Comercio ilícito de personas: negocio rentable

Conocida también como esclavitud moderna, la trata de personas no es solo un grave problema de derechos humanos o crimen organizado, sino un negocio ilícito rentable. En el 2009, movió alrededor de US$30.000 millones, lo que lo ubica entre las actividades ilegales más lucrativas del mundo, junto con el tráfico de drogas y armas.

Igual que en otras actividades comerciales, los tratantes operan como empresarios que buscan maximizar ganancias y reducir costos. Escogen los lugares más favorables para reclutar a sus denominados ‘talentos’ o víctimas, así como los sitios para comercializar su ‘mercancía’, que, dolorosamente, en este caso, son seres humanos; y ya no solo mujeres blancas, como se refería en el siglo XIX a la ‘trata de blancas’, sino individuos de toda etnia y estrato social vulnerable. Hoy, cualquier persona movilizada dentro del territorio nacional o fuera de él puede llegar a ser víctima de explotación extrema, bien sea en la industria del sexo, una determinada fábrica o en el servicio doméstico, entre otras modalidades.

En este contexto, América Latina, y en particular Colombia, ha sido por excelencia un lugar de origen de víctimas, cuyos destinos son países desarrollados.

Entre el 2003 y el 2005, Japón y España fueron dos de los principales centros de recepción de colombianas, y, entre el 2007 y el 2009, Hong Kong y Singapur fueron los destinos más frecuentes. Sin embargo, desde el 2010, las investigaciones judiciales adelantadas en Colombia han empezado a registrar un cambio importante: los centros a donde están llegando las víctimas no son solo países desarrollados. Ahora los lugares de destino se están concentrando en otros Estados de la región como Panamá, Guatemala, Argentina, y Trinidad y Tobago.

Naciones como Ecuador, El Salvador y Honduras sirven como sitios de tránsito, en la medida en que allí los tratantes pueden sacar papeles falsos de ciudadanía para sus víctimas. Probablemente, las redes de traficantes trabajan en la identificación de ‘nichos de mercado’ en la región, que posean al menos tres ventajas: donde los riesgos de ser investigados penalmente sean bajos (Argentina se ha convertido en paraíso fiscal, pues allí los estos grupos pueden mantener tranquilamente sus capitales); donde haya demanda con la capacidad de pagar lo que cobren por distintos servicios sexuales, especialmente en zonas que se han convertido en lugares de ‘recreo’ de narcotraficantes; y, donde los tratantes puedan reducir costos logísticos y de transporte, y obtener altas ganancias.

Salvo pocas excepciones, todos los países de América Latina han ratificado el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, y han desarrollado legislaciones al respecto.

No obstante, este comercio ha seguido creciendo y diversificándose. Hoy por hoy, América Latina y el Caribe son un lugar de origen, tránsito y destino de trata interna y externa, y de distintos tipos. La acción de la justicia contra este flagelo continúa siendo fragmentada e, incluso, inocua, a juzgar por las pocas operaciones exitosas en Latinoamérica para desmantelar redes internacionales, o por la impunidad de la que gozan los tratantes de alto nivel.

Además, mientras la trata de personas se expande en América Latina, no existen formalmente protocolos regionales para hacer intervenciones penales, económicas y financieras, a diferencia de lo que ocurre en los casos de narcotráfico.

En ese sentido, además de la dimensión ética y de derechos humanos que plantea la trata de personas en la región, es preciso enfrentarla desde su magnitud de negocio ilícito transnacional. Un ejercicio de este tipo debe considerarse como verdadero problema de seguridad en la región, a la par que el narcotráfico.

Donde hay comercio de seres humanos concurren otras actividades ilícitas estrechamente ligadas al crimen organizado: tráfico de armas, lavado de activos, expendio y consumo de drogas, entre otros.

* Profesora Universidad de La Sabana