Un país por hacer

Algunos consideran que la condición para ser país es tener gobernabilidad política (y en eso se ha concentrado el gobierno actual), y con eso se dan por satisfechos.

Pero para otros no es viable aquel donde las desigualdades son crecientes; otros lo que ven como requisito es que sea capaz de movilizar los recursos necesarios para financiar lo que el Estado necesita; y en tal sentido lo más importante es que el Estado pueda cumplir la obligación de garantizar los derechos de la población y responder por los deberes que contrae ante ella. En ese sentido el que estén pendientes –se entiende que porque el orden existente no es aceptable– las Reformas a la Salud, a la Educación, a las Pensiones, el Estatuto Orgánico del Trabajo que ordena la Constitución para atender el empleo, sería suficiente argumento para pensar que el país está por hacer.

Pero más esencial aún es que no puede existir una comunidad organizada sin reglas del juego e instituciones; entre ellas, y hasta cierto punto la más importante, los mecanismos de resolución de conflictos. Lo natural es que a falta de instrumentos consensuados para dirimir las diferencias –inevitables en cualquier relación humana– lo que imperará será la violencia, la anarquía y la imposición del orden por el abuso y la fuerza.

Para que un Estado a su turno funcione y sobreviva en forma armónica, parte de las reglas del juego tienen que ser las que regulan que grupos de intereses diferentes se confronten permitiendo tomar decisiones que involucran a toda la comunidad. La solución más aceptada es que esto se logra alrededor de grupos organizados y por eso la democracia juega a que se fortalezcan y se formalicen los partidos políticos. Ante lo que estamos viviendo es evidente que eso es parte del país por hacer; no se puede hablar de partidos cuando todos están fragmentados, sin ideología ni organización, y lo que más se destaca en esta época es la falta de identidad y de disciplina que los caracteriza.

Al respecto, la violación a los estatutos del Partido Liberal, el desconocimiento de los pronunciamientos de su Tribunal de Garantías, y el vacío que aparentemente en forma deliberada han dejado el Consejo Electoral y el Consejo de Estado, muestran lo poco institucional que son los partidos; la presidencia de la Cámara para Simón Gaviria muestra hasta dónde aprovecharse de esa falta de institucionalidad produce réditos; y el camino de Roy Barreras, cambiando no solo de partidos sino de lealtades, prueba hasta dónde también a título personal se logran éxitos en base a la ausencia de controles y de organización en las reglas de la política.

Que las cabezas de Congreso sean nacidas de esa falta de verdadera importancia de los partidos, y que con estos se pretenda que existe una ‘Unidad Nacional’ nos distancia de una verdadera estructura de funcionamiento democrático a través de agrupaciones que representen los intereses de los asociados, pero también crea las fracturas sociales que se ven con la forma en que se descalifica la oposición (v.gr. la Marcha Patriótica) y el sinnúmero de protestas que acuden a las vías de hecho para hacerse sentir.

Dentro de este panorama de falta de orden político que funcione y se respete, se puede hasta presentar algo tan impresentable como la propuesta de que Álvaro Uribe se candidatice para la vicepresidencia y así intente llegar a Presidente por la puerta de atrás.?Pero mucho más grave que la anarquía en el juego político es el estado en que se encuentra el mecanismo por excelencia para permitir la convivencia armónica y pacífica como es la Administración de Justicia.

Que ‘Excelencia de la Justicia’ hasta ahora se pronuncie declarando que el sistema penal oral fracasó es apenas una constatación tardía. El citar las cifras de represamiento de los procesos es poco lo que dice, excepto que vamos muy mal. Más significativo puede ser que de esos más de 60% de quienes están en las cárceles lo están sin sentencia; o la desproporción de quien paga por un delito menor muchos años más que por las atrocidades cometidas por los acogidos a la famosa Ley de Justicia y Paz; y que hoy, después de siete años de expedida, solo se hayan producido dos sentencias y solo cobijan a tres de los 34.000 desmovilizados bajo ella; o la forma en que se violan los Derechos Humanos de quienes pagan prisión (y no solo de los que Piedad Córdoba incluye como prisioneros políticos).

No menos aterra, a quienes pretenden ser objetivos al ver la realidad del país, la forma en que el poder judicial se volvió instrumento de las confrontaciones políticas. Lo que debería ser el máximo honor que se otorga a una persona al reconocer y delegar en ella la capacidad de pronunciarse en forma justa ante una situación conflictiva o un hecho delictivo, se convirtió entre nosotros en una especie de velación de armas para que, una vez posesionado, desde cualquier cargo de la judicatura o de los órganos de control se lance a la lucha por defender convicciones personales usando su poder contra quienes no se someten a ellas.

La costumbre de nunca cuestionar una política sino a quien la desarrolla lleva a personalizar los ataques sin debatir la esencia de los problemas. Eso sucede con varias de las políticas del anterior gobierno (v. gr. el AIS o la estructura de la Oficina de Estupefacientes), pero además abre la posibilidad a la ‘ley de la compensación’ en la que quien juzga o controla considera que el desarrollarlas fue un abuso, y en consecuencia la ‘estricta neutralidad’ consiste en ser ‘duro’ con quien antes así ha actuado.

Que esté cuasi paralizada la administración pública es apenas normal cuando todo funcionario hoy teme que se le aplicará la presunción de que llegar a un cargo no es por espíritu de servicio sino como una forma de beneficiarse del puesto.

Lo anterior, unido al reconocimiento de que el nuevo sistema penal acusatorio no dio los frutos esperados, hace que la Reforma a la Justicia sea la primera prioridad que deberíamos concretar para tener alguna expectativa de salir adelante.

Sin embargo, nos encontramos con que esta, en vez de orientarse a resolver la manera en que ello afecta a la población en general y al ciudadano ordinario que padece estas deficiencias, se desvió a un debate sobre lo que corresponde más a una Reforma Política, como son las relaciones entre los poderes o el fuero militar.

Y qué decir de la actual propuesta de una supuesta ‘justicia transicional’ que, sin que haya transición ni se toque para nada las verdaderas razones del conflicto, pretende que los requisitos para llegar a la paz social y el vacío y las fallas de la Administración de Justicia pueden sustituirse por un pacto que, sin dar solución a ninguno de estos dos problemas, autorice un tratamiento privilegiado para la guerrilla –similar a la Ley de Justicia y Paz para el paramilitarismo (con los resultados conocidos de Bacrim, impunidad, etc.)–.

Un país no se hace con viviendas regaladas ni con el modelo contrario de gabelas a la inversión extranjera para que se beneficien de nuestros recursos… lo que se requiere para construir país es menos manejo mediático y más seriedad de los gobiernos.