¿Al fin qué con Panamá?

Ya casi son dos años desde que nuestro Gobierno pretendió incluir a Panamá dentro de su lista de paraísos fiscales, para retirarla luego con el pretexto de que se negociaría un acuerdo de intercambio de información tributaria.

Dicho acuerdo, en palabras de nuestro premiado Ministro de Hacienda, dotaría a Colombia de información general y suficiente sobre los colombianos con sociedades y cuentas en esa jurisdicción, siendo una señal de advertencia para que los evasores se redimieran confesando sus activos y aclarando su situación fiscal en Colombia.

Entretanto, Panamá y sus voceros se sorprendían de las palabras de nuestro Ministro en la medida que jamás existió en ese país correspondencia con los deseos de Colombia y dicha disparidad ha significado desde entonces uno de los asuntos de relaciones con países vecinos manejados con la menor diplomacia posible, no solo frente a Panamá sino frente a los contribuyentes en Colombia.

No era para sorprenderse. El interés de Colombia ha sido claro en poder contar con información que le permita perseguir los capitales de Colombianos en el exterior no declarados para que tributen, y el de Panamá es mantener su posición como una jurisdicción atractiva para la inversión, que hace las preguntas cuya respuesta le permite evitar tratos con delincuentes o tener diferencias con países con verdadera influencia sobre su economía.

Colombia, lamentablemente, no tiene dicha influencia y por tanto las negociaciones de un acuerdo de información fueron infructuosas, pues sencillamente Colombia pretendía obtener lo que su contraparte no quería dar. Al final, imaginarán, no se llegó a ningún acuerdo y las relaciones entre los dos países se mantienen dentro de la hipocresía de la diplomacia, pero sin que haya identidad de intereses en este aspecto.

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En el camino, hubo de todo. Por un lado se produjo el escándalo de los Papeles de Panamá, que allá motivó una reacción dirigida no a modificar su sistema legal sino a defenderlo a toda costa como una jurisdicción transparente y dispuesta a colaborar con las autoridades de otros Estados. Sin dejar de lado el folklor, algunos políticos panameños en un desafuero nacionalista llegaron al punto de considerar una ley que sancionara a quienes calificaran a Panamá como un paraíso fiscal en el exterior, propuesta que razonablemente no hizo carrera.

En Colombia todo eso se utilizó como mecanismo de presión para que los contribuyentes omisos se acogieran a la normalización tributaria, logrando sin duda crear una sensación de incertidumbre que finalmente se tradujo en un recaudo record por tal impuesto y se colocaran en el radar de la autoridad fiscal variedad de activos antes ignorados por el fisco.

De manera razonable, Panamá optó por someterse a las reglas y límites que existen bajo las reglas de la OECD para el suministro de información tributaria, en vez de celebrar acuerdos de intercambio de información con otros países, como quería Colombia. Con ello liquida los argumentos de algunas jurisdicciones que han efectivamente alegado que Panamá no colaboraba y se coloca en el mismo nivel de otras que son ya jurisdicciones en la lista blanca.

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Las reglas de intercambio, en general, no comprenden, como se quería por parte del Gobierno Colombiano, el suministro de información de manera automática e indiscriminadamente, sino la revelación de datos específicos a pedido de otro país solicitante, requeridos dentro el marco de un proceso o investigación en curso y que no hayan podido obtenerse empleando los medios procesales aplicables en el Estado solicitante.

Dicho régimen, sin embargo, no implica cambio alguno en el sistema legal de Panamá, de modo que las sociedades que no tienen operaciones en Panamá siguen sin impuestos en ese país sobre sus ingresos y activos poseídos fuera de Panamá. De otro lado, vehículos como las fundaciones de interés privado mantienen sus privilegios de confidencialidad y los beneficios para servir como herramienta de planeación patrimonial.

Panamá brindará información, pero dentro de las reglas anotadas que garantizan que no haya pescas milagrosas.

Si ello permite que la evasión se mantenga no depende de Panamá sino de Colombia, teniendo en cuenta que la mejor herramienta para luchar contra la evasión es un sistema tributario justo, sencillo y que invite a la inversión.

Esperemos que el Ministro lo abandere en la próxima reforma fiscal con tal locuacidad como anunció el acuerdo con Panamá.

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