| 8/15/2012 6:00:00 PM

Un artículo interesante

La meritocracia es positiva como instrumento de movilidad social y para optimizar el uso del recurso humano. Pero entendida como un derecho derivado de los méritos personales pierde el sentido de deber y obligación, y no tiene razón de ser en el sector público.

Salió en el Herald Tribune un artículo que se podría calificar –sobre todo entre nosotros– de ‘políticamente incorrecto’, en el sentido de no ser de buen recibo a primera vista.

Trata el tema de la decadencia de la moralidad y las costumbres en la actividad pública, pero desde un enfoque que podríamos denominar sociológico: plantea que lo que se podría considerar ‘aristocrático’ –en el sentido de gobierno de una élite privilegiada– no tiende a caer en ese defecto, mientras que a la llamada ‘meritocracia’, por el contrario, le es inherente.

La explicación asume como antecedente que la evolución histórica de las democracias es paralela al incremento de la corrupción política, y que eso es lo que estamos viviendo en el mundo.

La época en que los gobernantes lo eran por herencia de familias privilegiadas no estaba ausente de casos en que la ambición personal prevalecía sobre la responsabilidad que les recaía como herederos institucionales del poder; pero los altos cargos del Estado los asumían naturalmente los miembros de las familias de la nobleza o de las altas castas, lo cual en principio hacía que no fuera a través de esa actividad que buscaran importancia social o riqueza. Y quienes como validos de los poderosos lograban algún protagonismo, lo ejercían transitoriamente, hasta que caían en desgracia ante quien los promovía.

En sus inicios, el modelo democrático lo que permitió fue la formación de líderes que en defensa de sectores no dueños del poder accedieran a él. El sistema electoral llevaba a escoger voceros de intereses de grupos que antes no participaban de las decisiones de Estado.

En alguna forma se continuó bajo lo que con el nombre de democracia era más propiamente una oligarquía; es decir, el gobierno de unos pocos que con suficiente holgura económica tenían la posibilidad de adquirir una mayor formación, y su dedicación a la vida pública nacía mas de convicciones y en alguna forma de un altruismo que los comprometía con el servicio del interés general. Tampoco buscaban estos promoción social o fortuna, puesto que la tenían.

La ampliación del voto –tanto al volverlo más universal como al dominar un espectro mayor de cargos– abrió un universo nuevo en el que en teoría la lucha es por ver quién representa mejor esos intereses.

Pero la meritocracia no se fundamenta en la identificación del individuo con unos u otros intereses, sino en las capacidades personales para alcanzar un cargo. No es asumido como un contrato, un mandato a cumplir, sino como un logro, un premio merecido por las calificaciones personales. Se traslada lo idóneo en cuanto a la función que cumple para el bien colectivo a lo que merece como persona.

La palabra misma tiene implícito el enfoque de recompensa, pero además siendo esta el acceso al poder. Se convierte en competencia por el poder y no por la oportunidad de servir.
La meritocracia es positiva como instrumento de movilidad social y para optimizar el uso del recurso humano; por eso cumple apropiadamente su objetivo en la actividad privada. Pero entendida como un derecho derivado de los méritos personales pierde el sentido de deber y obligación, y no tiene razón de ser en el sector público.

El estímulo mismo se vuelve contrario al propósito, puesto que a lo que se responde es a la ambición del individuo que es la contraparte del interés general. Se conforman roscas con el objetivo de usarse unos a otros de plataforma y no de atender los problemas de las colectividades. Y lógicamente esas roscas tienden a impedir que otros las desplacen. Es la paradoja de la meritocracia que no reconoce que por su carácter es elitista, o sea antidemocrático.

La mejor capacidad para producir resultados no es garantía de utilidad para la comunidad si no se acompaña de la exigencia, como condición que la complemente, de igual vocación para cumplir una función social.

No se trata de eliminar este instrumento de selección para los cargos públicos sino de no confundir lo que la palabra implica y lo que con él se busca; el peligro es que, al no incluir el requisito vocacional de servicio público, se convierta la nominación de funcionarios en una forma de poner el Estado al servicio de los escogidos en vez de que estos se vean y sean vistos como sus servidores.
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