Opinión

  • | 2016/06/24 00:01

    Educación como política de Estado para unir a uribistas y santistas

    El postconflicto puede ser una oportunidad para cambiar el imaginario imperante mediante el cual cada quien busca resolver sus problemas o desacuerdos con otros mediante acciones ilegales, violentas o de confrontación con el otro.

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El proceso de diálogos de la Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC dividió a los colombianos. No hay duda, la mayoría de la población desaprueba a las FARC, así lo demuestran las diferentes encuestas que se han realizado en los 2 últimos años. Luego resultó fácil hacer política utilizando la mala imagen de la guerrilla, y a la vez, aparecer como los defensores del estamento militar, quienes son presentados como los damnificados del proceso para buscar la paz (los van a acabar, a disminuir o a trasformar). El estamento militar es querido por la mayoría de los colombianos.

Para medir la importancia y el peso político que puede llegar a presentar la utilización del estamento militar para hacer política, en un país con baja participación electoral ciudadana, basta mencionar que según la presentación del presupuesto nacional del año 2016 por parte del Ministerio de Hacienda, son más de medio millón de personas, entre soldados (292.000), policías (191.000), civiles que trabajan en el Ministerio de Defensa, sus entidades adscritas o vinculadas y la justicia penal militar (24.000); a la anterior cifra habrá que agregar soldados y policías pensionados, familiares, contratistas y proveedores del sector defensa.

Bajo esta estrategia política un grupo de colombianos propuso una negociación de mano dura para los miembros de las FARC, castigo y represión para ellos; una justicia que castigue los delitos, de manera especial los de lesa humanidad. Casi que el ideal sería unos guerrilleros arrodillados, pidiendo perdón y en la cárcel. Pero claro esto no sería una negociación, sería una derrota militar que durante 60 años no logramos.

Del otro lado, está el Gobierno, mal defensor del proceso de la Habana, errático frente a la opinión pública e incapaz de explicar sus enormes responsabilidades institucionales y políticas frente a la negociación, pero, eso sí, actuando con un empeño y compromiso que no se puede desconocer. El Presidente Santos, y de manera especial, del Jefe de la Misión Humberto de la Calle no desistieron nunca en su búsqueda de los acuerdos alcanzados, que ya son es un paso vital en la construcción del camino de la paz.

Ayer se firmó una parte trascendental de los acuerdos, el que pone fin a la guerra con las FARC. En dicho acuerdo se determinó la necesidad de crear una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas para resolver las diferencias, no repetición del enfrentamiento armado, dejación de las armas y su proceso de destrucción, así como el monopolio de las armas por parte del Estado. Además, es de gran valor la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para certificar la dejación de las armas y la concentración de los más de 6.000 guerrilleros en 23 zonas y 8 campamentos.

Aún faltan temas por acordar, pero estamos próximos a iniciar el punto clave del proceso de paz: el postconflicto. El gobierno, los académicos, los docentes y las organizaciones pro paz debemos advertir que en el postconflicto el reto será lograr que se cumplan los compromisos con las FARC, así como asegurar la sostenibilidad de lo pactado en el proceso de paz, y esto último se alcanzará con el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos más pobres, quienes viven en el sector rural y en los barrios marginales de las ciudades; así como con el fortalecimiento de una cultura para la paz y para la vida en ciudadanía.

También es necesario seguir buscando puntos de encuentro con quienes se opusieron o apoyaron el proceso de la Habana. Sostengo que en la agenda del postconflicto (no la de la Habana) se podría acordar con Santistas, Uribistas, la izquierda y todas aquellas organizaciones políticas que representan minorías incluir una política de Estado, con la cual nos comprometamos todos para mejorar la educación de los niños y jóvenes de Colombia y para educar para una cultura de la Paz. Insisto: una política de Estado para la educación a 20 o 30 años, en la cual nos encontremos todos.

Según el experto en educación y conflictos Vicenç Fisas, “Educar para una cultura de paz significa educar para la crítica y la responsabilidad, para la comprensión y el manejo positivo de los conflictos, así como potenciar los valores del diálogo y el intercambio y revalorizar la práctica del cuidado y de la ternura, todo ello como una educación pro-social que ayude a superar las dinámicas destructivas y a enfrentarse a las injusticias”.

Una política de Estado que tenga como objetivo una educación de calidad, la cual en su diseño entre otras cosas deberá tener el propósito de ayudar a desarrollar la productividad del campo, pero también a buscar soluciones de manera participativa mediante el diálogo, la concertación y un sentido crítico sobre cómo evitar el exceso de concentración de la riqueza en el sector rural. Hoy el Gini rural es de 0.88 (una vergüenza nacional). Lo anterior explica por qué en el campo los pobres representan el 65% y los indigentes el 33% del total de quienes viven en el campo. No podemos olvidar que allí –en el campo y en la pobreza- empezó la guerra, ojalá también en el sector rural empiece la construcción de la nueva Colombia, con educación de calidad y desarrollo.

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