Opinión

  • | 2016/04/25 00:01

    Colombia paga

    No sabíamos cuánto puede llegar a costar ser un modelo de protección de los derechos fundamentales y el medio ambiente.

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Hace unas semanas fue noticia la interposición por parte de algunas multinacionales de demandas buscando reparaciones millonarias por infracción del Estado Colombiano a sus obligaciones bajo acuerdos de protección de inversión, o tratados de libre comercio, celebrados con terceros estados.

De manera general, cuando el Estado se obliga a través de un tratado internacional a la protección de inversiones de un tercer Estado, asume el compromiso de dar un trato no menos favorable a dichas inversiones que el dado a las nacionales, así como a no expropiarlas sin que medie una adecuada compensación y una justificación constitucional o legal válida.

Dichos convenios no suponen una restricción a la soberanía del Estado en el sentido de que nada le impide ni legislar, ni impartir justicia, ni administrar en cualquier campo que pueda tener incidencia o efecto en las inversiones extranjeras provenientes del tercer Estado, pero sí a abstenerse, en general, de medidas arbitrarias o discriminativas que afecten dichas inversiones al punto de quitar al extranjero el control o los derechos sobre ellas.

Existe sin duda un gran marco de interpretación sobre lo que puede considerarse arbitrario o discriminativo, o qué debe entenderse como expropiatorio, y en esta medida es que los inversionistas acuden a los mecanismos previstos en los tratados y no exclusivamente a los tribunales nacionales, buscando que se les apliquen reglas de derecho internacional que pueden inspirar interpretaciones eventualmente más de equidad, que a la aplicación del derecho interno.

Estas demandas de inversionistas extranjeros no resultan extrañas y las hay justificadas y las hay descaradas. De las que la prensa informa se han interpuesto contra Colombia, se encuentra como elemento común en algunas de ellas, decisiones de la Corte Constitucional, prolífica en emitir fallos y ordenes con profundos efectos económicos, seguramente irrelevantes cuando se trata de la primacía de la Constitución, pero que alguien tiene que asumir.

A manera de ejemplo, cuando la Corte ordena la suspensión de actividades mineras amparadas con títulos válidos y licencias ambientales, resulta loable la protección de las comunidades aledañas y el medio ambiente por encima de los intereses económicos de un particular, pero se pasa por alto que éste, amparado en una actividad legítima del Estado, incurrió en inversiones y adquirió una expectativa de retorno, que se pierden.

En este caso no hay duda de que el particular resulta asumiendo el costo de la protección de tales intereses superiores. La comunidad se beneficia sin duda, pero el inversionista afectado asume una carga desproporcionada.

Los tribunales internacionales seguramente tendrán en cuenta que nuestra justicia reconoce desde hace años, que el Estado responde cuando coloca a un particular en situación de asumir una carga extraordinaria, que desborda o excede las que asumen los demás miembros de la comunidad, por una actividad legítima del Estado o sus agentes.

En efecto, partiendo del derecho a la igualdad de todos los habitantes frente a la ley, nadie está obligado a asumir cargas públicas en exceso de las que asumen los demás y en tal medida el Estado debe restablecer el correspondiente equilibrio roto por su conducta legítima.

Esta fuente de responsabilidad del Estado por hechos que no suponen falta alguna de su parte, resultaría de correcta aplicación frente a las decisiones de la Corte que impliquen efectos como el anotado, o decisiones de gobierno como la declaratoria de parques naturales en zonas previamente objeto de títulos mineros, frente a inversionistas que hayan obrado legítimamente, dentro del marco legal y amparados en actuaciones del Estado que les hayan conferido derechos que desaparecen por el interés general.

Pero no todos los casos de inversionistas descontentos son iguales, siendo discutible la exigencia de reparación por cambios naturales de las reglas de juego, o decisiones individuales que afectarían tanto a nacionales como extranjeros en la misma situación, como parece ser el caso de alguna demandas internacionales contra el Estado colombiano reveladas por los medios.

Lo cierto es que no hay nada gratis en la vida y en esta medida hay que estar preparados para asumir con nuestros impuestos el costo de tener tantos derechos y tantas entidades que los protegen. Aunque usted y yo no lo sabíamos.

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