Opinión

  • | 2017/01/12 00:01

    Construcción de la paz: el escenario ideal de futuro

    “El camino es fatal como la flecha. Pero en las grietas está Dios, que acecha”, Jorge Luis Borges  

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La coyuntura crítica constituida por el impacto del nuevo Acuerdo de Paz (NAP), en el enfoque conceptual de Acemoglu y Robinson, constituye un conjunto de factores –a partir de los seis puntos del nuevo Acuerdo- que pueden conducir a Colombia hacia el desarrollo social y productivo acelerado, como lo razono con imaginación sobre algunos hechos clave, hacia los próximos quince años -2030. En las próximas columnas desarrollaré los escenarios: indeseable y probable.

Con relación a la institucionalidad política, al iniciar el periodo de implementación del Acuerdo del Teatro Colón, algunos líderes políticos y cívicos profundizaron la denuncia y los nefastos efectos de la corrupción rampante y propagada a lo largo del país, lo cual se potenció con la promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, y la auto organización ciudadana. Ello comenzó, a corto plazo, a dar frutos en los años siguientes, a tiempo que propició un cambio en la cultura política demostrando que la labor colectiva de la sociedad civil –arraigada en algunas tradiciones de nuestra cultura popular e irradiada de manera sistemática y acelerada hacia otros grupos sociales- es fundamental para la solución de graves problemas. El empoderamiento de la ciudadanía se apoyó también en la puesta en marcha de mecanismos democráticos de participación ciudadana, con la oportuna aprobación de una Ley de garantías para la promoción de los movimientos y organizaciones sociales y ciudadanos, y con el uso responsable de las TIC en red.

En cuanto al ejercicio de los derechos políticos y humanos, se aprobó una normatividad para purificar el sistema electoral, y en particular, se promulgó y puso en marcha un estatuto moderno de la oposición política que facilitó que nuevos movimientos y partidos políticos participen de la dinámica democrática y logren acceso a los poderes, desde los niveles local y territorial, pocos años después de su promulgación e implementación. Ello hizo posible que en la década de los años veinte se instaurara por segunda vez en la historia del país el esquema gobierno-oposición que demostró beneficios objetivos por el control político y ciudadano del gobierno.

Todo lo anterior se expresó en una creciente movilización ciudadana y protesta social pacífica, que en principio causaron desconcierto al ejecutivo, pero que se comprenden luego como la expresión lógica de una nueva fase del ejercicio de la democracia en Colombia. A partir del segundo gobierno del Posacuerdo la protesta social se atenúa y transforma con la provisión de información y conocimiento en línea de la gestión de gobierno en todos los niveles y con el acceso a medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales. 

La jurisdicción especial para la Paz cumplió su misión con objetividad e imparcialidad en verdad y justicia, bastante menos en reparación económica, afianzando en la opinión pública la legitimidad del proceso de construcción de la Paz.  

No obstante la desinformación, violencia verbal y atentados, la guerrilla desmovilizada cumple de manera efectiva, a corto plazo, el compromiso de dejación de armas, y es exitoso el proceso de reincorporación a la vida civil, en menor medida en lo social que en lo económico y político, contando para ello con un programa de protección integral para los integrantes del nuevo movimiento político que surgió previo a las elecciones presidenciales de 2018.

El trabajo focalizado del gobierno para fortalecer la capacidad de gestión pública en los municipios afectados por el conflicto armado, fue exitoso, a lo cual contribuyó la práctica del concepto de paz territorial que implicó una participación ciudadana desde lo local, en acciones como la planeación del desarrollo y la elaboración de presupuestos participativos, que creó una institucionalidad representada en instituciones estatales sólidas y en prácticas y normas que regulan la vida pública.

