Los colombianos no resisten más aumentos en las tasas de interés

Indicadores claves vislumbran un panorama económico gris oscuro para la economía colombiana y revelan que el Gobierno Nacional tiene poco margen de maniobra para hacerle frente. En los últimos 12 meses la inflación alcanzó un preocupante 8,6% y esto obligará a reajustar la política monetaria del país para frenar el alza de precios en el corto y mediano plazo. El ajuste que se hará vía tasas de interés, no obstante, tendrá consecuencias directas sobre nuestro crecimiento económico y generación de empleo. En este contexto urgen medidas que permitan suavizar el impacto que la nueva alza en las tasas de interés tendrá sobre la demanda, el consumo interno y la capacidad de pago de los colombianos de menores ingresos.

En las dos últimas semanas, dos de las más importantes agencias calificadoras de riesgo han hecho graves advertencias a la economía colombiana. Fitch Ratings nos mantuvo el grado de inversión pero modificó la perspectiva de la calificación crediticia del gobierno de estable a negativa y, por su parte, Moody‘s también estableció una perspectiva negativa para la calificación de nuestro sistema bancario. El Gobierno Nacional manifiesta que ha escuchado con atención los campanazos de alerta pero hace énfasis en que lo importante es que mantenemos la calificación triple B y en que se presentará la reforma tributaria.

El pronóstico de las calificadoras, sin embargo, revela una problemática más compleja. Aunque Fitch reconoce la capacidad de la economía colombiana para mantener amplia estabilidad macroeconómica y financiera, también considera que la política monetaria tendrá que priorizar el ponerle freno a la inflación y que este enfoque afectará el crecimiento de la economía nacional. A diferencia del 3% estimado por el Gobierno Nacional, la calificadora espera que nuestro crecimiento económico se sitúe en alrededor del 2,3% en 2016 y que sólo recupere niveles del 3% hasta el 2017, cuando el desarrollo de las vías 4G estará en plena ejecución y lo precios del petróleo se recuperen un poco más.

Este pronóstico de crecimiento también está fundado en las dificultades de financiamiento que tiene el Gobierno Nacional, que lo han obligado a hacer recortes presupuestales y han limitado su capacidad de darle un aire a la economía vía gasto e inversión. Según la calificadora, en 2015 la deuda general del gobierno alcanzó un aproximado de 46,5% del PIB y las estimaciones apuntan a situar el déficit de nuestro gobierno central en un 3,9% del PIB para el 2016.

En este estado de cosas, será muy difícil que el Gobierno pueda promover estrategias contracíclicas adicionales que sostengan nuestro crecimiento en por lo menos el 3%. Por esta razón es importante tomar medidas que permitan suavizar el impacto que tendrá el alza de las tasas de interés por parte del Banco de la República a 7,75% sobre toda nuestra economía y la generación de empleo. No podemos pasar por alto que en el mes de junio, la tasa de desempleo se ubicó en 8,9%, lo que representa un aumento de 0,7% con respecto al mismo mes del 2015.

Por nuestra parte, la próxima semana presentaremos un proyecto de ley que propone cambios importantes a la tasa de usura vigente en el país. Necesitamos evitar que, además del alza acumulada de las tasas de interés, se termine recargando a los consumidores financieros con el porcentaje adicional que representa la tasa de usura y las consecuencias que esto tiene sobre la demanda.

En nuestro país opera una misma regla para fijar la tasa de usura en todos los tipos de crédito: sea una tarjeta de crédito o un microcrédito, la usura es siempre el interés bancario corriente efectivo para el tipo de crédito más el 50%. Esto en la práctica implica que las entidades pegan sus tasas a este techo, golpeando así a sus usuarios. Nosotros, en cambio, creemos que este tope debería ser flexible según el tipo de crédito.

Flexibilizar la tasa de usura reflejaría mejor las verdaderas condiciones del crédito, del mercado y de la economía. En el corto plazo, además, dicha flexibilización representaría un alivio para los consumidores en especial los de menores ingresos que por las alzas recientes de las tasas de interés han visto seriamente afectada su capacidad de pago.