Corrupción: ¿Epidemia sin solución?

La corrupción ha vuelto a estar de moda en Colombia con los procesos de investigación sobre el caso de Odebrecht y el de Reficar, mientras que en Venezuela es cada vez más aterrador el efecto de un gobierno autoritario y con poder absoluto sobre el Estado ha dejado a toda una nación en un retroceso del desarrollo, sin precedentes en la historia reciente del continente.

Estos fenómenos que generalmente los medios de comunicación tratan como noticias del momento con poco contexto y de manera aislada son, sin duda, síntomas inequívocos de una grave enfermedad común en las sociedades contemporáneas: El exceso de poder que tienen gobernantes y políticos que tienen la potestad (no necesariamente la responsabilidad) de definir, conducir e implementar las actividades del Estado.

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Más allá de dogmas sobre la mayor conveniencia de gobiernos de derecha o de izquierda, el modelo de democracia soportado exageradamente en el voto popular está en crisis y con pocas ideas para ser superada. Hoy la población de países ricos y pobres está cansada y agobiada por gobiernos tradicionales y con las mismas propuestas de hace 50 años, que cada vez representan y entienden menos las necesidades de los electores, dando espacio al surgimiento de nuevas figuras políticas que aún sin nuevas ideas constituyen la manifestación de una forma de protesta contra los políticos tradicionales, sin importar las consecuencias a largo plazo.

Precisamente, temas como el Brexit, la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. o la victoria de Emmanuel Macron en la primera ronda de las elecciones presidenciales en Francia son producto del agotamiento de la población en diversas latitudes. La captura del poder, representado en la capacidad de asignar el uso de recursos públicos asociadas con la actividad estatal, ha generado un círculo vicioso incontenible, una especie de trampa social que pareciera no tener salida.

La corrupción es claramente una forma de abuso del poder que ha ido desdibujando la función del Estado en la sociedad. Quienes participan de la administración estatal hacen crecer la masa de recursos públicos aumentando su poder y, en consecuencia, han generado cada vez mayores incentivos para la creación de mafias del sector privado (muchas veces conformadas por redes de familiares y/o amigos de los funcionarios públicos) que se benefician de la contratación pública y terminan financiando la permanencia y el acceso a la administración estatal de la clase política tradicional. 

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Vale recordar algunos casos famosos en Colombia que más allá del costo específico de cada uno, tienen costos colaterales asociados que son incalculables pero que, en todo caso, son inmensos obstáculos para el desarrollo del país:

1. El carrusel de la contratación (2010) con un detrimento patrimonial del Estado cercano a 2,2 billones de pesos agenciado por el alcalde y otros dirigentes de Bogotá de la época, estancó grandes obras públicas que aún hoy siguen en veremos (metro de Bogotá)

2. El caso Dragacol (2002) en el cual el ministerio de transporte pagó en exceso más de 13.000 millones de pesos de la época pagó a dicha concesión por contratos para la limpieza del río Magdalena y el dragado de un canal de acceso al puerto de Buenaventura, las cuales nunca se llevaron a cabo; curiosamente el ministro de transporte de aquella época es hoy el ministro de hacienda.

3. El caso Saludcoop (2011) en el que el gobierno intervino a dicho grupo económico por desviar 1,4 billones de pesos de la salud entre 2002 y 2010 al ampliar su infraestructura con recursos provenientes de la prestación de servicios de salud y no con utilidades de su actividad empresarial.

4. El caso de la Refinería de Cartagena (2015) con sobrecostos estimados en 6.000 millones de dólares (tres veces lo planeado) y una investigación formal por desfalco de 610.000 millones de pesos durante el proceso de construcción por parte de la firma norteamericana CB&I entre 2007 y 2012.

5. El caso Odebrecht (2017) revelado por el Departamento de Justicia de EE.UU. según el cual funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht confesaron millonarios sobornos pagados en la mayoría de países de América Latina para acceder a contratos de obras públicas. En Colombia, los pagos correspondieron a 11 de millones de dólares, entregados entre 2009 y 2014 (60% para la adjudicación de la concesión Tramo II de la Ruta del Sol, y 40% para la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra). Además, el consorcio Navelena (87% de Odebrecht), obtuvo el contrato para recuperar la navegabilidad del río Magdalena por 2,5 billones de pesos en 2014, por medio de una práctica anticompetitiva denominada colusión.

Como se desprende de los casos mencionados, grandes sumas de recursos públicos destinados a infraestructura y salud, dos bienes públicos indispensables para el desarrollo del país, han sido desviados para fines particulares y a pesar de lo mediáticos que han sido los casos, las investigaciones de los entes de control han sido lentos, tardíos e incluso algunas veces inexistentes; mientras que las sanciones y los castigos a los responsables han sido irrisorios, pues el sistema judicial también está capturado por los mismos grupos que ostentan el poder público.  

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La raíz del problema reside evidentemente en el exceso de injerencia del gobierno en las relaciones económicas (subyugación del mercado). Por lo tanto, las soluciones tienen que partir de redireccionar el papel del Estado hacia un rol menos ejecutor de la actividad económica, tal vez que sea un generador creativo de condiciones de mercado donde inicialmente no existen y, eventualmente, compensar a la sociedad por los efectos colaterales de la actividad privada sobre población vulnerable o el medio ambiente. De esta forma, los políticos irán perdiendo el incentivo de acumular poder a través del ejercicio del gobierno o de la administración de los recursos públicos.