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El precio de la corrupción

Pareciera que el rumbo del país marcha de escándalo en escándalo, con participantes del sector público y privado involucrados en desfalcos, fraude a clientes, o robo al erario.

Camilo Díaz
11 de febrero de 2017

Lo último más sonoro en corrupción han sido las millonarias coimas pagadas por Odebrecht, a varios funcionarios públicos para ganarse la adjudicación de obras de infraestructura transcendentales para el desarrollo del país, como la Ruta del Sol, los sobornos ascienden a US$11 millones.

Pero además parece que la corrupta Odebrecht apuntaba además a ser favorecida por el posible presidente que ganara en la campaña a la Casa de Nariño del 2014.

Sin embargo, el escándalo de los sobornos entregados por Odebrecht opacó otro escándalo de mayores dimensiones y monto, la adjudicación al parecer irregular del Banco Agrario de un crédito por $120.000 millones al concesionario Navelena, donde Odebrecht tiene la mayoría de los intereses accionarios.

Mientras que los sobornos ascendieron a US$11 millones, el crédito equivale a US$40 millones, cuatro veces las coimas pagadas en la cadena de sobornos.

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Hoy el crédito entregado a Navelena (Odebrecht principal accionista) se encuentra en mora, porque el concesionario incumplió los pagos pactados en las condiciones del crédito, el cual consistía en un pago de $60.000 millones en el primer semestre de 2016, y otro de igual proporción, en diciembre de 2016.

El crédito concedido a Navelena, y la programación de los pagos contrasta con las proyecciones de ingresos que serían la fuente de repago, Odebrecht había sido declarada insolvente por la Superintendencia de Sociedades y presentaba un patrimonio negativo de $3.905 millones, mientras que su presidente mundial estaba detenido en medio del escándalo de corrupción internacional.

Cómo fue que le cuadraron las cuentas al Agrario para pensar que Navelena repagaría el capital y los intereses si su principal accionista estaba quebrado y en líos judiciales internacionales. 

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En el otro lado de la cadena de corrupción y robo están los casos de los pagarés de libranzas, las firmas Estraval y Elite defraudaron a sus inversionistas por una cifra cercana a los $1,5 billones, equivalentes a US$500 millones.

Usando un entramando (difícil de entender para el público no experto) de compra y venta de créditos respaldados en pagarés libranzas, lograron defraudar a miles de inversionistas en frente de la Superintendencia Financiera, que se supone debe vigilar a las empresas que ofrezcan o realicen cualquier tipo de actividad financiera.

Un pagaré cualquiera que sea es un título valor, entonces, su negociación masiva por parte de una empresa hacia el público inversionista debe ser vigilada por la Superintendencia Financiera, no obstante, esta última se lavó las manos y dejo ese deber de vigilar a las comercializadoras de libranzas en manos de la Superintendencia de Sociedades. Hoy los más de 600.000 afectados no saben si su capital será recuperado.

Pero el premio mayor fue empezando 2016 cuando se descubrieron los sobrecostos incurridos en la modernización de la refinería de Cartagena, Reficar tuvo sobrecostos por US$4.000 millones que de acuerdo con cifras de la contraloría equivalen al 1% del PIB nacional, y 10 veces al PIB industrial, en total los sobrecostos se calculan en cerca de $10 billones.

Ecopetrol, según su presidente, demandó al contratista general de las obras, la empresa CB&I, pero lo cierto es que le será muy difícil demostrar que el contratista incurrió en sobrecostos por negligencia.

Ecopetrol no tuvo el personal capacitado para evaluar las solicitudes de adición de los costos, mucho menos para demostrar que los costos fueron injustificados ahora que Reficar está funcionando; además el contrato establecía que los costos eran abiertos y en la maraña de 2.640 subcontratos que se firmaron existen beneficiarios de todo tipo que no estarán interesados en que se demuestre que su contratación fue injustificada o sobrevaluada.

La factura de la corrupción ha sido calculada por la Contraloría en $50 billones anuales, que son pagados por los ciudadanos y los empresarios honestos a través de los impuestos que son usurpados por los corruptos. Pero el mayor precio de la corrupción no son los valores nominales robados, es el freno al desarrollo económico del país, y el desarrollo social. La compilación de los escándalos de corrupción en la alimentación escolar, la salud, la infraestructura, el saneamiento básico, y los cientos de elefantes blancos, superan con creces más de cinco reformas tributarias. 

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