Opinión

  • | 2016/09/24 00:01

    Las APP son una herramienta para el postconflicto

    Varias de las inversiones que necesitarán hacerse en el postconflicto pueden ser financiadas usando esquemas de Asociaciones Público Privadas.

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Las áreas donde se ha vivido el conflicto con mayor intensidad serán los lugares donde deberán hacerse la mayoría de las inversiones durante la fase de postconflicto para garantizar la implementación de los acuerdos de paz. No obstante, una parte importante de esas inversiones está relacionada con el desarrollo de infraestructura para la prestación de servicios públicos como la educación, la salud y acueducto y alcantarillado. Otra, con el fortalecimiento institucional de los territorios, lo que pasa por dotarlos de infraestructura institucional adecuada para el funcionamiento de la administración. Y las sabidas necesidades de desarrollo de la red de carreteras terciarias y los distritos de riego y drenaje que necesita el agro para ser más productivo.

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La infraestructura que necesitará construirse es susceptible de ser desarrollada usando el esquema de APP´s. Por ejemplo, un edificio para el funcionamiento de un  hospital municipal puede ser construido y financiado por el sector privado con base en los requerimientos que haga el gobierno local, sin embargo el municipio puede pagar por el uso de esas instalaciones durante un periodo de tiempo luego del cual el edificio pasa a ser de su propiedad una vez el constructor ha recuperado sus inversiones con una adecuada rentabilidad. Esquemas similares pueden ser usados para la construcción de colegios y renovar o hacer infraestructura institucional en los territorios que lo requieran.

En ninguno de los casos se trata de la privatización de la educación, la salud o los servicios que presta un municipio a sus ciudadanos. Se trata de pagar por el uso de infraestructura física relacionada a la prestación del servicio durante un periodo de tiempo determinado y esos pagos están sujetos a la disponibilidad de uso bajo estándares mínimos de calidad, lo que implica que la construcción y el mantenimiento están a cargo del socio privado, pero el servicio es prestado por el sector público con su planta de docentes, médicos, o funcionarios. Al final la infraestructura pasa a ser propiedad del sector público quien puede decidir si asume el mantenimiento y operación por su propia cuenta y riesgo o contrata estas actividades con otra contraparte privada, esta vez pagando tasas muchísimo menores.

La ventaja que supone un esquema de APP es hacer una mejor distribución de riesgos entre el sector público y el sector privado. También permite que el Estado en cualquiera de sus formas optimice la asignación de recursos y los libere para atender necesidades sociales, para invertir en áreas donde la inversión privada no es viable o simplemente es más económico ejecutar las inversiones solo por el sector público.

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Por otra parte se disminuye la presión sobre el flujo de ingresos que tendría que tener el Estado para atender las demandas de la sociedad, o en este caso los compromisos derivados de los acuerdos de paz, puesto que para el Gobierno será extremadamente difícil escoger entre regiones o sectores prioritarios porque puede interpretarse como una selección de ganadores y perdedores, y los territorios o sectores últimos en la fila percibirán que se les han incumplido, lo que minaría la confianza. El arranque del postconflicto debe ser contundente en inversión para llegar con bienes públicos a las zonas antes ocupadas por la insurgencia, mostrando que de verdad será reemplazada por el Estado.   

Aunque las APP tienen limitaciones y entrañan riesgos relacionados a la capacidad financiera del sector público para cumplir los compromisos que adquiere con sus socios privados y al mismo tiempo seguir funcionando, sí permiten gestionar mejor los riesgos de construcción y de sobrecostos, porque cualquier desfase va con cargo al socio privado, entonces hay suficientes incentivos para entregar las obras a tiempo y sin sobrecostos.

Finalmente es muy importante que los proyectos sean adecuadamente dimensionados para evitar que se queden cortos o se conviertan en elefantes blancos, ahí es clave la acción del Estado promoviendo buenos estudios previos, agilizando la gestión predial y el otorgamiento de licencias y con sus bancos de segundo piso movilizando recursos desde las diferentes fuentes que existen, haciendo una mezcla entre inversión pública y municipal, un poco más de deuda pública y APP´s. Estás últimas requieren un buen perfil en los proyectos especialmente en temas prediales y de licencias.

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