Opinión

  • | 2015/04/21 10:00

    Activos financieros para la inversión municipal

    Canalizar recursos desde fuentes privadas, incrementa la inversión pública y favorece un uso más eficiente de los recursos públicos.

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Por: Camilo Díaz Urrea dcdiazu@unal.edu.co Coordinador Unidad de Análisis del Mercado Financiero UAMF. Faculta de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia.

En una columna anterior http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/inversiones-municipios-colombia/206368 señalábamos la necesidad de que los municipios y gobernaciones del país incrementen sus inversiones en infraestructura de toda índole, para por un lado cumplir con el deber que tienen los Gobiernos de proveer bienes públicos a la sociedad, y por otro para que esas inversiones actúen como un dinamizador de la economía ayudando a mantener el ritmo de crecimiento interno, que está presentado desaceleración como consecuencia del menor precio del petróleo que ha impactado negativamente el valor de las exportaciones colombianas.

Sin embargo es importante anotar que los Gobiernos Subnacionales no cuentan con recursos ilimitados para realizar inversiones, al contrario sus fuentes de financiamiento están atadas al recaudo de impuestos y las transferencias que llegan desde la Nación, que para este año y los siguientes van a ser menores conforme los ingresos provenientes de la renta petrolera se vienen contrayendo. Pese a lo anterior las necesidades de las comunidades no se reducen como lo hacen los ingresos, en cambio, parecen infinitas frente a los presupuestos destinados para cubrirlas.

Por esa razón a menudo los administradores públicos se enfrentan a diversas disyuntivas asociadas al bienestar de los pobladores de sus regiones, por ejemplo, deben elegir entre construir un hospital o renovar y dotar la planta física de un colegio; construir la carretera o puente que conecta con las principales vías nacionales o construir un acueducto que surta de agua potable las zonas urbanas y rurales. Esas y otras disyuntivas están asociadas a la limitación de los recursos públicos y hacer el uso más eficiente posible de los mismos, ello implica evaluar de manera excluyente diversos proyectos que de ejecutarse en conjunto traerían mayor bienestar y desarrollo a las regiones.

Una forma de solucionar la problemática es llevar recursos del sector privado a proyectos de interés público, especialmente en sectores que permiten la participación de capital privado, liberando recursos para ser llevados a aquellos que por su naturaleza no pueden recibir recursos privados o no son atractivos para la inversión privada. Lograr ese cometido implica la creación de instrumentos y formas de inversión que permitan llevar recursos hacia activos relacionados con bienes públicos de forma segura en términos de riesgos financieros y con rentabilidad adecuada.

En Colombia existen fuentes no tradicionales de financiación como los Fondos de Capital Privado y los Fondos Comunes de Inversión FIC’s, administrados por Gestores Profesionales, Sociedades Comisionistas de Bolsa y Fiduciarias que en conjunto gestionan alrededor de $54 billones de pesos para la inversión en diferentes tipos de activos, desde bonos del Tesoro hasta proyectos de infraestructura de toda índole. También existe un mercado de bonos de deuda pública interna profundo, pero concentrado en emisiones de la Nación, y un mercado de deuda corporativa que aunque tiene menor profundidad que el anterior, viene ganado protagonismo a medida que cada vez las empresas acuden más al mercado bursátil para obtener recursos de financiamiento a largo plazo.

El reto es canalizar parte de esos recursos hacia el financiamiento de proyectos de inversión pública. La manera de conseguirlo es convertir los flujos de caja futuros que pueden generan determinados proyectos, por ejemplo, acueductos, plantas de tratamiento, hospitales o infraestructuras de transporte, en activos financieros que garanticen la recuperación del capital más una tasa de rentabilidad adecuada a los inversionistas que suministren recursos para su construcción. Esto equivale a emitir un bono de deuda donde el cupón del bono es la rentabilidad que será compensada en las inversiones, mientras que el repago del capital puede hacerse en una o varias etapas durante la vida del bono.

En este esquema la deuda no es emitida por los municipios, sino por los propios proyectos a través de sociedades vehículos que deben ser creadas para ejecutarlos, de esa manera se mantienen niveles saludables de deuda, pero se incrementan las inversiones bajo esquemas BOT (build, operate and transfer) donde los inversores construyen, operan y al final transfieren el activo al municipio, luego de haber recuperado las inversiones de capital más la rentabilidad acordada inicialmente.

Aquí el rol que deben jugar los gobiernos es aportar una parte del capital, normalmente un mínimo del 30%, y movilizar garantías desde agencias multilaterales como el BID, el Banco Mundial y la CAF para cubrir los riesgos de construcción y de crédito asociados. Más los recursos en forma de créditos puente que pueden facilitar los bancos locales de desarrollo como Findeter y la Financiera de Desarrollo Nacional FDN.

Para garantizar la colocación exitosa de la deuda se debe intentar transferir parte de la reputación de riesgo soberano del país, calificado actualmente con grado de inversión, hacia las emisiones de deuda desde los proyectos. Como esto no es posible de manera directa dado que son las sociedades vehículo las emisoras de deuda y los flujos de caja de los proyectos la única fuente de recuperación de las inversiones; la solución consiste en adoptar un esquema de Banco de Bonos donde los municipios con proyectos estructurados acuden al Banco de Bonos para solicitar el financiamiento de sus iniciativas, y al final, el Banco de Bonos emite deuda a su nombre por el valor total de las necesidades conjuntas, a diferentes plazos y redistribuye el dinero recaudado.

El capital con que cuente el Banco de Bonos para respaldar las emisiones, puede ser hasta un máximo del 10% del valor de las transferencias recibidas por los municipios desde la Nación, esto no cuenta como deuda para el Estado ya que se trata de transferencias que realiza con regularidad a los Gobiernos Subnacionales, tampoco es deuda para ellos, porque se trata de asignación para inversión de ingresos corrientes que reciben desde el Gobierno Nacional Central. La ventaja es que los bonos sí se benefician de la calidad crediticia soberana porque el capital del Banco de Bonos proviene desde el Estado que posee calificación de inversión lo que hace que la rentabilidad exigida por los inversores sea menor, disminuyendo los costos de capital.

Entre tanto los flujos de caja generados por los proyectos deben ser administrados a través de un encargo fiduciario que hace los pagos de rentabilidad y abonos de capital al banco de bonos, quien a su vez paga a los tenedores de bonos los cupones correspondientes, y los pagos de capital en las fechas programadas de vencimiento del capital.

Finalmente, también se puede acudir al segundo mercado para la emisión de bonos de deuda, según el decreto 1019 de mayo de 2014 las emisiones realizadas en este mercado no requieren de calificación por parte de las agencias de riesgo, sin embargo existirá la restricción de que los Fondos de Pensiones no podrán comprar este tipo de activos, lo que restringirá un poco su demanda entre los agentes mayoristas limitándose a los inversores profesionales, Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado.
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