual los colombianos no ratificaron lo acordado en la mesa de negociación de La Habana entre Gobierno y cúpula de las Farc, para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años.

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El domingo pasado tuvo lugar el plebiscito por medio del cual los colombianos no ratificaron lo acordado en la mesa de negociación de La Habana entre gobierno y cúpula de las Farc, para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años. Aunque todavía es prematuro saber qué sigue, lo más probable es una negociación del acuerdo que involucre aspectos en los que hubo muchas dudas por parte de la población colombiana.

Uno de los temas que ha suscitado controversia es el de los costos del posconflicto puesto que la economía colombiana se encuentra inmersa en medio de un marcado deterioro de las finanzas públicas (déficit fiscal alrededor de 4% del PIB), como consecuencia de soportar elevados niveles de gasto público sobre la base de unos ingresos extraordinarios provenientes de rentas petroleras que ya no existen.

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Este artículo aborda los costos de una implementación exitosa de la Reforma Rural Integral correspondiente al primer capítulo del acuerdo de la Habana que posiblemente no tenga muchos cambios en una renegociación. En principio es lógico coincidir con el punto de partida de dicho capítulo en que una causa histórica del conflicto es la informalidad en la propiedad de la tierra y su alta concentración, hecho que ha conllevado a la exclusión y atraso de las comunidades rurales por décadas.

No obstante, la verdadera cuestión es cómo hacer para salir de dicha situación e insertar al campo colombiano en las dinámicas de mercado para que más allá de esclarecer la propiedad de la tierra en muchas zonas del país los campesinos, las fuerzas políticas y el Estado reconozcan que para superar los problemas de atraso rural es indispensable generar valor agregado sobre la tierra, como ocurre con cualquier otro factor de producción. Tener tierra no puede seguir siendo un sinónimo de riqueza

Repasando la sobre diagnosticada situación del país rural, el informe de la Misión para la Transformación del Campo de finales de 2015 señala, entre otras cosas, que: i) más del 30% de la población colombiana es rural, ii) el 89% de la población rural es pobre o vulnerable, iii) la pobreza por ingresos de los productores campesinos refleja el muy limitado acceso a activos productivos (tierra, crédito, tecnología, riego) y; iv) entre 2003 y 2013 la política social asistencialista (educación, salud, viviendas, etc.) hizo mucho más para mejorar la situación de la población rural que la mejoría en las oportunidades económicas.

Esta situación descrita en términos macroeconómicos permite entender porque el PIB agropecuario pasó de representar el 11% al 6% del PIB total entre 1965 y 2013, mientras que desde 2001 el crecimiento promedio anual del sector ha sido 2,5%, cerca de la mitad del dinamismo del PIB total (4,3%). De hecho, en el último cuarto de siglo el comportamiento de este sector en Colombia ha sido uno de los más decepcionantes de América Latina.

Esta situación contrasta, por ejemplo, con la de Perú que hoy es el primer exportador mundial de espárragos del mundo, desplazando progresivamente a importantes países productores como China y EE.UU. Este éxito productivo comenzó en 1985 cuando una Asociación de Agricultores puso en marcha un proyecto de sustitución de cultivos tradicionales por otros de exportación, con la cooperación financiera de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), luego de explorar oportunidades en el Sur de EE.UU.

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Una de las tres ideas fuerza de la Misión para la Transformación del Campo es la necesidad de promover un desarrollo rural competitivo soportado en la provisión adecuada de bienes públicos que faciliten el desarrollo tanto de actividades productivas. Este propósito coincide con lo establecido en el Acuerdo donde enfatiza que “deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el Estado (…) para los provisión de bieses y servicios públicos como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, entre otros”.

Esto significa que aunque el sector privado encuentre interés en aprovechar las oportunidades que podría generar la Reforma Rural Integral, hay pasos previos indispensables que, necesariamente, son costos que tendrá que atender el Estado, es decir los contribuyentes, ya sea vía impuestos o deuda pública. De hecho el mismo informe de la Misión estima que el costo promedio por año de esta transformación del campo estará alrededor de 13 billones de pesos anuales (1,2% del PIB) entre 2016 y 2030, inversión comparable a la del plan de autopistas de cuarta generación.

Aun suponiendo que el gobierno consigue los recursos mencionados sin afectar la estabilidad macroeconómica, un gran obstáculo para el avance exitoso de la Reforma Rural Integral es, sin lugar a dudas, la debilidad institucional y técnica de las entidades públicas a cargo del desarrollo del sector primario en Colombia. Basta con mencionar nombres como Idema, Incoder, Agro Ingreso Seguro, o recordar la realización de un censo nacional agropecuario después de 45 años, para entender que previo a cualquier desembolso es necesario fortalecer la administración pública, la transparencia y la calidad técnica de las instituciones encargadas de implementar la reforma en mención.

En conclusión, crear la infraestructura mínima necesaria para generar una oferta rural productiva que permita a amplios sectores de dicha población debe ser el objetivo primordial, pues si solo se trata de que los campesinos beneficiados por el acuerdo tengan seguridad alimentaria, el Acuerdo será un proceso condenado al fracaso, puesto que las condiciones de pobreza se mantendrán vigentes al no insertarse exitosamente a la economía de mercado. Por ende, la inversión privada no jugará un rol significativo y, en cambio, el Estado colombiano tendrá que ampliar más los costosos subsidios que afectan la competitividad de otros sectores económicos.

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