Opinión

  • | 2017/09/18 00:01

    El desangre de la corrupción

    Si bien se establece como importante la priorización y equilibrio entre aspectos económicos y sociales para dotar de bienestar, desarrollo y competitividad a un país, una enfermedad se mantiene latente y al acecho, debido a que afecta la eficiencia y los principios de equidad. Gracias al abuso de poder, en beneficio de ciertos intereses particulares, América Latina se mantiene como una de las regiones más perjudicadas por ella.

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La corrupción se ha formado poco a poco como una cultura que se vincula, sin acto discriminatorio, al sector público y privado. Aparte de ser multifacética, tiende a vanagloriarse de nutrir una serie de redes de colaboradores que, a raíz de su astucia, se llenan de favores, contratos, beneficios y nombramientos que lo que hacen es volver aún más frágil los sistemas de equidad, justicia y paz en las naciones.

En épocas recientes, se han hecho notar casos de alta importancia por la profundidad y la gravedad de los contextos en donde se ha visto desenvuelta la corrupción sin pena alguna. Sin embargo, mucho se dice en la voz a voz: la corrupción siempre ha existido, sólo que ahora es mucho más visible. Por ello, cada vez son menos las organizaciones que quieren correr el riesgo a cometer este tipo de actos: todo gracias al fortalecimiento de los organismos de supervisión, vigilancia y control.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se establecen a nivel mundial para poner en evidencia a cada persona, natural y jurídica, que se involucre en esta serie de escándalos, siguen surgiendo temas de alto impacto que se han permeado en temas políticos, empresariales, económicos, sociales y otros aspectos adicionales que reflejan caras de la corrupción como el tráfico de influencias, sobornos, abuso de la función pública y otros más.

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El escándalo que más ha sonado por estos días ha sido la brasileña Odebrecht, que muy recientemente causó revuelo gracias a denuncias que vinculaban al régimen de Nicolás Maduro desde Diosdado Cabello, quien habría recibido cuantiosos sobornos. Asimismo, la compañía habría visto una gran bonanza en toda América Latina, soportada en la construcción de diversas infraestructuras mediante obra pública, criterio que fue motivación para corromper y ganar jugosos contratos.

Incluso, si se analiza a América Latina y a África, se estima que Odebrecht habría repartido más de USD$3.000 millones para adjudicarse algunos proyectos o corromper a diversos funcionarios públicos o financiar campañas políticas, según han manifestado algunas confesiones realizadas por ejecutivos de varias firmas vinculadas gracias a acuerdos de colaboración.

Y aunque, por difícil que parezca, aún sigue siendo muy difícil establecer el fondo del escándalo; se dice que no es posible conocer la totalidad de sobornos que realizó la firma brasileña, aunque sí quedan nichos importantes investigar. Dentro de estos pendientes se cuenta al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que fue potenciado por el expresidente carioca Lula da Silva para apoyar a grandes empresas de infraestructuras en Brasil, para poder determinar si éste fue un conducto de transferencias de dinero o no.

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Perú con el expresidente Humala, Ecuador con el vicepresidente Jorge Glas, Colombia con Otto Bula y compañía, Panamá con la familia Martinelli y México con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, son sólo algunos ejemplos puntuales del destape que ha sido descubierto de esta empresa brasileña. Y esto sólo en América Latina. Infortunadamente, México es uno de los países de la región que ha sido duramente golpeado por la corrupción, en donde se calcula que al menos una de cada cinco empresas ha sido víctima en los últimos dos años.

A nivel mundial, la corrupción supone un costo anual estimado entre 1,5 y 2 trillones de dólares según cálculos derivados del Fondo Monetario Internacional (FMI). Infortunadamente, también hay estudios que corroboran la teoría de que la corrupción afecta en mayor medida a las personas con escasos recursos, puesto que su acceso a servicios de justicia y salud son muy limitados.

Bien lo manifiesta la misma OCDE, la corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas y transparentes. Por ello, la organización también brinda cuatro grandes motivos para combatirla dado que la corrupción incrementa el costo de hacer negocios en un país, hace más costosos e ineficientes los servicios públicos, excluye a los pobres de los servicios públicos perpetuando la pobreza y corrompe la confianza pública lo que repercute en la deslegitimación del Estado. En resumen, la corrupción da lugar a un precario desarrollo.

Con gran infortunio, Colombia suena demasiado familiar al recitar las motivaciones de la OCDE. Incluso, la misma recomendó a nuestro país la realización de un proceso más transparente en materia de contratación para usarla como una herramienta en contra de la corrupción en el sector público. Análisis concluidos por Fedesarrollo señalan que en el 56,9% de los contratos de orden nacional se usó la figura de contratación directa y, a nivel regional, en el 57,9% de los casos. Así, la licitación pública quedó en el olvido.

América Latina, en sí, se superpone como una de las regiones en donde la corrupción se asienta con más fuerza. Y ello parte de la debilidad en su sistema legal y de justicia que, si bien ha planteado mejoras, no es suficiente en la medida en que la agenda pública no se tome en serio las consecuencias que conlleva la corrupción. Es necesario emprender toda una batalla regional para recuperar la confianza y emprender hacia modelos de desarrollo más funcionales y competitivos.

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