Esto y la estrategia de lucha contra la corrupción, demostró a mediano plazo, la efectividad de cogestión ciudadana con el Estado territorial, a través de la prestación efectiva de servicios públicos y sociales, ordenamiento territorial y rehabilitación ambiental. Hacia mediados de la década de los años veinte se generaliza la participación ciudadana en la gestión territorial cuya efectividad por sus visibles resultados en bienestar deslegitimó cualquier clase de violencia.

El gobierno diseñó y puso en marcha políticas efectivas para la lucha y sometimiento de las organizaciones y conductas criminales a la justicia. Asimismo, puso en marcha una estrategia para desmantelar la cadena de valor del narcotráfico: lavado de activos, control de insumos, y corrupción asociada. Lo anterior se apoyó de manera efectiva con un programa nacional integral de substitución de cultivos de uso ilícito, avanzando de manera contundente en su erradicación, y con la atención inmediata y desarrollo de proyectos productivos. A mediados de los años veinte se logra la síntesis en laboratorio de la cocaína con lo cual se generó un golpe contundente al negocio criminal.   

El nuevo gobierno elegido en 2018, una amplia y experimentada coalición política, asume con decisión la construcción de la Paz, el mandato de lucha contra la corrupción y el cambio del modelo de desarrollo económico y productivo, en el marco de una economía de mercado y la propiedad privada, dejando atrás el enfoque exportador de commodities sin mayor agregación de valor, que había prevalecido en los pasados 25 años.   

En cuanto a la institucionalidad económica, el impulso al desarrollo rural integral, mediante el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, acceso a la tierra y su entrega gratuita para los desposeídos en las zonas de conflicto; la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural; el uso del suelo y gestión catastral, y la aprobación de un impuesto predial rural, junto al portafolio de mecanismos e instrumentos de impulso a la economía campesina y familiar, generaron beneficios sociales y económicos, que se expresaron en la elevación de nivel de desarrollo humano de los campesinos y de la oferta y calidad de productos e insumos agropecuarios de calidad que contribuyeron a elevar la competitividad del nuevo modelo de desarrollo productivo.

La competencia en el mercado se amplía con el fortalecimiento de la política regulatoria en los sectores financiero y de telecomunicaciones, logrando niveles competitivos de tasa de interés y oferta nacional suficiente de crédito y una justa dinámica de competencia.

Para fortalecer la inversión productiva se aprueba, en 2019, una Reforma tributaria estructural que elevó los impuestos a los dividendos a las personas naturales más pudientes y redujo los impuestos a la renta a las empresas con lo que se incentivó la inversión productiva.

Con relación a la inversión en investigación, desarrollo e innovación, I&D&I, el nuevo gobierno a partir de 2018, en el marco de la lucha contra la corrupción, asumió el combate contra la evasión y la elusión tributarias que generó crecientes aunque insuficientes recursos públicos para la inversión pública en I&D y en educación; ésta, con un proceso integral, contribuyó a crear una conciencia ciudadana y a la competitividad. En el año 2020, siguiendo una política de Estado, se logra que la inversión total en I&D equivalga al 1% del PIB. En los primeros años de la década de los veinte se toma la decisión de crear la Agencia Nacional de Impuestos, liquidando la DIAN, con toda la capacidad técnica y tecnológica, que generó rápidamente los recursos públicos que el modelo de desarrollo económico y social demandó.       

A partir de 2019 se modificó la política de desarrollo productivo hacia la focalización en sectores y actividades productivas (industria y servicios) de mediana y alta tecnología y en otros sectores tradicionales con gran demanda de empleo y que también innovaron. La producción empresarial logra niveles de competitividad –incluida la economía campesina y familiar individual y asociada-, y, la gran agroindustria accede, a comienzos de los años veinte, al mercado de la República Popular China. 

Hacia 2030 Colombia logra, desde 2025, un crecimiento sostenido del PIB entre el 6 y 9% anual, progresa en su índice de desarrollo humano hasta el nivel muy alto y enriquecido con el concepto de felicidad, disminuyen toda clase de violencias armadas, y sus instituciones políticas son muy sólidas e incluyentes.

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