Revista Dinero

Ruth Stella Correa Palacio, ministra de Justicia y del Derecho.

| 4/10/2013 11:00:00 AM

Nuestro anhelo: justicia eficaz, transparente y competitiva

Sorprendió una mujer hace algunas semanas cuando en medio de un auditorio lleno de empresarios de Pereira les dijo: “La cárcel para mí fue el paraíso”. Myriam Ortega, de 34 años, quedó en libertad después de pagar una sentencia de 10 años por homicidio. Opinión de Ruth Stella Correa.

por Ruth Stella Correa Palacio, ministra de Justicia y del Derecho.

Ella, que prácticamente estrenó los programas de resocialización de la cárcel de mujeres La Badea, en la capital de Risaralda, logró entre muros sacar adelante el bachillerato, hizo carrera técnica de confección con el SENA y dos semestres de regencia de farmacia. Cuando pisó la calle recibió una oferta laboral que permitió que ahora ella pueda sostener y vivir con sus tres hijos.

Esto no es solo una historia de vida. Lo que ocurre La Badea, -donde cientos de mujeres son capacitadas en confección de ropa y trabajan como mano de obra textil, entre otras actividades productivas-, es un ejemplo exitoso de los programas de trabajo y educación que tiene el Inpec en todo el país.

Las personas privadas de la libertad pueden ser una nueva fuerza laboral en el país. El Ministerio de Justicia y del Derecho cree en ello y de ahí el impulso que se le está imprimiendo a los programas de capacitación y formación dentro de las cárceles, como el enfoque humano y práctico con el que debe asumirse el proceso de resocialización dentro del sistema penitenciario.

Pero no es una tarea en la que sean suficientes los buenos propósitos del Gobierno Nacional. La construcción de un país moderno y más justo, también requiere en este sentido de la participación y el convencimiento de la empresa privada y de los gremios económicos, de que Colombia debe seguir siendo un territorio de oportunidades para todos, incluso para quienes en algún momento se equivocaron y ocasionaron algún daño a la sociedad.

Una gran oportunidad

Queremos ser ejemplo de resocialización y disminuir los porcentajes de reincidencia. En una década, según un estudio de la Universidad de los Andes, Colombia aumentó en un 81 por ciento (14.689 casos en el 2012) el porcentaje de personas que regresaron a prisión por volver a delinquir. Sin embargo, casos como el de la señora Osorio, llevan a creer que no estamos arando en el mar.

Un interno que ocupa su tiempo en un proyecto productivo de vida es una persona que le está sirviendo a la sociedad y que el Estado le está arrebatando a la actividad criminal. En el aprendizaje y desarrollo de un arte, oficio o habilidad está la gran apuesta que pueden hacer los internos para darle un giro a su vida. Y al ser el mayor porcentaje de internos en el país población joven que oscila entre los 18 y 30 años, hay en las cárceles una oportunidad para que la industria y el comercio se beneficien con las aptitudes de quienes quieren reconciliarse con la sociedad.

De replicarse casos como estos con el suficiente éxito en los 142 penales del país, Colombia podría contar con más de 70 mil personas como mano de obra calificada, el equivalente a la totalidad de la población reclusa condenada del país.

El interno debe dejar de ser un sujeto pasivo de la resocialización para convertirse en el responsable de su proceso de reinserción social. Los factores que determinan los fines y funciones de la pena deben operar de manera sincronizada y armónica, por ello la sola reclusión debe ir acompañada de la garantía de reincorporar a quienes han cumplido su condena a la sociedad.

Hay un reto, el de que los procesos de formación laboral y de actividades de resocialización se extiendan, incluso al círculo familiar de los internos. Las personas privadas de la libertad tienen que ser protagonistas de un proceso de transformación social que va desde el individuo hacia su primer entorno, su familia.

El año pasado, las reclusas que trabajaron en el salón de máquinas de coser de La Badea, percibieron en salario más de 87 millones de pesos y ni la misma DIAN, que concede beneficios tributarios las empresas que contratan, podía creer tal porcentaje de producción de no ser por los debidos soportes.

Actualmente, la Ley 65 de 1993 concede incentivos tributarios a las empresas que contraten el trabajo de la población reclusa. Quienes le han apostado a este reto, se han encontrado en la mayoría de los caso con persona disponible, una excelente mano de obra (por la dedicación exclusiva al trabajo, sin afán de cumplir horarios) y con los beneficios tributarios, que pueden ir hasta la exoneración de impuestos.

Un gran capítulo de la propuesta del Código Penitenciario y Carcelario que presentamos al Congreso, apunta a facilitar los convenios con la empresa privada para que se vinculen activamente en estos planes de resocialización. Estos programas de trabajo, que de aceptarse la propuesta serían coordinados por el Ministerio de Trabajo y el Inpec, tienen como reto favorecer a todas las personas condenadas que deseen realizarlos. Actualmente, solo 31 mil internos, de los más de 70 mil condenados que permanecen recluidos en el país, participan en actividades de formación para el trabajo, proyectos productivos y ambientales.

Estos beneficios también se manifiestan en oportunidades laborales dirigidas a los que recobran la libertad luego de cumplir su condena. Este año, tres personas que cumplieron su pena fueron contratadas por organizaciones que trabajan para la rehabilitación de adictos a las drogas. Ellos se rehabilitaron e hicieron carrera en las comunidades terapéuticas que funcionan en las cárceles. Hay 13 en todo el país.

Una justicia restaurativa

También se prepara una gran apuesta hacia la educación, la disciplina, la formación espiritual, y sobre todo a la justicia restaurativa. Tiene que llegar el día en el que Colombia, un país que va adelante con un proceso de paz con los paramilitares y que ahora negocia el fin del conflicto con las Farc, haga de la satisfacción de los intereses de las víctimas, el restablecimiento de la paz social, y de la reincorporación del infractor a la comunidad, una prioridad en cualquier escenario.

El desafío de la educación aún está latente, sin embargo, existen algunos terrenos ya abonados: en la cárcel de Pereira se encuentra Claudia Mónica Morales, quien estando recluida presentó las pruebas del Icfes y obtuvo el mejor puntaje en todo el municipio de Dosquebradas (Risaralda). Como ella, hay ejemplos exitosos que hoy permiten que 1.218 internos se dediquen a darles clase y alfabetizar a otros reclusos; incluso, a estudiantes de diferentes colegios que aprenden de voz de los protagonistas que ‘delinquir no paga’.

Quiero invitar a las empresas industriales y comerciantes del país a que inviertan en los proyectos de resocialización de los establecimientos de reclusión, puesto que representan una ganancia para todos: las cárceles dejan de ser focos de criminalidad; el país adquiere una fuerza de trabajo capacitada, dedicada y multitudinaria, y cada uno de los internos que logre un proceso exitoso de resocialización, no solo cambia radicalmente su vida si no el rumbo de la sociedad. La construcción de país también adquiere en este sentido la participación y el convencimiento de la empresa privada y de los gremios económicos de que Colombia debe seguir siendo un territorio de oportunidades para todos, incluso para quienes se equivocaron y ocasionaron un daño a la sociedad.


*Artículo publicado en la edición No. 239 de la Revista de la Andi. Sección Jurídica.
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