Tranquilidad y Malabares

Desde la expedición de la Ley 819 de 2003 sobre transparencia fiscal, el gobierno nacional publica en el mes de junio, para beneficio del debate presupuestal que arranca en julio, el llamado Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), cuya edición 2012 acaba de salir del horno.

En la visión consignada por el Gobierno en el documento fiscal más importante que publica, la deuda pública neta, que llegó a superar el 45% del PIB al comenzar el milenio, en las épocas oscuras del ‘Estado Fallido’, llegaría a 7,2% en 2023. Esta drástica reducción ocurriría en un contexto de buen crecimiento (4,8% anual) y enorme estabilidad tributaria –en el mediano plazo, de hecho, el recaudo sería inferior, como proporción del producto, al observado actualmente–. El panorama, dice el Gobierno, no se modifica sustantivamente de cara a perturbaciones importantes en crecimiento, tasas de interés ni saldo fiscal. En un escenario que define como “shock severo” la deuda neta quedaría representando 13% del PIB en 2023, cifra que, en cualquier caso, equivale a la mitad de lo que observamos hoy.

Este halagüeño escenario tampoco se verá afectado, argumenta el Gobierno, por la amenaza de deudas no incluidas en la medición anterior; es decir, asuntos como las pensiones sin fondeo que están a cargo del Fisco, las posibles contingencias por demandas contra la Nación o los posibles siniestros que el Estado asegura contractualmente. La carga pensional en cabeza del Estado está bajo control y, salvo un exabrupto impensable, las contingencias legales son fiscalmente manejables sin mayor problema.

En gran síntesis, pues, el panorama fiscal de mediano plazo que pinta el Gobierno es altamente favorable y contrasta, por decir algo, respecto del último escenario de mediano plazo publicado por la oficina presupuestal del Congreso de Estados Unidos (CBO), en el cual queda claro que la deuda se podría elevar, en el escenario enteramente realista de continuidad en las políticas actualmente vigentes, de 73% del PIB en 2012, a 93% en 2022.

Yo creo que este resultado merece dos discusiones de política pública, una estructural y la otra coyuntural. La primera, acerca de los méritos de reducir la deuda a niveles tan bajos. La segunda, acerca de la reforma tributaria que el Gobierno ha anunciado reiterativamente y que explica, nuevamente, en el documento de marras.

Es obvio que reducir la deuda pública implica un costo de oportunidad, por ejemplo, en materia de infraestructura. Me parece que, partiendo de las enormes carencias que tenemos en carreteras, puertos, escuelas y hospitales, el costo de oportunidad de bajar la deuda financiera y dejar intacta la deuda que les debemos a nuestros hijos y nietos en materia de infraestructura, es enorme y merece cuestionamiento. A la luz de un panorama fiscal tan favorable, conviene un debate serio sobre la posibilidad de meterle, digamos, 20% del PIB adicional al sector en los próximos pocos años.

En segundo lugar, como el ajuste esbozado por el Gobierno se va a producir sin aumentos en la carga tributaria, es consistente decir que la eventual reforma no busca mayor recaudo, sino afinar la estética de un estatuto que, sin duda, es todo un esperpento en mora de liposucción. La pregunta es si la actual coyuntura es el escenario adecuado para emprender esta loable cirugía. Al fin y al cabo, la economía está dando un giro rápido hacia la debilidad, como lo demuestra el práctico estancamiento observado en el primer trimestre y el deterioro manifiesto en países emergentes, como Brasil, cuyas dinámicas suelen anticipar los vientos externos que han de soplarnos al minuto y medio. En el contexto de la voltereta adversa que sugieren las cifras, conviene enviar una señal clara de estabilidad normativa que complemente el mensaje de tranquilidad fiscal que acaba de hacerse. Resultaría muy conveniente para el país seguirle el consejo al Dr. Óscar Iván Zuluaga y anunciar que, hasta que no se conozca el desenlace del complejo malabar en curso, no habrá reforma alguna.