Opinión

  • | 2016/11/20 00:01

    El fin de Electricaribe, ahora o nunca

    Lo que viene ahora es vigilar que mejore la calidad del servicio de energía en la costa, la empresa sea liquidada y llegue un nuevo operador con los mejores estándares que respete a los usuarios.

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El pasado martes el Gobierno Nacional inició el proceso de intervención de Electricaribe, tomando por fin la decisión que correspondía para reivindicar el buen servicio al que tienen derecho los 2.5 millones de usuarios del servicio de energía eléctrica en el caribe colombiano. Por un lado, la toma de posesión tiene por objeto evitar que, en el corto plazo, Electricaribe someta a la costa atlántica a un apagón indefinido por no tener los recursos para pagarle a las empresas generadoras el suministro de energía que le permite cubrir la demanda de su mercado. Sin embargo, la intervención también debe ser, sin lugar a dudas, el punto de partida para la liquidación de la empresa y para encontrar de la mano de nuevos operadores una solución definitiva a la problemática energética que padecen siete departamentos de la región caribe.

Después de innumerables discusiones, de búsqueda de soluciones concertadas y de compromisos incumplidos por parte de Electricaribe, es claro que los problemas de la empresa son de tipo estructural y van más allá de sus recientes dificultades de flujo de caja. Las fallas en el servicio por parte de la empresa, su falta de inversión e inviabilidad financiera hace tiempo están sobrediagnosticadas. Desde hace más de cuatro años, septiembre del 2012 para ser exactos, venimos denunciando en debates de control político el rezago de las inversiones en las redes eléctricas de la costa y los abusos en la operación del sistema por parte de una empresa que de lejos es la número uno en quejas por parte de todos los usuarios de servicios públicos en el país. 

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Más recientemente, también manifestamos nuestra enorme preocupación por el incumplimiento por parte de la empresa del plan de inversiones 5 Caribe, suscrito con el Gobierno Nacional, toda vez que dicho incumplimiento hizo evidente que la única salida de fondo al problema era la intervención con fines liquidatorios de la empresa. Mientras el Gobierno ha venido cumpliendo con un ambicioso paquete de inversiones en la red de eléctrica de la costa por alrededor de tres billones de pesos, Electricaribe no ha hecho su parte con el 1,1 billones de pesos que se comprometió a invertir en las redes locales que maneja y esto ha hecho imposible que los costeños experimenten una mejora significativa en el servicio.

Por estas y otras razones es que creemos que el resultado que arrojará el estudio de la viabilidad financiera y operativa de la empresa, que en estos dos meses hará la Superintendencia de Servicios Públicos para decidir si la intervención tiene fines liquidatorios o no, no puede ser otro que el de adelantar las acciones para liquidar a Electricaribe y para que otro u otros operadores sean los que presten el servicio de energía eléctrica en la costa. 

Por nuestra parte hemos propuesto a EPM, empresa seria y pública, la cual maneja altos estándares que son prenda de garantía de que con su operación vendrán mejoras sustanciales en la prestación del servicio y que, además, tiene una ventaja comparativa frente a otros comercializadores del mercado porque ya opera en límites con los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Los indicadores de servicio no mienten y dejan muy bien parada a una empresa como EPM frente a Electricaribe. Mientras en el 2014 Electricaribe reportó un SAIDI (duración media de interrupción por cliente) de 83,4 horas  y un SAIFI (número medio de interrupción por cliente)  de 74,4 interrupciones, EPM apenas tuvo un SAIDI de 17,03 horas y un SAIFI de 7,94 interrupciones; comparación que para el 2015 seguramente será más marcada porque Electricaribe empeoró considerablemente su desempeño y reportó un incremento en más de diez puntos en ambos indicadores.

Aunque existen obstáculos regulatorios que en principio impiden que empresas como EPM amplíen su cuota de mercado en materia de comercialización y distribución de energía eléctrica en el país para operar en la costa atlántica, éstos no son de tipo legal. Las cuotas máximas de mercado en materia energética fueron fijadas por una simple resolución de la CREG que, atendiendo a las difíciles circunstancias que hoy padecen los costeños, podría modificarse

Hoy reconocemos como un gran avance que la Superintendencia de Servicios Públicos, bajo el liderazgo del Ministerio de Minas, se haya puesto del lado de los usuarios del servicio energía en la región caribe, poniendo en cintura a una empresa que venía abusando sistemáticamente de los costeños y que se había convertido en un obstáculo para el desarrollo de nuestra región. Lo que viene ahora es agilizar las inversiones que garanticen la calidad y sostenibilidad del servicio de energía eléctrica en la costa caribe, e insistir en la importancia de que la intervención que tuvo lugar el pasado martes sea con fines liquidatorios, para que las inversiones que tenga que hacer el Estado para conjurar la crisis le sean reconocidas y que a la mayor brevedad uno o varios operadores con los mejores estándares de calidad asuman la prestación del servicio, despejando así cualquier duda que pueda generar la figura de la intervención.

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