Opinión

  • | 2015/04/06 14:30

    “Dadme una palanca...

    ...y un punto de apoyo y os moveré la tierra”, dejó dicho, desde la antigüedad, Arquímedes de Siracusa.

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Esa palanca sería la liberación de los recursos que la Nación tiene invertidos en Isagen, una suma que puede equivaler entre $5 y $6 billones, los cuales serían utilizados para financiar parte del ambicioso plan de infraestructura vial que el gobierno adelanta.

Tal como lo señala el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo que cursa en el Congreso, el programa vial de cuarta generación (4G) comprende 40 proyectos para más de 7.000 kilómetros de vías, 141 kilómetros de túneles y 150 kilómetros de viaductos, con un costo estimado de US$20.000 millones. Estamos en presencia de un reto colosal: esa cifra equivalente a cuatro veces el presupuesto de ampliación del Canal de Panamá, la obra de ingeniería en ejecución más grande de este hemisferio y una de las mayores del mundo.

Con el fin de destacar la importancia de corregir el rezago en infraestructura, que es uno de los lunares de Colombia en materia de competitividad y factor que limita nuestro crecimiento económico, basta señalar que en la clasificación del Foro Económico Mundial sobre calidad de las carreteras el país ocupa el puesto 126 entre 144 países.

Para que ello suceda se requiere la confluencia de un conjunto de factores virtuosos que se han venido dando, tales como la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la reforma legal que permitió resolver un cuello de botella tan complejo como la expropiación de predios, que antes era una pesadilla y hoy se puede realizar con agilidad. Aunque siempre será posible discutir si las rutas y especificaciones son las adecuadas, se percibe un saludable grado de consenso. Las consultas con comunidades y las licencias ambientales siguen siendo problemas complejos aunque, al parecer, se están resolviendo de manera menos traumática.

Un tema crucial, no del todo resuelto, es el financiamiento del Programa 4G, pues se trata de proyectos que pueden implicar más de 20 años entre la concesión y la reversión de las obras. Se requiere, por lo tanto, una estrategia financiera compleja, en especial, si se advierte que, con buen criterio, se ha abolido la antigua regla de los anticipos.

En la fase constructiva, el concesionario deberá financiarse con sus propios recursos y con créditos bancarios convencionales, pero también con productos financieros novedosos ofrecidos por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), el banco de desarrollo creado para estos fines. La participación como accionistas de la IFC y la CAF, que son entidades multilaterales de amplio prestigio, es garantía del buen manejo de la institución.

En la fase de operación y mantenimiento, cuando las obras ya se encuentren disponibles, las fuentes financieras provendrán de vigencias futuras y los ingresos por el recaudo de peajes. De igual forma, será necesaria la refinanciación de las deudas bancarias a plazos mayores de los que la banca comercial puede otorgar. Los inversionistas institucionales, tales como los fondos de pensiones, las compañías de seguros y los fondos de inversión, serán cruciales.

Precisamente en este contexto adquiere importancia cabal la enajenación de las acciones de la Nación en Isagen; los dineros que de allí provengan irían a fortalecer la capacidad de financiación de la FDN.

Decir que los flujos financieros que obtiene el gobierno como accionista de Isagen serían necesariamente mayores que los que recibiría vía su participación en el capital de la Financiera de Desarrollo Nacional, o en la colocación de deuda emitida por ella, es una mera conjetura carente de soporte técnico. Pero, en caso de que así sucediera, el análisis correcto implicaría tener en cuenta las “externalidades” derivadas de la disponibilidad de la nueva red vial. Se estima que en la fase de construcción el PIB podría crecer 1,5% más por año; finalizada esta, las nuevas obras generarían un incremento de la tasa de crecimiento potencial de la economía (y, por ende, del empleo) a término indefinido.

De otro lado, es evidente que existe desde los años noventa un firme apetito de inversión privada en la generación de electricidad. El papel del Estado como accionista de Isagen ya se cumplió. Mantener el control de la empresa ha dejado de ser estratégico. La inversión estatal, escasa como es, debe fluir hacia donde actúe como catalizador de progreso.

Está previsto en la normativa que regula el proceso que quien pretenda adquirir el control accionario de Isagen debe tener vasta experiencia en la generación de energía y acreditar el origen limpio de los recursos que utilizaría para realizar la operación. Se han tomado, pues, las medidas para asegurar que Isagen quede en buenas manos, en beneficio de la compañía y sus accionistas minoritarios.

Cierto es que la depreciación del peso, ocurrida desde que se fijó el precio mínimo para participar en la subasta y la fecha de su realización, implica que las acciones del Estado ahora resultan más baratas para los eventuales compradores extranjeros cuya moneda de referencia es el dólar. Esta circunstancia no altera el valor de la inversión estatal en nuestra propia divisa.

Nada habría impedido que cuando la operación fue estructurada meses atrás se hubiere definido que las ofertas fueran presentadas en dólares aunque pagaderas en pesos a la tasa de cambio del día del pago. Sin embargo, la opción elegida, que es la que de ordinario se utiliza, tiene sentido: para calcular el valor mínimo de venta de las acciones de Isagen se tuvo en cuenta que la casi totalidad de sus ingresos, y la mayor parte de sus gastos, son en pesos. La opción contraria habría obligado a realizar cálculos muy complejos relativos a la valorización de los flujos netos futuros teniendo en cuenta la evolución esperada de la paridad del peso frente al dólar.

Cambiar las reglas del juego en este momento sería pésima señal por parte de un país que se precia de contar con normas estables para los inversionistas. Si el precio mínimo se corrigiera en la misma proporción que la devaluación transcurrida. El resultado probable sería que se recibieran menos ofertas o, de pronto, ninguna. Para los interesados nacionales, la inversión se habría encarecido sin justificación; para los extranjeros, ese efecto no se produciría, pero podría erosionarse la confianza en Colombia, un intangible que nos hemos demorado años en construir y que se puede destruir de un plumazo.

Por último, es importante advertir que el eventual adquirente quedaría obligado a comprar las acciones de los accionistas minoritarios al precio que pague por las de la Nación. Si ellos deciden no enajenar, quedarán protegidos por las reglas que hoy se encuentran vigentes, las cuales han demostrado su eficacia. Importa, además, señalar que la reactivación del proceso de venta se ha traducido en un incremento del valor de la acción en la bolsa, demostración clara de que los accionistas privados actuales perciben que la operación proyectada puede beneficiarles.

Como ciudadano y miembro de la Junta Directiva de Isagen, no tengo dudas sobre la bondad de la operación en curso.

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